La resolución 1.252 fue firmada el jueves por el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, y este lunes el portal Infobae.com accedió al documento donde se establece los pasos a seguir en casos en los que una mujer busque abortar porque corre peligro su salud o porque fue víctima de una violación.
En los casos en que una mujer haya quedado embarazada producto de un abuso sexual, el gobierno porteño aclara que deberá realizarse con una denuncia policial o una declaración jurada “sin necesidad de requerir autorización judicial” dentro “del límite gestacional de doce (12) semanas, con el correlato ecográfico correspondiente”.
A diferencia de otros distritos, la Ciudad requerirá que en los casos de mujeres discapacitadas o menores de edad sean informadas “las personas que por ley ejerzan su representación legal”.
“En los supuestos de peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada”, la normativa establece que se requerirá “el consentimiento informado” de la afectada o de su representante legal.
El riesgo de vida sólo podrá ser “diagnosticado por el profesional interviniente”, quien deberá determinar que “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
La normativa establece además que “los profesionales de la salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica médica” y “no serán pasibles de sanción laboral de ningún tipo”, garantizando “la confidencialidad de la identificación de los médicos”.
La mayoría de las provincias reglamentaron los procedimientos para acceder a la interrupción del embarazo en los casos de violación o riesgo para la salud, hace seis meses cuando la Corte Suprema falló a favor del proyecto. Mendoza fue una de las pocas que se negó.
La mayoría de los distritos establecieron una reglamentación, aunque hay diferencias en los requisitos para realizar el aborto. Algunos piden una autorización a los menores de edad, otros ponen como límite las doce semanas de gestación e incluso hay ciertas regiones que aún piden una autorización judicial para el procedimiento.
En las redes sociales, la iniciativa del gobierno porteño causó rechazo. En Twitter, el hashtag #NOalPROtocolo es tendencia después de conocida la noticia.
Es sabido que la corriente política liderada por Mauricio Macri, el Pro, difiere de estas ideas con un discurso cercano a la Iglesia en cuanto al aborto y ligadas a la justificación de la vida de un embrión y la “cuestión moral”, sin embargo, se ajustó al protocolo de la Corte.
Muchos usuarios están en contra de la reglamentación que dispuso la Ciudad de Buenos Aires para acceder al aborto legal en caso de violaciones y riesgos de salud.
Fuente y foto de la resolución: Infobae.com
