Agenda de discusión

A tono con los pronunciamientos de la Iglesia, y sin perder el estilo dialoguista que Daniel Scioli públicamente procura hacer ostensible, como cuando exterioriza una mayor dosis de sensibilidad política que la Casa Rosada, también en ámbitos legislativos de La Plata advierten un progresivo aumento del descontento social con algunas aspectos puntuales de la gestión provincial.

Es que a la estructural crisis de inseguridad hay que sumarle un conflicto salarial que, aunque ayer el Frente Gremial Docente haya acatado la coinciliación obligatoria dispuesta por el Ejecutivo, dejando en suspenso las medidas de fuerza de 96 horas para volver a negociar con ministros de la administración Scioli, pareciera no acabar nunca.

 

La cuestión salarial será uno de los puntos fuertes que los sindicalistas docentes llevarán a la mesa de negociación del viernes próximo convocada por Nora De Lucía, la máxima autoridad de la cartera educativa bonaerense, ya que el procedimiento de conciliación obligatoria retrotrae el conflicto hasta sus inicios.

 

Pero, además, la cuarta semana del almanaque de abril encuentra al gobernador Scioli acarreando problemas financieros que no le permiten hacer frente a las protestas de los médicos de hospitales públicos y trabajadores judiciales, que hoy iniciarán una huelga de 48 horas en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

 

El sonoro reclamo para que la Provincia mejore el aumento salarial del 22, 6 por ciento –en 3 cuotas–, ya otorgado por decreto, es muy parecido al zumbido de los mosquitos que invadieron la ciudad de las diagonales tras la inundación y las altas temperaturas que se vienen registrando en pleno otoño en La Plata.

 

No es casual que la ministra de Economía, Silvana Batakis, sigue con la calculadora en mano. Es que, pese al fuerte recorte de gastos en diversas áreas ministeriales para garantizar el pago de sueldos y atender el aumento salarial tanto a docentes como al resto de la administración pública, el gobierno nacional mantiene vigente el “cepo financiero”, dejando de girar recursos a la Provincia para hacer frente a la cuestión salarial.

 

El cambio de clima social, agravado por la trágica inundación que azotó a La Plata dejando un saldo fatal de más de medio centenar de personas fallecidas, continuó con la prepotente imposición del proyecto de ley de reforma judicial motorizado por el oficialismo K en el Congreso de la Nación, y se acentuó con la revelación de cómo lavaría el dinero Lázaro Báez, ex socio de Néstor Kirchner, lo que todavía no pudo ser capitalizado, de manera ostensible, por ningún espacio del arco opositor.

 

“Si bien hay que tomarlo con pinzas, existe la sensación de que Scioli dejó de estar ‘blindado’ ante el volumen del malhumor social. Su principal capital político eran los altos índices de imagen positiva. Al parecer, esos números en las encuestas estarían empezando a caer –casi a la par de la figura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner– en la simpatía del ciudadano común de la provincia. Si ese presentimiento se consolida, al gobernador ahora sólo le quedaría retener el rol de ‘víctima’ de la Casa Rosada”, señalan desde el oficialista Frente para la Victoria-PJ.

 

Aseguran que esa puede otra de las razones por las que Scioli, además, decidió archivar los reclamos sobre la distribución de los fondos federales a la Provincia y hasta el deseo de los “sciolistas puros” en el reparto por futuros espacios en las listas de renovación legislativa de octubre venidero.

 

Días atrás, y en medio de la necesidad de una pronta reconciliación política e institucional con la Casa Rosada, el gobernador no eludió analizar el impacto del cacerolazo del denominado “18A”, en contraste con la actitud adoptada por la presidenta Cristina, que directamente ignoró la multitudinaria protesta del jueves pasado que se extendió en distintos puntos del país contra las políticas del gobierno nacional. “No se pueden negar los problemas de la gente”, reflexionó Scioli poco antes de reclamar “mayor colaboración y menos confrontación” para poder resolver “con acciones concretas” dichos reclamos ciudadanos.

 

Después de varios días de silencio oficialista, la administración K, a través del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, desacreditó la protesta. “Tocan la cacerola acá para viajar a Miami”, dijo.

 

El encargado de zamarrear a Scioli fue el diputado nacional ultra K Carlos Kunkel, quien le recomendó al gobernador “atender los pedidos de los intendentes en vez de preocuparse por el 18A”. Entre ellos, el jefe comunal de Tigre, Sergio Massa, que denunció distorsiones en las valuaciones fiscales de los distritos de la Provincia.

 

En ese contexto, también Kunkel –marido de Cristina Fioramonti, la jefa del bloque de senadores provinciales del FpV-PJ–, aseguró que la Casa Rosada tiene la voluntad de hablar con DS “para ayudarlo a cumplir con el presupuesto que envió a la Legislatura y que fue aprobado, y que en sus pautas no se está cumpliendo porque no se remiten desde el Ejecutivo provincial los fondos a las áreas que corresponden”.

