Saín explicó que la propuesta del Gobierno provincial, antes que generar una herramienta para reducir el circuito ilegal de armas de fuego implica “una reforma procesal penal al régimen de excarcelación, con este instituto de la prisión preventiva como instrumento de política de seguridad”. “Proponen la ilusión de que el endurecimiento del Derecho Penal disuade crímenes y evita la comisión de delitos, pero nada dicen en materia de generación de estrategias en políticas de seguridad”, señaló Saín. El legislador de NE también señaló que el proyecto aprobado ayer en Diputados tampoco precisa “aquello que debería ser una pública de seguridad democrática que es la gestión social de la seguridad y la intervención sobre las condiciones sociales que favorecen situaciones de violencia”.
En ese sentido, remarcó que el proceso de reformas procesales penales concretado en la Provincia desde 1990 hasta la fecha “no ha generado ninguna incidencia sobre el fenómeno criminal y tampoco creó pautas de prevención del delito”. Saín aseveró que “esta degeneración sustancialista de la prisión preventiva sí ha provocado un aumento masivo de la prisionización y del hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense”.
De acuerdo a los datos publicados por el Anuario Estadístico de la Dirección de Estadísticas de la Provincia, entre 2004 y 2011 –en el mismo período en que se producían las reformas procesales -hubo un incremento del 23% de la población carcelaria en territorio bonaerense. En 2004 había 22.576 personas detenidas (el 85% de ellas con prisión preventiva); en el 2009 esa población pasó a ser de 24.094 detenidos (71% con prisión preventiva); para 2011 se registraron 27.811 personas detenidas. “El sistema penal de la Provincia es un sistema clasista que solo criminaliza delitos cometidos por sectores populares, y es peor aun ya que se criminaliza a sectores, que sin cometer ningún tipo de infracción penal, son estigmatizados”, enfatizó Saín.
“Lo que nos propone el Ejecutivo es manifiestamente inconstitucional, por muchas razones. Una de ellas es que (la portación ilegal de armas) es un delito de peligro abstracto”, indicó el legislador. “Por donde se lo mire, es inconstitucional y violatorio de la división de poderes”, sentenció.
Saín indicó que el proyecto de Denegación de Excarcelaciones del Ejecutivo provincial no desarrolla estrategias de control de armas y de violencia armada. El Bloque Nuevo Encuentro presentó un Proyecto de Ley de prevención de la Violencia Armada en la Provincia que contempla la confección de un diagnóstico del mercado ilegal de armas y de la violencia armada; la creación de una agencia estatal especializada (similar al RENAR) para promover, coordinar y realizar el seguimiento de las políticas en materia de armas de fuego; la creación de un sistema provincial automatizado de identificación balística y acciones de control y destrucción de armas de fuego controladas por el Estado.
