Este jueves se concretará la presentación dirigida a Manuel Urriza, presidente del Consejo, a quien le solicitan que evalúe “el mal desempeño” de la jueza y que “analice si la conducta de la magistrada amerita sanciones o un juicio político”.
Rustan de Estrada, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, decretó como medida cautelar de no innovar la suspensión del aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro centro de la Ciudad de Buenos Aires, tras dar lugar a un amparo de una organización católica en contra de la práctica.
Por su parte, en conversación con Radio Provincia, el legislador porteño Alejandro Bodart dijo que hay que iniciar “de inmediato juicio político a la jueza” que intervino “ilegalmente” y obstaculizó la interrupción de embarazo a una mujer violada y víctima de trata de personas.
El diputado de MST-Proyecto Sur explicó que hubo “muchas irregularidades por parte de la justicia, porque cuando se presenta la ONG en el fuero de Capital, el amparo es rechazado y eso tendría que haber sido suficiente para seguir con la interrupción del embarazo”.
Sin embargo, “como siempre en la justicia hay alguno que se ofrece, de manera ilegal, para entorpecer este tipo de casos, una jueza nacional se ofreció sin pasar por ningún sorteo para hacer este amparo que es violatorio de todo, primero porque pasa por arriba de un fallo que ya estaba y va en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
Por eso, “hicimos una presentación para que se confirme el primer fallo revocando el amparo y que el caso pase a la Corte para que resuelva rápidamente”, traspaso que ya se formalizó y se aguarda la resolución del máximo Tribunal.
El texto de la denuncia que lleva la firma de diputados y legisladores, calificó como “una aberración jurídica” el fallo de Rustan de Estrada “en tanto y cuanto desconoce un pronunciamiento en sentido contrario” dictado por Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de esta ciudad”, que se rehusó el 5 de octubre al amparo de la Asociación Pro Familia.
Además, consideró “inadmisible el fallo, que podría constituir la comisión de un delito” porque “enfrenta de forma insólita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.