En forma unánime confirmó los procesamientos por descarrilamiento culposo y fraude a la administración pública y dejó camino para el juicio oral y público.
- Temas del día
- Javier Milei
- Axel Kicillof
- Jubilaciones
- UCR
- Inflación
En forma unánime confirmó los procesamientos por descarrilamiento culposo y fraude a la administración pública y dejó camino para el juicio oral y público.
En la resolución firmada por los jueces Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, la Cámara confirmó los procesamientos de Jaime, Claudio Sergio Cirigliano, los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero y del ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Guillermo Luna.
También hizo lo propio con los del ex presidente de TBA, Carlo Michele Ferrari y de los ex directivos de la concesionaria Alberto De los Reyes, Carlos Esteban Pont Verges, Marcelo Alberto Calderón, Carlos Alberto Lluch, Alejandro Rubén Lopardo y Alberto Gariboglio.
Entre los acusados que van a juicio está el otro ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el motorman Marcos Antonio Córdoba, pero sus situaciones no fueron evaluadas hasta el momento por la Cámara de Casación que rechazó una decena de nulidades planteadas por todas las defensas y confirmó el desdoblamiento de la causa en la investigación del accidente en sí.
En diciembre pasado la Sala II de la Cámara Federal había resuelto quitarle al juez Claudio Bonadío la investigación sobre el mal uso de los subsidios y acumular dicho tramo de la causa con otra similar que tenía radicada en su juzgado desde tiempo antes el magistrado Sebastián Ramos.
Si bien los acusados tienen la posibilidad de apelar y llevar el caso a la Corte, no será un obstáculo para que el Tribunal 2 comience el juicio oral y público que no tiene fecha pero se estima para la segunda mitad de este año o para principios de 2014.
A juicio van en total unos 28 acusados y en primera instancia aún se investiga entre otros, al empresario Mario Cirigliano quien cuenta con falta de mérito.
Uno de los planteos que queda por definir la Cámara de Casación es si acepta o no como querellante al Estado Nacional en la causa. Se trata de una medida que había sido criticada por los familiares de las víctimas, y la Cámara Federal había rechazado.