“Los recientes casos de linchamiento (o las tentativas de tales) que vienen tomando estado público constituyen, por definición, ejecuciones sumarias y tumultuosas de personas sospechadas de cometer delitos, realizadas por grupos de particulares con ánimo de venganza (antes que de justicia, ni siquiera por mano propia)”, señalaron desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
Estos repetidos y resonantes actos de brutalidad criminal contradicen las normas más elementales de la convivencia social, resultando evidente que bajo ninguna circunstancia pueden explicarse o comprenderse por la aducida “ausencia del estado”, en materia de políticas de seguridad”, señalaron los jueces.
“Cuando los particulares desplazan a los organismos estatales encargados de velar por la realización de un juicio a la persona sospechada de haber cometido un delito, se cierne sobre la población el grave riesgo de volver a las atrocidades de las sociedades primitivas que arreglaban sus diferencias a través de la violencia ilimitada, por la ley del más fuerte, en una estado de guerra permanente de todos contra todos”, sostuvieron.
“Sentimos en el deber moral de alzar nuestra voz en defensa de la paz social y, al mismo tiempo, de deplorar y repudiar públicamente estas expresiones de venganza privada que nos retrogradan a épocas de barbarie y crueldad, a la sociedad arcaica donde no existían el derecho, la razón, ni la justicia, donde el hombre era el lobo del hombre”, concluyeron los jueces.