Sin embargo, la cifra de víctimas por violaciones no disminuye y pocos son los casos resonantes en los medios si no están vinculados a cuestiones macro, como sucedió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia este año, por el cual se exime de penas a las mujeres víctimas de violaciones que decidan abortar, luego del caso de una joven de 15 años en Chubut que fue absuelta por interrumpir un embarazo producto de haber sido abusada por su padrastro.
La periodista y directora de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Gabriela Vidal, es testimonio de un caso que tocó de cerca a su familia hace tres años, en City Bell.
Fue el primero en la zona, que desató la concatenación de veinte más en el mismo lugar, de los cuales nueve coincidieron con el cotejo de ADN del agresor, incluido el de la denuncia de Gabriela.
“Hicimos todo como corresponde, la denuncia a la policía, dieron las vacunas y se hicieron los controles médicos necesarios por el caso. De la policía te mandan a un policlínico donde te atiende un inmunólogo que da la medicación y además a ver a un psicólogo”, relata la periodista a Letra P y agrega que en esa primera consulta psicológica la respuesta fue “la verdad es que estamos bastante bien” y le aconsejaron que si tenía el dinero acudiera a un psicólogo particular. “Esa fue la contención que nos dieron. Después nadie, nunca, de ningún organismo, me llamó por teléfono”, añade.
“Luché con mi familia, tengo los medios para pagar un psicólogo pero no es el hecho, porque si hay organismos específicamente abocados a eso, quien mejor que ellos para que se encarguen de atender como corresponde”. El tema es qué pasa con las chicas violadas que no tienen recursos. “A un tratamiento psicológico tenés que ir dos veces por semana y te sale entre 250 y 300 pesos y hay algunos que cobran más por sesión”, enfatiza Gabriela.
El caso quedó impune y en 2011 hubo dos nuevos en la misma zona, cuyos ADN coinciden con el mismo violador, que continúa libre.
Gabriela denunció lo que le tocó de cerca, por todos los medios posibles y por los contactos que generó por ser periodista. “Tampoco puedo hacer tanto barullo porque está en juego un familiar y cada víctima lo toma y procesa como puede. Pero yo no me quedo callada”, asegura.
Después de tres años de lo ocurrido, en el evento que la presidenta de la Fundación Banco Provincia y esposa del gobernador bonaerense Daniel Scioli, Karina Rabolini, realizó en el Teatro Argentino de La Plata el 11 de abril –la gala “Grandes Heroínas de la Ópera y el Ballet”–, la periodista tuvo la oportunidad de encontrarse con alguien vinculado a la temática.
Quien se presentó personalmente en la gala, fue la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Cau, una de las máximas referentes de la rama femenina de Scioli.
En la introducción de las mujeres, Gabriela le dijo: “qué suerte que te veo, así te hago una pregunta: ¿cuándo van a hacer algo con las chicas que son violadas?”, a lo que Cau le respondió que se hacen muchas cosas, “lo que pasa es que a veces no se dan a conocer”.
“Le expliqué el caso que me toca de cerca, que nunca nadie se me acercó, nunca nadie hizo nada y que lo que hacen debe ser muy secreto. Me dijo que me iba a pasar con una responsable del tema, pero si ella es secretaria ejecutiva algo debería saber y hacer”, expuso.
La paradoja en el trabajo sobre cuestiones de violencia de género, es un hecho repudiable. “Le dije que se trata de sumar, que me parece que los que tienen que hacer y tienen recursos son ustedes y abandonan a la gente a la buena de Dios. No es solamente la víctima, sino todo el grupo familiar. Ella no se lo imagina, hay que vivirlo para entenderlo. A veces no se trata de encarnarse en la tragedia pero hay que ponerse en el lugar del otro, sobre todo cuando es tu trabajo, te dedicás a eso. Si no tenés sensibilidad social, dedicáte a otra cosa”, y a las palabras de Gabriela resta lo que se pueda agregar cuando una autoridad de tamaño organismo responde sin responder.
“El tema es que todos estos funcionarios son traspolados de Capital Federal y caen en esos cargos y no tienen idea de absolutamente nada”, acusa la periodista y explica que Cau –egresada de la UADE– le quiso pasar un número de teléfono para hablar con alguien sobre el caso, que no aceptó. “Le dejé mi número para que, en todo caso, ellos se comuniquen si quieren saber lo que les estoy marcando, cuáles son sus falencias. Me dijeron que me iban a llamar, todavía estoy esperando”.
En una temática tan delicada, que debe ser expuesta y poseer las herramientas para una solución, la lucha se pierde en apariencia cuando los signos por parte de los organismos encargados son, en algún punto, indiferentes.
“Si después de la charla no me llamás por teléfono, ¿qué podés hacer?, lo que podés hacer es que la gente sepa y nada más, no queda otra. Ni justicia podés pedir. ‘Y, no sé, no lo agarran, no hay entrecruzamiento de ADN’, te dicen. Entonces los que tendrían que estar presos siguen libres”, concluye la periodista.
Lo que evidencia este caso es la precariedad en un tema que no puede ser ajeno a las políticas de estado. Las grietas existen y la falta de respuesta no es más que el constante eco del denunciante. Derechos humanos, sí. Compromiso, en los hechos, no.
Por suerte Gabriela y su familia pueden continuar con sus vidas, pero lo ocurrido seguirá siendo una cuestión irresuelta que forma parte de la problemática social en uno de tantos casos.
