La medida mantiene suspendido el artículo 161 (la cláusula de desinversión) de la Ley de Medios Audiovisuales y confirmó que el 7 de diciembre será la fecha límite para que todos los grupos mediáticos se ajusten a la normativa.
Fuentes judiciales indicaron que el máximo tribunal rechazó “in limine”, sin tratamiento, el pedido del grupo empresario y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial federal para que se expida sobre la cuestión.
El ministro de Justicia, Julio Alak, calificó la presentación de los abogados del conglomerado empresario como “un intento para conseguir una cautelar eterna”.
Por su parte, el senador kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura, Marcelo Fuentes, tildó la conducta del Grupo Clarín como “sedición”.
El Grupo Clarín presentó además el pasado jueves, una denuncia penal por “incitación a la violencia y coacción agravada” contra periodistas, agrupaciones y funcionarios nacionales.
La denuncia fue hecha tras los dichos públicos de funcionarios que señalaron que el diario “atenta contra la democracia” y está “detrás” de supuestos boicots contra Cristina Fernández de Kirchner.
La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva” por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.
El grupo de Héctor Magnetto extendió su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
Por su parte, trabajadores de prensa, funcionarios, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y agrupaciones de prensa repudiaron la demanda penal.