El canje de publicidad estatal por impuestos que el presidente Mauricio Macri siempre le criticó a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a tener vigencia bajo la firma del flamante jefe del Estado, que prorrogó en febrero las facilidades para que las distintas empresas de medios puedan adherirse a un régimen que Cambiemos había considerado "escandaloso".
Por caso, la nueva decisión presidencial le permite al diario La Nación canejar por avisos la deuda que mantiene con el Estado por más de 400 millones de pesos, mientras la misma administración sobreactúa –con ayuda de ese periódico- su presión impositiva sobre el empresario Cristóbal López.
En esta nota, una cronología de presuntas revelaciones y detalles legales que permiten comprender cómo el macrismo demoró cien días en cambiar de opinión para beneficiar a los medios aliados con la pauta y olvidarse de las críticas contra la misma medida que implementaba el gobierno saliente.
TODO MAL. "Si usamos la pauta que tenemos por cobrar por los canjes que dejó Cristina, podríamos tener un suplemento amarillo en casi todos los medios y una vez por semana", exagera un funcionario antes de entrar a una oficina contigua al despacho que tiene el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, dentro de la Casa Rosada. El hombre asegura que no bromea ni exagera. Dice que es solo el comienzo de un novelón que arrancó hace menos de dos meses, cuando Mauricio Macri no llevaba más de dos semanas al frente del Gobierno y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, discutió con los miembros de la Asociación Federal de Editores de la República Argentina. El encuentro, dicen, fue traumático: Grecco echó de sus oficinas a la cámara que reúne a empresarios como los hermanos Olmos (Grupo Crónica), Jorge Fascetto (Diario Popular) y el actualmente innombrable Sergio Szpolski, autodenominado "ex dueño" del Grupo 23 y en estos días señalado por un escándalo de vaciamiento de las empresas que controló también con Matías Garfunkel y con el ex vicerector de la UBA y ex señor 8 de la SIDE de Fernando De la Rúa, Darío Richarte, además del auditor de la Nación Javier Fernandez.
El escándalo de Szpolski, uno de los principales impulsores de esa cámara empresaria, es una mácula que se extiende como una mancha de aceite en el agua para todos sus ex competidores. Los conflictos sindicales que rodean a todas las empresas que vendió, o intentó vender, son un problema que empeora con el correr de los días y que también involucra al Gobierno nacional, especialmente por la discrecionalidad que generó el novelón inicial que Grecco protagonizó casi a los gritos con un enfurecido grupo de empresarios. La pelea fue, en diciembre, el primer anticipo de un plan de ajuste decidido por Peña para esas empresas mediante el achicamiento drástico de la pauta oficial y de la utilización de los enormes saldos a favor del Estado por canjes de deudas impositivas a cambio de publicidad.
El canje de deuda por avisos en prensa escrita, radial y televisiva incluye deudas previsionales, como los aportes jubilatorios de todos sus trabajadores, el IVA, multas de todo tipo y otros beneficios que vencieron en noviembre de 2015. En el caso de los aportes jubilatorios de los empleados, que fueron retenidos por estas empresas y transformados en pauta, dentro de la ANSeS cuentan que en muchos casos hay dos operaciones a favor de estos medios: la ejecución del canje de impuestos por pauta y la contratación paralela de avisos pagados en efectivo. Todos esos beneficios, hasta los días del portazo de Grecco a los empresarios deudores, iban a ser utilizados por la administración de Macri para promover un amplio descrédito sobre los medios y empresas periodísticas que estaban en la mira y que, en muchos casos, son llamados "medios K", especialmente por los medios controlados por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, los dos empresarios que suman una larga data de beneficios, pero que no adhirieron al famoso decreto 852/14, rubricado por CFK para reanudar un "régimen de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, mediante la dación en pago de espacios publicitarios o la utilización de servicios conexos, para los titulares de medios de comunicación y/o de productoras de contenidos audiovisuales". Fue la reedición de otro, más amplio, promovido en 2009.
LAS DEUDAS DEL SEÑOR LÓPEZ. La tensión por las deudas de todas esas empresas con el fisco pasó prácticamente inadvertida en el verano de los primeros cien dias de Macri en el poder. Todo lo contrario al perdón fiscal, también firmado por CFK, que estalló en un escándalo hace 15 días, cuando La Nación reveló que la empresa Oil, del empresario de Cristóbal López, le debe a la AFIP años y años de impuesto a los combustibles. Según contó ese diario hace 15 días, la expendedora de nafta del Grupo Indalo le debe al fisco 8.000 millones de pesos que, en vez de pagar, habría utilizado para invertir en medios y para sanear sus cuentas. El waiver, excesivo según La Nación, tiene un antecedente en diciembre de 2001, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa firmó un decreto por el que instituyó un régimen de beneficios fiscales que les permitía a las empresas quedarse con las contribuciones patronales de sus respectivos empleados como crédito fiscal en el IVA. Eduardo Duhalde, antes de renunciar a la presidencia provisional, derogó el régimen en 2003 pero extendió una prórroga especial hasta julio de ese año para dos actividades: transporte automotor y empresas de medios.
La Nación nunca se acogió a las prórrogas ni a los beneficios. Actualmente, su deuda llega a los 400 millones de pesos en contra de los Saguier y a favor del Estado, dentro de un litigio que ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
LA AYUDITA PARA LOS AMIGOS. La data que tuvo La Nación, y que habría acelerado la división del Grupo Indalo y la crisis de su sector de medios, fue publicada cinco días después de la puntada final de otro beneficio fiscal para empresas de medios que no salió ni en La Nación ni en Clarín, y que lleva la firma de Macri desde el 15 de febrero pasado, cuando extendió los plazos del canje por impuestos hasta el 31 de marzo. Tres semanas después de ese decreto, y cinco días antes del cimbronazo para Indalo, Marcos Peña y el titular de la AFIP, Alberto Abad, publicaron en el Boletín Oficial la Resolución General 3833 y la Resolución 50/2016 para aplicar en los hechos la prórroga que ordenó Macri.
