El representante de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, solicitará a tribunales que se fije una fecha para realizar la audiencia donde se dicten las primeras condenas de aquellos que fueron parte del caso denominado “Pentagate”.
Se espera que los primeros procesados en este caso sean los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como también el ex ejecutivo del grupo Hugo Bravo y un grupo de personas a las que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya les imputó diversas irregularidades tributarias.
Tras ese procedimiento, se espera que Gajardo proceda a aplicar cargos contra los candidatos que habrían recibido aportes irregulares de Penta mediante la emisión de boletas propias o de terceros por servicios no prestados, para financiar sus respectivas campañas electorales.
Los políticos involucrados serían los senadores de la ultra derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira y Ena Von Baer, el ex candidato UDI al Senado Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, el independiente Andrés Velasco y el actual ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, entre otros.
En este marco, se revelaron en el diario La Tercera diversos correos emitidos por los políticos involucrados en el caso y que la fiscalía incautó al grupo Penta.
Los correos que están siendo investigados por el fiscal Gajardo grafican comunicaciones entre los dueños del grupo Penta y varios candidatos, de comprobarse irregularidades en algunas de estas operaciones se podrían alegar infracciones a la ley electoral y posibles delitos tributarios, por omitir información en declaraciones tributarias.
El diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión que investiga el caso, Fidel Espinoza, señaló que “ha sido de los casos más graves de la política en los últimos 30 años, aquí se está demostrando que de manera fraudulenta un grupo de empresarios se coludió, para defraudar al Estado”.
“El financiamiento y aporte a las campañas que se hagan en el marco de la legalidad no tiene ningún problema, lo que hoy se está investigando por parte de la justicia son eventuales aportes ilegales que son aportes millonarios con recursos de todos los chilenos”, expresó y señaló que no se pueden permitir arreglos políticos entre La Moneda y la UDI, ya que “en Chile este es un delito que debe ser condenado como corresponde”.