Con chaleco antibalas y con fuertes medidas de seguridad que incluyen su custodia por parte de la Gendarmería, quien fuese noticia hace dos semanas por permanecer un día entero cautivo, se refirió a lo que rodea al mundo de los ferroviarios, diciendo que “todo este armado de patotas y bandas viene de hace mucho tiempo”. La declaración fue muy breve, a tal punto que Severo expresó que “tenía mucho más para decir”.
En ese sentido, en declaraciones a la prensa dijo que ”me voy conforme con las declaraciones mías, lo que pasa es que pensaba aportar mucho más, pero el tribunal aparentemente necesita algunas otras cosas para seguir en la causa”.
Severo fue gerente de la empresa Ferrobaires y se presentó voluntariamente a declarar un día después del crimen de Ferreyra, el 20 de octubre del 2010, luego de que su casa fuera baleada, y culpó del hecho al secretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
En aquella declaración, dijo que fue convocado por un delegado a impedir el corte de la vías que planeaban los tercerizados con apoyo de militantes del Partido Obrero, como Ferreyra, y que el grupo de la Unión Ferroviaria guardaba armas en un galpón de la estación Constitución.
El 3 de octubre, Severo declaró que fue amenazado para que “me deje de joder con el ferrocarril, que ni la Policía, ni los derechos humanos, ni la Presidenta me iban a salvar” y que “el mensaje no fue para mí, fue para la Presidenta”.
En la causa son juzgados diez integrantes de la patota ferroviaria, entre ellos Pedraza, su adjunto Juan Carlos Fernández y siete policías acusados de no hacer nada para evitar el asesinato del dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y militante del Partido Obrero (PO).
Ferreyra murió el 20 de octubre de 2010 en una manifestación de trabajadores tercerizados donde exigían el pase a la planta permanente en la Línea Roca, producto de un disparo en el pecho después de la represión de un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria.