A fines de octubre pasado, el gobierno brasileño subastó la mayor reserva de petróleo del país, el Campo de Libra, parte del pre-sal, que será explotado por un consorcio integrado por Petrobrás, Shell, Total y dos empresas chinas. Durante su campaña, Dilma había prometido no hacerlo, pero, como Frondizi en Argentina hace varias décadas, cambió de opinión. Las previsibles protestas de sindicatos y organizacione sociales fueron reprimidas por el gobierno del Partido de los Trabajadores con la participación del ejército, autorizada pela presidenta. “Es una vergüenza ver que todo el aparato represivo del Estado (ejército, fuerza nacional, policías militares y guardias municipales) está siendo lanzado contra la juventud, los trabajadores, las mujeres, los pueblos indígenas, los docentes, la comunidad LGBT y todos los que se movilizan por derechos”, dice el profesor e investigador Alexandre Costa en una entrevista para Letra P.
—¿Qué fue exactamente lo que hizo el gobierno de Dilma con las reservas del pre-sal?
—El gobierno subastó la explotación del Campo de Libra, una de las mayores reservas petrolíferas del mundo, estimada en 8 a 12 mil millones de barriles de petróleo. La subasta llevó a la formación de un único consorcio que incluye, además de Petrobrás, a dos empresas estatales chinas y dos gigantes europeos del petróleo: la Shell (anglo-holandesa) y la Total (francesa). Vergonzosamente, arrebatado por el precio mínimo, el derecho a la explotación de esta reserva fue dado a este consorcio en el que Petrobrás es accionista minoritario (40%), con 20% para las empresas chinas y 40% dividido entre las europeas.
—Dilma dijo que no se trataba de una privatización, sino de una concesión. ¿Cuál es la diferencia?
—Es un juego de palabras sin sentido. El gobierno del PT adoptó el eufemismo “concesión” para referirse a su política privatista con aeropuertos, rutas, puertos, etc. Pero se en esos casos el uso de ese término es para esconder la esencia del proceso (que es favorecer al capital privado con ganancias extraordinarias por la explotación de esos sectores), en el caso del petróleo es deshonestidad intelectual pura. Cuando se “concesiona” un aeropuerto (o sea, se produce una privatización temporal), puede existir la expectativa de recuperarlo para el patrimonio público cuando termina el contrato. En cambio, en el caso del petróleo o de cualquier reserva mineral, la privatización es por esencia irreversible. Después de extraído y quemado, el petróleo no regresa al subsuelo. ¿Qué va a recuperar Brasil al final del contrato? ¿Pozos vacíos? La sociedad precisa saber que se trata del proceso de privatización más dañino que se pueda imaginar.
—En la campaña de 2010, Dilma acusaba al candidato opositor José Serra de querer privatizar el pre-sal y pedía que la votaran para impedirlo. ¿Faltó a su promesa?
—Sí. La traición del PT con relación a sus bandera originales es impresionante. La reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas fueron dejadas de lado a favor del agro-negocio; de la protección de las florestas se pasó al nuevo Código Florestal, que favorece el desmonte; de la distribución de ingresos se fue a una política concentradora, en la que la transferencia de grandes recursos para el sector financiero a través de los intereses y servicios de la deuda es mucho mayor a la que se destina a programas sociales. El caso del pre-sal es uno más entre muchos…
—¿Cuál es, cualitativa y cuantitativamente, la relevancia de la privatización del Campo de Libra?
—El tamaño de la reserva petroquímica, de hasta 12 mil millones de barriles, ya es por sí sola impresionante, ya que implica un valor de mercado que probablemente supere el billón de dólares, ya que la cotización del barril supera los 100 dólares. El bonus por la firma del contrato de concesión, de menos de 7 mil millones de dólares, por lo tanto, representa mucho menos del 1%.
—Dilma dijo que la totalidad de las regalías irían para la educación…
—La gran maniobra del gobierno de Dilma con las subastas de reservas de petróleo siempre fue el fraude de los “100% de las regalías para la educación”. Además de que ese porcentaje no fue aprobado por el congreso, lo más escandaloso es que las regalías, en Brasil, están entre las más bajos del mundo. Nuestro país cobra 10% del valor del petróleo explotado (15% en el caso del pre-sal), cuando diversos países cobran más de 30%. Cínicamente, en vez de atacar el verdadero problema de la falta de recursos para la salud y la educación, que es la cantidad gigantesca de recursos transferidos cada año a los bancos mediante el pago de intereses de la deuda, el gobierno nos hace creer que entregando campos de petróleo a las multinacionales y recogiendo las migajas de las regalías vamos a resolver algún problema. Pero el perjuicio financiero, aunque sea escandaloso, es lo de menos. Lamentablemente, hasta los más críticos de estas subastas no tienen en cuenta las cuestiones ambientales y climáticas que están en juego.
—¿Cuáles serían?
