La Sala I de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza le impidió al gobierno tomar cualquier tipo de deuda en nombre de la “ley de reconducción presupuestaria”, una modificación a la Ley de Contabilidad que el Gobierno encontró para poder endeudarse, pero le fue imposible conseguir los dos tercios de los votos para el Presupuesto 2014.
Esta decisión judicial le cierra al oficialismo la posibilidad de pedir prestados $1.300 millones en el circuito financiero.
Según informa el portal Mendoza On Line el radicalismo obtuvo ayer un triunfo político sobre Francisco Paco Pérez “logrando maniatar los gastos para hacer política del gobierno por lo menos hasta el año que viene”. Se destaca que “aún si el gobierno lograse que el tribunal reconsidere la decisión sobre la cautelar o que un pleno de la Suprema Corte apurase el fallo final, el daño estará hecho”.
Suspensión de pagos
Conocido el referido fallo, se consigna que “e gobernador en persona llamó por teléfono a los grandes proveedores del Estado, a empresarios de la obra pública con licitaciones en marcha y contratos firmados y a representantes y propietarios de medios de difusión, para comunicarles que a causa del fallo de la Corte se suspenderían todos los pagos del gobierno, salvo los del funcionamiento esencial diario de la administración, salud, seguridad y educación”.
En el sector económico empresario mendocino se especula con que “si pasadas las primeras semanas de julio el gobierno cumple con su advertencia, deja de pagar”.
La sorpresiva novedad -se especulaba con que un fallo después de la feria judicial- derivó en una reunión de urgencia entre Pérez y su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, en busca de diseñar un “plan de contingencia” para encarar los compromisos del segundo semestre.
Las conversaciones apuntaban a aplicar una reestructuración de los gastos, área por área, en pos de optimizar los recursos y esquivando hablar de medidas de ajuste. En esa línea, se avanzaba anoche por caso en la suspensión de las pautas publicitarias.