El juez Rodolfo Canicoba Corral, con el apoyo de fuerzas de la Policía Federal y la asistencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, decidió la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyo líder es el sindicalista “favorito” de Cristina, Enrique Omar “el Caballo” Suárez.
La intervención estará a cargo de una diputada nacional de extrema confianza del presidente Mauricio Macri, la bonaerense Gladys González. Y también participarán del proceso Jorge Carlos Alonso, funcionario del Ministerio de Trabajo, y el abogado Santiago Viola.
González encabeza la intervención a pedido del Presidente. Es una de las funcionarias macristas de mayor confianza de Macri que representó al PRO en las elecciones municipales de Avellaneda y es una de las dirigentes de peso del partido en la tercera sección electoral.
La intervención abarca también a la obra social, a la fundación Azul y a otros emprendimientos encabezados por el dirigente gremial. La medida judicial avanzó producto de denuncias sobre extorsión radicadas por empresarios navieros y por parte de sus mismos compañeros de conducción del sindicato, que fueron expulsados del gremio por Suárez.
Los interventores comenzaron a actuar el jueves 18 de febrero y comunicaron que están realizando “las acciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de ambas instituciones”. Además, Canicoba señaló una serie de “objetivos” para terminar con “un conjunto de actividades ilegales que desde hace años se vendrían realizando. Todas actividades relacionadas con la labor gremial pero sin justificación y en perjuicio de diferentes empresas relacionadas con la navegación, en beneficio propio, en perjuicio de la entidad gremial y de los trabajadores que representan”, como señala el expediente judicial.
Por otra parte, el magistrado reclama “convocar a elecciones una vez que se hayan subsanado las irregularidades de la gestión”.
Desde la Comisión Interventora, afirmaron que garantizarán que se “inicie una etapa donde ninguna persona, escudándose en su función de dirigente sindical, pueda desarrollar actividades ilícitas en perjuicio de los trabajadores quienes deberán quedarse tranquilos en que tendrán todos sus beneficios garantizados y que no se continuará lesionando los derechos y garantías de los afiliados”.
Por último, los funcionarios designados acompañaron a Canicoba explicando que esta situación “no se podía prolongar más en el tiempo y se imponía la medida excepcional de intervenir judicialmente al sindicato tendiente a encauzar la vida institucional del Gremio y a afectos de evitar la comisión de otros ilícitos y el entorpecimiento de la investigación”.