En febrero prometió que en el mes de junio gestionaría una visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para terminar de retirar a la Argentina de la lista de países que son monitoreados por el organismo multilateral, debido a que no cuentan con una legislación efectiva contra los delitos de lavado de dinero. José Sbatella, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), viajará a París la semana que viene con ese plan. Se juega una carta decisiva en un momento de debilidad dentro del Gobierno.
Sbatella confía en que el país ya ha realizado todo lo requerido por el organismo, incluso la sanción de la ley anti-terrorista que es objetada desde dentro del Gobierno. Los problemas que podría encontrar en Francia al momento de solicitar la visita, son casi todos políticos. Los evaluadores del GAFI no han pasado por alto la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou y las causas por supuesto lavado que afectan a empresarios cercanos al kirchnerismo.
Sbatella nunca logró cosechar adhesiones entre los jueces federales. Cada vez que el titular de la UIF presentó reformas, desde Comodoro Py le recordaron que estaba todo muy bien pero que en Argentina casi no hay sentencias por lavado de dinero y que la más resonante involucró a un verdulero. Según los jueces, todavía falta una legislación que les permita no solo ir tras los lavadores, sino también sobre el origen de los fondos.
Mientras la oposición lo fustiga cuando dice que solo investiga a opositores, desde el interior del Gobierno le endilgan cierta benevolencia en los procesos de la UIF contra los grandes bancos. El litigio del organismo es más bien tibio en los tribunales del fuero contencioso administrativo. Uno de sus críticos históricos es el senador Aníbal Fernández, que ya no lo quería cuando era jefe de Gabinete.
En realidad el justificativo de la mano blanda con las entidades bancarias podría encontrarse en una denuncia penal que la UCR presentó en mayo, cuando diputados de ese partido afirmaron que Sbatella le pedía a los bancos que no informen operaciones sospechosas de ciertas personas, en definitiva, un matrimonio por conveniencia.
El caso argentino no tendrá en París el protagonismo esperado desde el kirchnerismo, en parte porque la reunión viene con un aire enrarecido producto de la tensión que existe entre Estados Unidos y Rusia por la situación en Crimea.
Otros críticos del jefe de la oficina anti-lavado son los camporistas Norberto Berner (secretario de Comunicaciones) y Julián Álvarez (viceministro de Justicia). El primero de ellos cree que Sbatella operó con el diario La Nación para dar a conocer la desaparición de documentación vinculada al caso Ciccone y que se encontraba archivada en la Inspección General de Justicia (IGJ) que él conducía.