—En primer lugar, hay un riesgo evidente en la explotación de petróleo a grandes profundidades. En condiciones “normales”, ya hay impactos sobre la vida marina, ampliamente documentados, pero en caso de accidentes, son una verdadera catástrofe. El accidente del Golfo de México, responsabilidad de la British Petroleum, en 2010, es un ejemplo. Se derramaron casi 5 millones de barriles y el impacto sobre la vida marítima fue enorme, con la muerte inmediata de muchos peces y cetáceos. Fueron alcanzadas muchas playas con actividades ligadas a la pesca y el turismo. Además de la devastación provocada por el derrame de petróleo, el proceso de limpieza incluyó el uso de químicos que producen un segundo ataque al ambiente local. Varios daños son irreversibles. Es muy común hallar peces y crustáceos con malformaciones congénitas y la pesca en la zona puede arruinarse por varias décadas. En el caso de la subasta de Libra, no tenemos garantías mínimamente decentes contra accidentes. La CNPC, una de las empresas chinas que participan del consorcio, con menos de dos décadas de existencia, ya tiene un largo prontuario: en 2003, fue responsable por el escape de gas en Chongqing, que produjo una explosión con 243 mujertos y 2142 hospitalizados. En los años siguientes, contaminó los ríos Songhua y Chishui y el océano, en el puerto de Xingang y este año tuvo que suspender sus operaciones en Chad, luego de violar sistemáticamente la legislación ambiental del país. La Shell, por su parte, fue responsable por la devastación completa del río Niger, en Nigeria. Y ese es el padrón común de todas las grandes petroquímicas. Pero es evidente que hay una cuestión mayor, que es la situación del clima global. La explotación y uso de combustibles fósiles precisa con urgencia ser limitada y las subastas de petróleo, gas, carbón y esquisito bituminoso van a contramano de la protección necesaria para la estabilidad climática.
—¿De qué manera la explotación de combustibles fósiles perjudican el clima del planeta?
—La ciencia del clima es muy clara: el sistema climático está realmente calentándose por la acumulación de gases efecto estufa y larga vida, especialmente el dióxido de carbono. El origen de ese desequilibrio químico está en las acciones humanas, especialmente el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), como queda claro en los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), especialmente en el 5º informe, recién publicado. Terminaremos 2013 peligrosamente cerca de las 400 ppm (partes por millón) de CO2 en la atmósfera, cuando el límite que debemos evitar es de 450. Globalmente, si este proceso no se contiene, los impactos del calentamiento global serán generalizados, profundos, y recaerán principalmente sobre los más pobres y vulnerables. Esto incluye el aumento de corrientes de calor más fuertes, sequías más intensas y fuertes tempestades, así como incendios florestales más frecuentes, peligrosos y devastadores, derretimiento del hielo polar, que elevará el nivel de los océanos, blanqueamiento de corales y una gran mortalidad de organismos que dependen de la fijación de carbonato de calcio para sobrevivir. Los cambios en el régimen de precipitaciones colocarán en peligro la agricultura y el abastecimiento de agua en muchas localidades. Las consecuencias para países insulares, ciudades costeras, pueblos tradicionaes (como indígenas y pescadores), pequeños agricultores y personas más pobres en general son obvias. En ese sentido, por primera vez, el informe del IPCC establece claramente que hay límites severos para la quema de combustibles fósiles, cuya extracción puede conducir a la irreversibilidad del calentamiento global. Para que tengamos buenas chances de mantener el calentamiento abajo de los 2 grados, no podemos quemar más de 259 mil millones de toneladas de carbono fósil. Sin embargo, más de 700 GtC están ya en manos de unas pocas empresas y, por lo tanto, es necesario expropiarlas para evitar que sean quemadas. El gobierno de Dilma apostó exactamente a lo contrario, o sea, privatizar ese carbono. La quiebra del monopolio estatal durante el gobierno de Cardoso y las subastas del gobierno de Dilma van a contramano de la necesaria contención de la extracción y quema de esos combustibles. Basta decir que las dos subastas realizadas durante este año, en mayo y octubre, pasaron a manos privadas casi 4 mil millones de toneladas de carbono fósil contenido en petróleo que, siendo quemado, implica la emisión de CO2 equivalente a 2 ppm más en la atmósfera.
—¿Cuál es la alternativa a esa política?
—Hay alternativas claras y factibles que no fueron implementadas por los gobiernos simplemente porque están de rodillas frente a las corporaciones del sector. Hay mecanismos para limitar el uso de combustibles fósiles que, además de proteger el clima, pueden ser socialmente justas, incluyendo la microgeneración de energía. Brasil, en particular, tiene amplias posibilidades de aprovechar, sobre todo, la energía solar, y con los debidos límites socioambientales, la eólica. Cada residencia puede aprovechar la energía solar para el calentamiento de agua y la generación eléctrica, algo que en Alemania ya permite el pago de las cuentas de electricidad e inclusive ganancias para los usuarios que generen más energía que la que consumen. Junto con la energía eólica, este sistema se complementaría de forma perfecta con la energía producida por nuestras hidroeléctricas con cero emisión de gases estufa, distribución de ingresos y seguridad energética. También es posible limitar las emisiones del transporte, apostando por el transporte público de masas no contaminante, que es un derecho y debería ser gratuito. Todo ello debería ir acompañado por una política de desmonte cero, que complementaría la descarbonización de la economía. Lamentablemente, el lobby de las compañías energéticas y de la industria del combustible fósil es enorme. En Brasil, se juntan al lobby del agro-negocio. El combate contra las políticas públicas necesarias para defender el ambiente llega al colmo de financiar campañas de negación del calentamiento global y ataques cobardes a la comunidad científica. Precisamos, más que nunca, dialogar con la sociedad sobre la gravedad y urgencia del problema.
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