 

De ese modo, el legislador pareció acompañar el reclamo de varios intedentes municipales contra la gobernación, por la demora en el giro de fondos bonaerenses a los distritos. “Si Hidráulica tuviera el presupuesto que corresponde, no se producirían inundaciones; si Vialidad tuviera el presupuesto que corresponde, tendría los rutas que corresponde”, disparó.

 

“Hoy Massa está entre los 20 intendentes que mayor incremento recibieron entre 2007 y 2012, sobre un total de 135 distritos”, contestó Alejandro “Topo” Rodríguez, subsecretario de Coordinación Gubernamental del jefe de Gabinete, Alberto Pérez.

 

La escalada de episodios de inseguridad –uno de los problemas centrales en la agenda ciudadana, como quedó reflejado en la protesta del “18A”– retornó a la agenda política de la Provincia en las últimas horas, tras el episodio que sufrió la esposa del vicegobernador Gabriel Mariotto cuando asaltantes la interceptaron para robarle la camioneta de alta gama mientras circulaba junto a su madre y sus hijos por la ciudad de Lomas de Zamora, al sur del Conurbano bonaerense.

 

A cientos de kilómetros de La Plata, el intendente bahiense Gustavo Bevilacqua admitió estar preocupado y ocupado “desde su lugar” en resolver la problemática de la inseguridad en la ciudad, y hasta reclamó un esfuerzo desde la Justicia.

 

La administración Scioli parece haber decidido poner los pies sobre el acelerador para que avance en la Legislatura el debate sobre el proyecto de creación de las policías comunales. “Puede ser una herramienta efectiva para la prevención del delito. Las policías comunales no serán autónomas, sino complementarias, porque la Policía de la Provincia no puede dejar de ejercer su jurisdicción”, explican senadores “sciolistas”.

 

“Se debe aplicar un mismo sistema policial. Deben ser financiadas –sueldo y medios– por la Provincia y estar descentralizada desde el ministerio de Seguridad hacia los municipios”, se celebró desde el denarvaísmo.

 

Desde la gobernación se anticipó también el envío a la Legislatura de un proyecto que modifica la ley de excarcelaciones para limitarlas, con el objetivo de sortear los cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos.

 

La nueva iniciativa flexibilizaría algunos artículos que obligaban a los jueces a denegar la excarcelación, aunque actualmente se encuentra frenado en la Justicia, donde la Suprema Corte –que ahora preside el “ministro decano” Héctor Negri, designado con la restauración democrática, en el año 1983– dictó una medida cautelar que suspendió su aplicación.

 

“Lo atamos con alambre, es la única política de seguridad que implementa Scioli”, arremetió el diputado sabbatellista Marcelo Sain, al considerar que “el gobernador lanzó su campaña electoral con un eje mentiroso, proponiendo ‘armas cero y pacificación’, pero nada dice de políticas concretas de seguridad, ni del traspaso real de la policía a la órbita de los intendentes”.

 

“Los intendentes no comen vidrio, y saben que si no controlan a la policía su territorio se vuelve ingobernable”, advirtió el legislador de Nuevo Encuentro.

 

Uno de los interrogantes que sobrevuelan La Plata es si efectivamente el descontento social contra determinadas políticas del gobierno nacional puede ser capitalizado por los partidos opositores como el Frente Amplio Progresista, la UCR, o por el hasta ahora único espacio peronista no K, que conduce Francisco De Narvaéz, a la hora de conformar alianzas para enfrentar al kirchnerismo ortodoxo en las elecciones de renovación legislativa de octubre próximo.

 

“Hoy por hoy, dentro de la orquesta oficialista del FpV-PJ nos inquieta más lo que hace el periodista Jorge Lanata, como virtual ‘jefe de la oposición’, que los propios referentes de un arco opositor sin liderazgo claro”, chicanean desde el universo K.

 

Saben que si los principales sectores de la oposición no encuentran la manera de evitar la fragmentación, es posible que el esquema oficialista que conduce Cristina Fernández pueda ganar una elección legislativa clave para poder sostener el proyecto de re-reelección presidencial.

 

“En la escalera de las encuestas con intención de voto en la provincia, hoy va arriba Cristina, seguida por Scioli, Massa y De Narváez. El peronismo está en una carrera por su propia sucesión interna. Pero el ‘malhumor’ contra la Casa Rosada puede bien ser captado ampliamente por el ‘colorado’ De Narvaéz, que ya tiene un piso del 25 por ciento en intención de voto, y si no se presenta Massa puede tomar envión y arrasar en las urnas de octubre”, pronostican.

 

Por las dudas, no pocos creen que Massa debería jugar en los comicios legislativos para no dejar colgados del pincel al grupo de intendentes y legisladores que se sumaron al Frente Renovador Peronista. Una sorpresa sería si se presenta como boleta “colectora” del gobierno nacional. Tal vez por eso, De Narváez lo presiona, en público, para que se defina.

 

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