La decisión la tomó el juez federal 1 de ese Departamento Judicial, Juan Pablo Salas, al considerar que se trató de un caso de “desaparición forzada de persona”. El 8 de enero pasado, y luego de que la familia y organismos de derechos humanos hicieron un reclamo formal para que se modificara la carátula de la causa, el juez de Garantías N° 5 de La Matanza, Gustavo Banco, firmó la incompetencia en el caso y lo giró a la justicia federal.
Salas aceptó la competencia tras el requerimiento de los familiares, por lo que la causa deja de estar en manos de los fiscales de La Matanza Carlos Arribas y Celia Cejas, de Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte, y del magistrado Blanco.
Los dos fiscales habían reemplazado a la primera instructora, Roxana Castelli, quien había caratulado el hecho como “averiguación de paradero”.
La Justicia provincial de La Matanza seguirá a cargo de una causa conexa al expediente principal y en la que está detenido desde el 7 de enero el oficial principal de la policía bonaerense, Julio Diego Torales.
Este efectivo, que prestaba servicios en el destacamento de Lomas del Mirador, fue apresado acusado por severidades y vejaciones contra Arruga. Pero el CELS solicitó que se amplíe la causa como torturas.
Según la pesquisa, en aquella oportunidad Arruga fue detenido por el supuesto robo de dos celulares. Cuando su madre declaró en la causa por la desaparición del muchacho, dijo a la Justicia que al ser liberado su hijo le contó que había sido golpeado y lesionado por los efectivos y acusó a Torales. Incluso la hermana de Luciano, Vanesa Orieta, relató que ella estaba en la seccional y escuchó cómo su hermano se quejaba y pedía auxilio.
En enero, la investigación para saber qué ocurrió con Luciano, el joven que en 2009 tenía 16 años, volvió a surgir tras casi cuatro años de pocos avances. Un día después de que se cumpliera el cuarto aniversario de la desaparición, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial hizo pública la decisión de pasar a disponibilidad a los ocho policías sospechados por la familia de estar involucrados en el caso.