A pesar de las múltiples gestiones de sus operadores judiciales, el candidato a presidente por Cambiemos, Mauricio Macri, llegará a la elección general del domingo procesado por supuestas escuchas ilegales que habría realizado la maquinaria de inteligencia del Gobierno de la Ciudad. El dato había estado ausente en la campaña, pero saltó inmediatamente como daño colateral de la denuncia que, por el mismo presunto delito, las diputadas macristas Patricia Bullrich y Laura Alonso realizaron contra la Casa Rosada.
En el año 2014, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral a todos los acusados pero excluyó al jefe de Gobierno por entender que no había evidencia suficiente en su contra. Macri creyó ver luz al final del túnel y se lanzó a pedir su sobreseimiento, que terminó rechazado por la Cámara Federal.
El voto que debía salvar a Macri en la Cámara era el de Eduardo Feiler, que es mentor de Casanello y que, junto al voto de Eduardo Farah, habrían logrado el sobreseimiento. Pero Freiler, que en un principio había elogiado la decisión de Casanello, luego hizo otra cosa y condicionó el sobreseimiento a una respuesta de una firma de seguridad estadounidense que debe explicar si alguna vez Macri contrató sus servicios. Recién hace un mes el pedido de información salió de la Cancillería. Recibir la respuesta puede tomar, con suerte, seis meses más.
Macri nunca encontró un interlocutor que pudiera cerrar este caso. Lo intentó el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que quiso influir sobre Freiler a través de su amigo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. No tuvo éxito. También jugó sus fichas el segundo candidato por Cambiemos a parlamentario del MERCOSUR, Fabián Rodríguez Simón, que propició el acercamiento al camarista Farah.
Macri siempre entendió que lograr el sobreseimiento era un tema prioritario y una necesidad antes de las elecciones para evitar comparaciones odiosas con el kirchnerismo. Comparaciones que casi siempre provienen de terceros espacios. Es raro que la cúpula del Pro se pronuncie sobre los principales escándalos judiciales. Motivos sobran. La cercanía del vicepresidente Amado Boudou con el jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, siempre fue un límite en el caso Ciccone, así como también ciertas actividades del mejor amigo de Macri, Nicolás Caputo, hicieron que la aspirante a vicepresidente, Gabriela Michetti, dejara de hablar del caso Lázaro Baez y la financiera La Rosadita.
