Se sabe que dos empresas son las que realizan el servicio de acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires. Se sabe que esas dos firmas, Dakota y BRD, tienen el contrato vencido desde 2001 con el Gobierno porteño que, sistemáticamente, les fue otorgando prórrogas hasta la actualidad. Se sabe que pagan un canon mensual irrisorio: $30.000 (cada acarreo tiene un costo de $350 para el infractor).
Se sabe, aunque no es una información oficial, que Dakota y BRD participaron del concurso de ofertas para la licitación del estacionamiento medido en el 45% de las calles porteñas divididas en zonas, que comenzaría a regir el año próximo. Lo que no se sabe es que, como si fueran pocos los guiños del Gobierno, ambas empresas recibieron casi 97 millones de pesos entre 2008 y 2013 en diferentes pagos que salieron del Ministerio de Desarrollo Económico en concepto de “alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte”.
El tema desvela al PRO porque es uno de los fuertes cuestionamientos que recibe desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri. El ingeniero heredó el problema, pero en sus siete años de gobierno hizo poco para modificar la ecuación. La concesión fue entregada en 1991 por el ex intendente Carlos Grosso y expiró en 2001. Desde entonces, Dakota recibió prórrogas para continuar controlando los parquímetros en la zona norte; lo mismo ocurrió con BRD en la zona sur.
Hoy, la noticia es que el Ministerio de Transporte llamó a licitación para contratar alrededor de 2000 parquímetros multiespacio que serán colocados en los sitios comerciales de los barrios donde todavía no hay máquinas. Las empresas polémicas continúan en la escena y pugnarán por ganar la concesión de una de las cinco zonas en las que se repartirá el servicio (además habrá diez plazas de acarreo).
Pagos polémicos
Los pagos que realizó el Ministerio de Desarrollo Económico son curiosos pues son las empresas las que están obligadas a abonar un canon que, como se dijo, es notablemente inferior a los 97 millones de pesos que recibieron. La información, hasta aquí desconocida, surgió de un informe realizado por la Auditoria General de la Ciudad y del auditor general, Eduardo Epszteyn. El mismo, al que tuvo acceso Letra P, detalla que los pagos más elevados se efectuaron entre 2010 y 2013. En ese período BRD recibió $48.594.619 y Dakota, $46.185.936, lo que hace un total de $94.780.556. El resto fue entre 2008 y 2009. De acuerdo a las fechas, las partidas presupuestarias se asignaron después que comenzará la gestión de Mauricio Macri.
Las órdenes de pago se efectuaban todos los meses y en algunos casos más de un pago por mes. En el detalle fino se observa que durante 2010 Dakota recibió seis pagos por montos de entre $37.000 a $4.290.322; mientras que BRD tuvo cinco partidas que fueron desde los $77.000 a los $3.714.025. En 2011 la cartera del ministro Francisco Cabrera autorizó 20 pagos para Dakota (el más bajo de $4.632 y el más alto de $5.802.717) y 24 para BRD (de $82 y $6.048.626, respectivamente). En 2012 los pagos fueron 36 para ambas (tres por mes y con cifras que llegaron a superar los $4.000.000) y en 2013 Dakota recibió catorce y BRD, seis.
Toda la información figura en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y es parte de la información pública que el Gobierno de la Ciudad comparte en su página web. Mediante esas dos vías se pudieron obtener algunas de las órdenes de pagos efectuadas en el período mencionado. Por ejemplo, figura que el 3 de octubre de 2013 el Ministerio de Desarrollo Económico autorizó y emitió una partida correspondiente al período 08/2013 por $1.296.039 “para el beneficiario BRD en concepto de alquiler de maquinaria” (número/ejercicio: 227047/2013). También la orden de pago de $445.661 destinada a la misma empresa, autorizada y emitida el 2 de mayo de 2013, del período 12/2012–02/2013 y por el mismo concepto (número/ejercicio: 67756/2013).
Figuran, además, comprobantes de pago efectuados a Dakota que en octubre de 2013 recibió tres órdenes. El 2/10 se emitió la orden de pago presupuestaria número 225802/2013 por $1.297.922; el 26/10 la orden número 252751/2013 por $11.500; y el 31/10 el pago que llevó el número 256976/2013 por $23.500. El primero de ellos fue por alquiler de maquinaria; los otros dos, por alquiler de cocheras.
La explicación del Gobierno no alcanza para entender por qué dos empresas que están operando con irregularidades desde 2001 reciben dinero del Estado. La respuesta oficial es que la administración Macri se vio obligada a reconocer los mayores costos operativos salariales desde marzo de 2007 (obligada por el decreto 996/07) y para ese fin se destinó la mayor parte del dinero entregado a las empresas. Aunque la documentación es clara y menciona otros destinos.