A días del 7 de diciembre, en que entra en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín hizo la denuncia tras dichos públicos de funcionarios que señalaron que el diario “atenta contra la democracia” y está “detrás” de supuestos boicots contra Cristina Fernández de Kirchner.
La presentación se suma a la realizada por el Grupo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de Medios, que vence el 7 de diciembre.
La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva” por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.
En tanto, el grupo de Héctor Magnetto extendió su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
El escrito también señaló al jefe del bloque de legisladores porteños del FPV, Juan Cabandié, al diputado nacional Edgardo Depetri también recayó la acusación, además de integrantes de las agrupaciones La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita.
“Hay un autor ideológico que está generando un mensaje demonizando al Grupo Clarín. Se empieza a decir que el Grupo Clarín está detrás de reclamos de militares. Después aparecen funcionarios como el ministro de Justicia que dice que Clarín presiona jueces. Luego el secretario de Legal y Técnica (Zaninni) que dice que Clarín atenta contra la democracia. Luego el presidente de Afsca dice que el grupo no cumple con la ley”, dijo Hugo Wortman Jofré, uno de los abogados patrocinantes de la denuncia.
“Nombramos a los periodistas como propagadores”, especificó el abogado y aclaró que Clarín se presentó como “denunciante”. “Si hubiéramos querido una persecución nos hubiéramos presentado como querellantes. No estamos denunciando a estos periodistas por instigación al delito, lo que queremos es que vengan y que expliquen quién les dijo que Clarín estaba detrás de los reclamos de Gendarmería”, agregó en diálogo con FM Latina.
Por otra parte, el CELS informó hoy que asumirá la defensa de los periodistas. La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier.
La denuncia penal, que se tramita en la causa 12383/2012, recayó en el Juzgado Federal 9. En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estimaron que “los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada”, prevista en el artículo 149 bis del Código Penal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), asumirá la defensa de los periodistas acusados y afirmó que “no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado”. “Para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión”, explicaron desde el organismo.
La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier.