Muy bien fundamentados y de alto nivel (aunque con diferentes posiciones) los votos de Petracchi, Zaffaroni y Fayt. Un debate de lujo que vale la pena leer y estudiar. De Petracchi, sobresale el análisis de las cuestiones de fondo (libertad de expresión y regulaciones: legislación comparada, doctrina, jurisprudencia y análisis de los fundamentos de la ley y de los cuestionamientos puntuales de la demanda). De Zaffaroni, autor del voto más didáctico y claro en su resumen de los hechos y argumentos de las partes (en varios de los aspectos antes mencionados, se remite a los considerandos de Petracchi), se destaca la crítica al foco patrimonialista de la demanda (en el considerando 20; crítica fundamental y muy bien explicada, también presente en el voto mayoritario, pero mucho mejor desarrollada por él) y el énfasis que da a la dimensión cultural, además de política, de la pluralidad de voces (en el considerando 21, que me pareció brillante, aunque discrepo en su aplicación al caso). De Fayt, el único que votó contra la constitucionalidad de la ley, vale la pena analizar sus argumentos sobre la relevancia del artículo 19 de la Constitución en este caso (si mal no recuerdo, una contribución original al debate), la perspectiva de los usuarios y consumidores desde el enfoque liberal de la Constitución, la crítica al paternalismo estatal (que recuerda los argumentos de Carlos Nino contra la criminalización del consumo de drogas) y el señalamiento de que en vez de ampliar la oferta de voces, lo que parece buscarse es recortarla. También cita una gran cantidad de fallos anteriores de la Corte sobre libertad de expresión.
La primera disidencia puntual es de Maqueda, que hace una crítica bien fundamentada a la errática política del gobierno con relación a Clarín (“te doy, te saco”) para argumentar a favor de los derechos adquiridos sin deslizarse hacia la negación de la regulación estatal. En función de la previsibilidad y la seguridad jurídica, reclama limitar la arbitrariedad irrazonable de la administración (regulen, pero sean coherentes).
Del voto mayoritario (Lorenzetti y Highton), recomiendo prestar atención a las páginas 48 y 49: la comparación con el caso Río Negro, sobre publicidad oficial, talvez sea el argumento más importante de la decisión de la Corte, por lo que da por sentado, creo que erróneamente. El razonamiento parece, de forma poco creíble, ingenuo. Al entender que los fines de esta ley, al contrario de la discriminación en el reparto de publicidad oficial sobre la que la Corte falló en aquel caso, no tienen un destinatario particular, los jueces proponen un estándar menos riguroso para el control de constitucionalidad, ya que entienden que no está afectada la libertad de expresión. Esa es la definición más importante del fallo. Hay, ahí, una crítica implícita al foco patrimonialista de los argumentos de Clarín, que en mi opinión debería haber argumentado con foco en la libertad de expresión en sentido amplio y cuestionado más claramente el “traje a medida” de la ley, en vez de centrarse en el daño económico.
Otra crítica implícita a los abogados (presente en distintos votos) es cuando dicen que el Tribunal no sustituye a las partes y señalan varios argumentos no usados, con relación a la política de medios del gobierno, que podrían haber sido relevantes. La Corte dice: todo esto era importante, pero las partes no lo señalaron, de modo que no podemos hacer nada. El contexto se va perdiendo y el debate es apenas sobre dinero, pérdidas y plan de negocios. Todo lo demás, a partir de ese entendimiento, resulta previsible.
El voto de Argibay, con disidencias parciales, desentona: me pareció confuso y muy mal redactado. Pero menciona, aunque sin profundizar, el contexto perdido: la intencionalidad política de la ley en el marco de una guerra contra un grupo de medios en particular (o sea, lo que desconocen Lorenzetti y Highton al comparar este caso con el de la publicidad oficial en Río Negro). Se queda ahí. El resto de sus argumentos son bastante flojos e inseguros.
Hasta aquí, lo que me pareció más interesante del fallo, tras una lectura rápida. Habrá tiempo para profundizar, leer lo que dicen los que saben más y analizar las reacciones de las partes. Estando de acuerdo o no, leer los fallos de esta Corte siempre da gusto. A mí me convencen más las razones de Fayt, que quedó en minoría, pero los votos de Petracchi y Zaffaroni son excelentes en su argumentación.
Creo, más allá del fallo, que el principal argumento a favor de la ley de medios (por el que estuve de acuerdo en su momento) era la necesidad de promover la pluralidad de voces y la democratización de la comunicación. Vivo en Brasil, donde los medios están mucho más concentrados que en Argentina (y en Río de Janeiro, no hay casi nada afuera del universo Globo), y eso no es bueno para la democracia, ni para la diversidad cultural (como bien lo señala Zaffaroni) ni para el ejercicio de la profesión periodística. No es bueno para los ciudadanos ni para los trabajadores de prensa ni para el sistema político. Por eso, “democratizar la palabra”, como dice Sabbatella, es necesario.
Sin embargo, creo que el problema es que el objetivo de la ley de medios nunca fue ese, y eso fue quedando cada vez más claro en los últimos años. Lejos de sumar más voces, lo que parece buscarse es limitar las voces que incomodan y, en vez de “desmonopolizar”, lo que se busca es reemplazar un monopolio por otro, con herramientas legales, administrativas y financieras. Y el monopolio de la información en manos del poder político puede ser aún más peligroso que en manos del sector privado, que en el capitalismo está limitado por su relación con el público. Los medios que dependen de la pauta oficial no necesitan rating ni credibilidad, sino la firma de un funcionario. Y los periodistas sabemos que los grados de libertad para ejercer nuestra profesión son mucho más cercanos a cero cuando todo depende de la firma de un funcionario, sin que importe la relación con el público.
Fayt pone en evidencia estas cuestiones, que son más claras cuando se habla de las licencias de señales de cable, donde no es necesario sacar un jugador para que pueda entrar otro, y por eso pone el acento en el derecho del consumidor a seguir eligiendo cómo informarse, sin que papá Estado elija por él. Creo que esa evidencia de que la obsesión por las licencias de cable pretende restar voces más que agregar otras, en el contexto de la “madre de todas las batallas” contra el grupo Clarín y los discursos de hostigamiento moral y estigmatización contra el periodismo crítico, sumados a las demás cuestiones que la Corte señala sin juzgar porque no fueron sometidas a su consideración (por ejemplo, el manejo de la publicidad oficial y el uso partidista de los medios públicos), son algunos de los hechos que le fueron haciendo perder legitimidad a un proyecto que nacía de una causa justa y contaba con mucho consenso desde mucho antes de que el kirchnerismo llegara al poder.
Que haya más voces, muchas. Nunca menos.
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