La gobernadora María Eugenia Vidal busca poner su agenda de gobierno en marcha y para eso necesita del trabajo de la Legislatura. Este jueves la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) del Senado provincial tuvo su primer encuentro para discutir el proyecto del Ejecutivo que obliga a los funcionarios a presentar las declaraciones juradas. Hubo un despacho y la semana que viene seguirán las conversaciones. Es que la discusión pasa por quién es la autoridad de aplicación. Además el peronismo y el massismo reclamaron que los jueces también sean incluidos y darle ruedo nuevamente al proyecto de Ley de Ética Pública, que tuvo media sanción durante la gestión de Gabriel Mariotto al frente de la Cámara pero que perdió estado parlamentario en Diputados.
En la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que este jueves se desarrolló en el Salón Dorado de la cámara de Senadores; el oficialismo anotó uno a uno los pedidos de la oposición para acompañar el proyecto que crea el régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes del sector público de la provincia de Buenos Aires. Es que desde Cambiemos quieren llegar a la sesión próxima con el despacho de mayoría que les de el respaldo suficiente para que la inciativa sea tratada y aprobada. Para eso deben negociar.
Según supo Letra P, los bloques Justicialista y Frente para la Victoria -que tienen entre ambas bancadas cinco representantes en ACA- quieren también reflotar el proyecto de Ley de Ética Pública que ya había sido sancionado en la Cámara alta durante los días de Mariotto como vicegobernador. Si bien el número de legisladores del peronismo/kirchnerismo no es significativo en la Comisión también apareció la presión del Frente Renovador para cambiar algunas cosas a lo redactado por el equipo de Vidal
El massismo reclamó que en la iniciativa original del Ejecutivo sea obligatorio también que los jueces y legisladores presentes su declaración jurada. En el proyecto que mandó Vidal al Senado sólo se “invitaba” a los representantes del poder judicial y legislativo a adherir a la norma, sin obligación. Ese cambio se aceptó por parte del oficialismo.
"Queremos ampliar la autoridad de aplicación, el proyecto sólo dice que es la Escribanía General de Gobierno y creemos que tiene que haber más organismo interviniendo", le explicó un senador de la oposición que integra la Comisión a este medio.
El próximo miércoles seguirá la discusión para ver cómo se articula el pedido para introducir la Ley de Ética Pública.La orden fue incluir la cantidad cambios que sean necesarios para tener el mayor acompañamiento posible y no trabarse en la discusión legislativa tal como pasó durante el debate del Presupuesto bonaerense.
