En su resolución, el magistrado alertó sobre un intento de “cercenar un derecho de la ciudadanía” y afirmó que “es de público y notorio conocimiento que distintas organizaciones, asociaciones, colegios, desarrollaron una estrategia común para formular planteos de similares características en distintas jurisdicciones del país” para frenar la elección dispuesta en la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, sancionada por el Congreso.
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