El proyecto de la Rosada para modificar el funcionamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) amenaza con desatar una nueva guerra con la Mesa de Enlace. La iniciativa había sido anunciada por Jorge Capitanich a principios de noviembre pero recién ingresó el viernes 21 en el Senado. La Mesa de Enlace denuncia que el kirchnerismo quiere tomar el control político del organismo. “El nivel de revanchismo del Gobierno no tiene límites”, le dice a Letra P el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, que ayer se reunió con sus pares de la Mesa para discutir el tema.
La iniciativa tiene como objetivo la reforma del IPCVA – creado por ley 25.507, hacia fines de 2001- para su conversión en el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA), que abarcará a los sectores de la producción tanto de carne vacuna como de cerdo, pollo y pescado. Según los fundamentos, el proyecto tiene como meta “promover el aumento del consumo local de carne vacuna, aviar, porcina, ovina, caprina y proveniente de la pesca y la acuicultura, contribuyendo a concientizar acerca del consumo equilibrado de carnes”.
Según fuentes del Gobierno, la idea tiene que ver con la necesidad bajar el nivel de consumo de carne vacuna para que ésta sea destinada, en una mayor proporción, a la exportación, y subir el de carnes alternativas, como pollo, cerdo y pescado. Esto se basa en las cifras que maneja el Ministerio de Agricultura, que conduce Carlos Casamiquela, que indican que el consumo promedio de carne vacuna en el país está en 68 kilos por año por habitante, mientras que el pollo se ubica en 45 kilos, el cerdo, en 14 (se duplicó en los últimos años), y el pescado, apenas en 9. El Gobierno considera que el nivel de consumo de carne vacuna es demasiado elevado. El proyecto está latente desde “hace años” en la Rosada, según cuentan fuentes de Agricultura, – incluso desde los tiempos de Julián Domínguez al frente del Ministerio- pero recién ahora el Gobierno se decidió a enviarlo, con gran impulso de Capitanich.
Para los productores, el conflicto no radica en la diversificación del mercado. “Nosotros no nos oponemos a que se incentive el consumo de otras carnes, sino a que en una misma oficina se pretenda mezclar todo, cuando cada sector tiene canales comerciales, actores y estrategias diferentes”, dice Egidio Mailland, representante de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), que también ayer estuvo en la reunión de la que participaron Buzzi, Luis Etchevehere, por la Sociedad Rural (SRA), Rubén Ferrero, por la Confederación Rural Argentina (CRA), y Daniel Asseff, también de Coninagro. “¿Cómo vamos a poner dentro de un mismo organismo a sectores productivos que compiten entre sí?”, protesta otro dirigente.
Si bien los representantes de la Mesa de Enlace consideran que lo ideal sería que el Gobierno impulsara la creación de un “instituto de carnes alternativas o sustitutas”, sin mezclar en el mismo organismo a los productores de la carne vacuna con los demás, el problema central radica en los cambios que plantea el proyecto en cuanto al control del Instituto. “¿Por qué quieren modificar algo que ellos mismos dicen que funciona bien? Porque la intención no es mejorar la ganadería, sino controlar el organismo. ¿Cómo van a mejorar la ganadería los que la destruyeron con su política?”, acusa Buzzi.
La clave de la polémica
Más allá de lo relativo a la diversificación del consumo de carnes, el proyecto – ingresado bajo el expediente N° 373- establece la creación del Fondo Nacional de la Promoción de Carnes, y modifica la constitución de la Asamblea de Representantes que, a partir de la aprobación de la ley, estará integrada por 18 miembros, de los cuales nueve representan al sector privado (productores y frigoríficos) y otros nueve, al Estado.
Dentro de los que responden al sector estatal figuran: un representante del Ministerio de Agricultura, otro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), uno del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), otro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y cinco representantes del Poder Ejecutivo de las provincias productoras (uno por región). Además, se establece que la presidencia del organismo quedará en manos del ministro de Agricultura.
Actualmente la Asamblea está compuesta por representantes de los productores -Mesa de Enlace y la Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina-, tres representantes de la industria frigorífica y tres de las provincias productoras, mientras que el Estado nacional solo está representado por un funcionario del Ministerio de Agricultura, que ocupa el puesto de consejero titular. La presidencia está a cargo de Gonzalo Alvarez Maldonado, de Coninagro.
Con las modificaciones, el organismo pasaría a estar bajo el control estatal. “Muchos productores lo toman casi como una expropiación, porque el Instituto fue creado por ellos, que le dieron una silla al Ministerio para que el Estado tuviera representación”, opina Mailland. Para Buzzi, “si hasta acá funcionó bien de esta forma, con participación mixta, aún con políticas sectoriales adversas, solo se puede interpretar que el Gobierno quiere quedarse con el control político”. Según el kirchnerismo, en cambio, la modificación es necesaria, pero el sector agropecuario “se opone a todo lo que propone el Gobierno, por viejos rencores”, en alusión a la guerra de la 125. “El trabajo que se hizo hasta ahora no se pone en tela de juicio, es excelente. Pero hay metas de trabajo, basadas en el Plan Estratégico Alimentario 2020 y en función de eso hay que cambiar algunas políticas”, explica un funcionario nacional.
Pese a las declaraciones de algunos productores, la caja que maneja el IPCVA tampoco sería el objetivo primordial del Gobierno, ya que apenas alcanza los 70 millones de pesos, una cifra menor para el Estado. “No es relevante en términos económicos”, dice Buzzi, quien arriesga que el objetivo radica en un supuesto “revanchismo” del Gobierno contra los productores.
Ayer, al momento de reunirse, la Mesa de Enlace apenas había tenido acceso a un borrador del proyecto, que ingresó al Senado el viernes 21. Aunque fuentes del oficialismo en la Cámara aseguran que aún no tienen “instrucciones de mover” la iniciativa, los productores temen que se le dé un “tratamiento exprés” al tema y sea aprobado antes de fin de año.
Atentos a los movimientos del Senado, los representantes de la Mesa de Enlace resolvieron esperar mientras conversan con legisladores afines para saber qué destino puede tener el proyecto. Algunos dirigentes sostenían que debían “dejar dormir” el tema para evitar que el Gobierno saliera, apretado por el ruido mediático, a apurar la aprobación, mientras que otros proponían salir a dar la discusión en la arena mediática, ante la certeza de que el proyecto será aprobado, inexorablemente, por la mayoría del kirchnerismo en el Congreso. Aunque no será comparable con el conflicto desatado por las retenciones, la disputa por el Instituto de la Carne promete generar una nueva batalla entre el campo y el kirchnerismo.
