El informe anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), más conocido como el Sistema de la Crueldad VII, explica la sensible situación en las cárceles bonaerenses y deja “mal parada” a la nueva Ley de Excarcelaciones. Como le manifestó a Letra P el Director General de Promoción y Protección de Derechos de la entidad, Roberto Cipriano García, las condiciones en los lugares de encierro son “lamentables”.
Según describe el trabajo de la CPM, comparando al anterior (2011), se produjeron 127 muertes en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo que representa un promedio de diez personas por mes. Según se expone, el SPB clasifica las muertes en traumáticas y no traumáticas donde los primeros datos ascendieron un 38 por ciento (47 muertes) y los segundos decesos un 58 por ciento (72 fallecimientos).
Otro de los fundamentos que golpea fuerte a ésta iniciativa es la superpoblación carcelaria. En el informe se constató “hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención”, donde “más de 28 mil personas, junto a otras mil en comisarías, sobreviven en 18640 plazas penitenciarias”, pero el dato saliente es que las muertes traumáticas se incrementaron porque los “suicidios”, tal se indica, se extendieron de 15 en el 2010, a 18 en 2011. En la misma línea, se especifica que “los suicidios muchas veces provocan dudas acerca de cómo se provocaron y cuales fueron las motivaciones de las víctimas” y recuerda que “existen numerosos casos de personas próximas a obtener su libertad”.
Así, las palabras del diputado provincial Guido Lorenzino, quien le recriminó a la CPM y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que encabeza Horacio Verbitsky, que “den la cara” porque “nos impiden que esa Ley esté vigente”, son un claro ejemplo de la puja que existe por la efectivización de la legislación originada desde el riñón sciolista.
Pero el apoyo que tiene la CPM como entidad, más allá de los relevamientos constantes gracias a la conformación de un abanico político y social de prestigio, con la máxima figura del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, le dan un fuerte espaldarazo en las demandas de cada presentación.
Además de las continuas visitas del juez español Baltasar Garzón, hay que recordar los días de abril del año pasado, cuando la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó al país para monitorear la situación en los lugares de encierro y se reunió con Esquivel y compañía, otorgándole un sustento mayor al trabajo desarrollado desde la entidad. El encuentro, que fue solicitado porla Comisión Provincial y el CELS en 2011, junto a otras organizaciones de Argentina, y aprobado por la asamblea del SPT, refleja el apoyo en la labor que se realiza constantemente.
Pero a pocos días de la suspensión por parte de la máxima autoridad provincial de justicia, el propio Ricardo Casal, dijo: “esto es inadmisible, vamos a seguir peleando. Hemos pedido la reposición en la Corte de la suspensión de la ley. Vamos a seguir trabajando y estamos trabajando con nuevas leyes para restringir la venta, uso tenencia y portación de armas de puño en la provincia de Buenos Aires”.
La disputa comenzó a tomar forma mientras la Provincia presiona para que la ley siga, con Daniel Scioli planteando que el suyo es un “gobierno abierto a ir construyendo los caminos que, desde el punto de vista constitucional, permitan la plena aplicación del sentido más profundo de esta ley”, y desde la otra vereda celebran la suspensión de lo que es “una aberración jurídica”.
El debate está abierto, con declaraciones cruzadas pero con fundamentos legales que, hasta ahora, no dejan que la propuesta provincial se desarrolle en medio de la decisión final sobre su constitucionalidad, con los sustentos jurídicos de las organizaciones sociales marcando la cancha.