Los 50 días de la Emergencia en Seguridad que dictó el gobernador Daniel Scioli expusieron el notable olvido de logros obtenidos por el impulso de diferentes organizaciones para que se respeten derechos individuales. Sólo hay que buscar en los archivos recientes las imágenes de personas con las manos contra colectivos en algunas localidades del Gran Buenos Aires para entender el nuevo estilo que se despliega, en un momento clave de la campaña al 2015.
El ministro Alejandro Granados anunció, en la resolución 642, que rehabilitará calabozos en dependencias policiales para darle mayor impulso a su pelea contra el delito. Luego de un relevamiento a cargo de la Subsecretaría de Logística Operativa y Superintendencia General de Policía, para asegurar “condiciones dignas de alojamiento, adecuada protección y garantía de los derechos humanos”, el plan del funcionario se hará realidad.
Según le comentaron a este portal desde la cartera bonaerense, es una determinación por la cantidad de procedimientos que generaron un número considerable de detenidos, algo que se explicó en dos oportunidades por informes distribuidos por el área de comunicación de esa dependencia, que en las primeras dos semanas anunció el esclarecimiento de 3.347 delitos.
Cuando se cumplieron 40 días, se informó sobre el accionar a favor de la nueva estrategia. En la forma que se esperaba, se notificó el secuestro de 1500 motos, la incautación de 67 armas y el esclarecimiento de 113 hechos. Todo eso provocó el envalentonamiento de Granados, quien se encargó de enviarle un mensaje a la burocracia policial junto al titular del ejecutivo, el día que presentó nuevos móviles para continuar el ambicioso proyecto plasmado en los Comandos de Patrullas Comunitarias (CPC), algo que es reconocido como la ante sala de las policías municipales.
Pero la nueva noticia no generó ninguna reacción positiva desde los espacios que conocen cómo viven las personas en situación de cárcel en las alcaidías. En los momentos que se hicieron públicos los procedimientos en algunas localidades del Conurbano, y el interior bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció las formas que hicieron recordar imágenes de los hechos más oscuros de nuestra historia.
“Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad” que promueve el control territorial de los sectores populares”. El mensaje, claro, le apuntaba al estilo político que despliega el sciolismo en un tema sensible.
Desde La Matanza, Pablo Pimentel, titular de la APDH, le advirtió a Letra P que la nueva determinación no hace más que reflejar una ideología alejada de las necesidades reales de los sectores más golpeados por la emergencia que anunció Scioli.
“Los métodos de endurecimiento, encarcelamiento y represión han fracasado constantemente. Si van a aplicar métodos ya probados, habla muy mal de la gestión política que sólo busca quedar bien con la ciudadanía que legítimamente reclama seguridad, pero endureciendo métodos que van en contra de acuerdos y pactos”, sostuvo el dirigente social del distrito en el que desapareció Luciano Arruga.
“Luciano, tres meses antes a su desaparición, había sido detenido en un destacamento que estaba habilitado como base operativa para el personal policial para darle seguridad. Lo detuvieron y lo esposaron a una ventana de una cocina”, explicó Pimentel.
El caso del joven desaparecido en el destacamento de Lomas de Mirador, en 2009, expone las causas de por qué las organizaciones se resisten a la nueva gestión. “El 80 por ciento de los presos son pobres, que viven en situaciones lamentables. Así, vamos hacia un destino incierto que va a empeorar la situación de inseguridad en el país”.
Lo cierto es que los espacios que impulsan el respeto de los Derechos Humanos advierten el “giro a la derecha” en materia de Seguridad Pública, algo planteado en el Salón de los Escudos por el diputado kirchnerista Marcelo Sain –uno de los impulsores de las fuerzas locales– provoca un quiebre que repercutirá en un futuro inmediato en las esferas más sensibles de la sociedad.