En esa decisión ejecutiva, Peña y Abad definen que podrán ser canjeados los "aportes y contribuciones de la seguridad social", previstos por la ley 24.241; los "aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", establecidos por la ley 19.032; los que tienen "destino al Fondo Solidario de Redistribución", de acuerdo a la norma 23.661; las "contribuciones a los subsistemas de Asignaciones Familiares", comprendidos en la ley 24.714 y, finalmente, los pagos que van al "Fondo Nacional de Empleo", determinados por la norma 24.013. El único que advirtió la publicación de ambas prórrogas y ventajas fue el experto Martín Becerra, que publicó en su blog, Quipu, el post "Socorro estatal a los medios con deudas". En esa nota esclarecedora, Becerra no deja dudas sobre el alcance de la decisión de Macri de prolongar, y perfeccionar, el mecanismo de canje que había dejado CFK. "También están comprendidas las multas y los cargos aduaneros impagos, así como los gravámenes a los que, en concepto de explotación de licencias por uso de recursos públicos como el espectro, están obligados los medios audiovisuales por aire. Los beneficiarios de este socorro económico podrán también computar las multas por infracciones cometidas contra la normativa vigente (leyes 22285/1890 de radiodifusión y 26522/2009 de servicios de comunicación audiovisual)", dos ventajas que están directamente orientadas a alivianar, financiar y canjear el cúmulo de multas que empresas del Grupo Clarin le deben al fisco, especialmente por la ley de medios.
"De este modo -agrega Becerra- el Estado sigue canjeando por publicidad oficial deudas impositivas y previsionales a las empresas de medios. Con ello, el Estado los socorre económicamente: se trata de deuda privada que es asumida por el Estado. Es decir, un pasivo que es transferido a toda la sociedad. Es, en rigor, deuda privada que se socializa. Además de la deuda, la cancelación incluye generosamente a los intereses -resarcitorios y punitorios-", alerta Becerra.
En los decretos, no hay ningún elemento que contradiga al especialista. De hecho, de la lectura de las resoluciones que firmaron Peña y Abad (que serán ejecutadas por Grecco), se pueden advertir algunos detalles particulares. "No podrán incorporarse al presente régimen las deudas incluidas en planes de facilidades de pago vigentes, los anticipos y pagos a cuenta, ni aquellas deudas que se encuentren incluidas en el régimen de dación en pago previsto en el Decreto N° 1.145 del 31 de agosto de 2009". Ese decreto fue firmado por CFK, luego de permitir convenios de deudas fiscales por publicidad a favor de La Gaceta de Tucumán, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Telefe y América TV. Los canjes fueron firmados por Cristina el 27 de mayo de 2009: casi todas eran deudas similares a los casi 400 millones que debe S.A. La Nación, pero el diario de los Saguier no adhirió a la ventana que duró un semestre para ajustarse a la moratoria con la posibilidad de pagar en 120 cuotas el total de la deuda sin los intereses caducos. De ese modo, el Grupo Clarín "regularizó deudas por 198 millones de pesos; el grupo Manzano-Vila por 134 millones de pesos; Canal 9 por 24 millones y Telecentro por dos millones de pesos", informó en aquel momento la agencia Télam.
De acuerdo al nuevo decreto que firmaron Peña y Abad, esas empresas que consiguieron esas ventajas no pueden adherirse ahora. Sin embargo, la empresa de medios que no usó aquella posibilidad de 2009 es La Nación, que ahora encaja perfecto en el nuevo plan, pero que también continúa beneficiada por la cautelar que respaldó la Corte. Gracias al nuevo permiso, Saguier podría saldar la deuda que data de 2001 y pagarla con publicidad. Si La Nación se acoge al beneficio, habrá terminado el litigio que los Saguier recurrieron por casi 15 años hasta empujar el expediente a la Corte con el fin de ganar tiempo hasta que hubiera una solución política. El futuro soñado parece haber llegado para el diario centenario.
Otra reforma al mecanismo de canje que Macri dice criticar en público, pero prorrogó en privado, incluye a "los sujetos titulares de sitios web y ediciones periodísticas digitales de información en línea", que reclama requisitos para sobre la inscripción de los dominios, aunque "en el supuesto de que el contribuyente no contara con lo solicitado", el área a cargo de Grecco "podrá verificar que se trate de alguno de los sujetos comprendidos, por otros medios que entienda suficientes a tal fin".
Los "entrepreneurs" de la web, que registran un fuerte incremento de la publicidad oficial, y que ya vienen acumulando sendos favores del Gobierno porteño, podrían interpretar el nuevo decreto para incluir el Impuesto a las Ganancias, un gravamen que, dado el vasto inventario de obligaciones fiscales canjeables, también podría entrar en la volteada. Una discrecionalidad que incluye a amigos del Gobierno tan poderosos como La Nación, o en franco ascenso y desarrollo, como varios editores de medios digitales, cuyos patrimonios crecen mes a mes, con un volumen de tributo fiscal que ahora también sería canjeable por avisos. Todos ellos están bien lejos de caer en la desgracia de Cristóbal, que, luego de la revelación que lanzó La Nación, afronta una denuncia penal en su contra, presentada por Abad, el mismo que también firmó la resolución 3827 para sacar del "Régimen de Facilidades de pago de deudas con el Fisco" al impuesto a los combustibles.