Frenó la expansión de la red de fibra óptica y suspendió proyectos. Por el estancamiento salarial, el 25% del personal calificado dejó la empresa estratégica.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el ajuste pegó duro en ARSAT y se encuentran prácticamente paralizados todos los proyectos que estaban vigentes hasta 2023 en cada unidad de negocios: la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica, el Plan Satelital Geoestacionario, la ampliación del Centro de Datos y el mantenimiento de la Televisión Digital Abierta.
Desde el gobierno reiteran que las iniciativas previstas para este año están en marcha y desmienten la implementación de un plan de retiros voluntarios en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., más allá de “acuerdos particulares” entre la compañía y el personal.
“Para 2025 se planea la continuidad del proyecto ARSAT-SG1, la actualización tecnológica de la Red Federal de Fibra Óptica en su tercera etapa y proyectos relacionados con el aumento de la ciberseguridad y resiliencia de datos en el Datacenter Benavídez”, respondió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe de gestión ante el Senado.
Sin embargo, trabajadores de las distintas áreas de ARSAT denuncian que los proyectos existentes se frenaron y que la empresa perdió un 25% de su planta, en su mayoría personal calificado que aceptó los retiros voluntarios ofrecidos debido al congelamiento salarial.
Temen, además, por la continuidad de la Televisión Digital Abierta, la cuarta unidad de negocios de ARSAT, que ni siquiera es mencionada por el jefe de Gabinete en sus informes.
La construcción y ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) se destaca por ser una de las políticas públicas de telecomunicaciones escasas que logró saltar la grieta a lo largo de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Actualmente, según advierten, peligra su continuidad con Milei, quien prefiere acordar con el magnate Elon Musk, de Starlink. A un año y medio de gestión, la Refefo no registra un kilómetro de avance.
“Los proyectos que existían se frenaron. El objetivo de ARSAT siempre fue avanzar con la Red, que ya tiene un grado de penetración bastante alto. Había un proyecto específico, que estaba en marcha en marzo de 2023 para conectar 100 nuevas localidades a las que no llega ningún otro proveedor, y se frenó”, confirma a Letra P un ingeniero que trabaja en el área de infraestructura de la Refefo.
La red federal de internet se creó en 2010 el marco del Plan Argentina Conectada, durante el primer gobierno de CFK, con el objetivo de subsanar los desequilibrios regionales en materia de acceso a redes de alta capacidad de transmisión, por medio del tendido de fibra óptica en zonas geográficas a las que no llegaban los grandes operadores privados.
En cinco años se construyó el 95% de la obra civil troncal que recorre el territorio argentino, iluminando unos 8.000 kilómetros.
La ampliación continuó durante el gobierno de Macri, en lo que se denominó el Plan Federal de Internet, por medio de la iluminación de las redes troncales que superaron los 30.000 km y la instalación de nodos de acceso en distintas localidades del país.
Entre 2020 y 2023 se lanzó el Plan Conectar, con el que se destinaron inversiones para la actualización tecnológica de la Red y se iluminaron 928 kilómetros nuevos. Así, se llegó a los 32.804 km en el país durante la administración albertista.
Estos números no se modificaron desde entonces. La información oficial aún consigna los resultados de la gestión anterior: 32.804 km de fibra iluminada, 1.129 localidades y 17.870.608 de personas conectadas.
La Red está operativa, llega a más de mil localidades en el país y recibe nueva clientela que se conecta a los nodos de ARSAT para llevar conectividad a hogares argentinos. No sólo precisa de ampliación, sino también de mantenimiento y actualización permanente.
“El equipamiento tecnológico a veces falla, hay routers y fibra óptica que reparar, y todo esto requiere de inversión constante, que es lo que lo que no existe en este momento. Como frenaron las compras de todo tipo, se armó un plan para apagar algunos sitios operativos y usar sus repuestos en otros, lo que nosotros en la jerga interna le decimos ‘caranchear’. Pero es una sábana corta, porque en realidad están sacando de la misma Red”, lamenta un trabajador del área de infraestructura de ARSAT.
El pasado 8 de julio el personal de ARSAT protagonizó una nueva jornada de protesta en la estación de Benavídez, para reclamar por las políticas de ajuste del gobierno libertario.
Cuando asumió Milei, en diciembre de 2023, se les rechazó la suma de un pago único que habían recibido en noviembre y que debía ser parte de la escala salarial de diciembre. Se desconoció, además, el acuerdo paritario del gremio de telecomunicaciones.
Desde entonces, quienes trabajan en ARSAT reclaman por la deuda paritaria acumulada y por la actualización salarial, con sueldos congelados desde agosto de 2024. Esto significó un atraso del 42% en los salarios respecto de las paritarias del sector y una pérdida de poder adquisitivo del 294,4% con respecto al IPC desde julio de 2023.
En este contexto, con proyectos paralizados y salarios depreciados, unos 170 trabajadores aceptaron los retiros voluntarios ofrecidos por la empresa. Se trata del 25% de la planta total de ARSAT, en su mayoría personal técnico formado en la compañía estatal.
“Es muy difícil retener compañeros en áreas en las que no tienen tareas asignadas o aquellos que tienen que viajar al interior para hacer reparaciones y el viático ni siquiera les alcanza. Los que quedamos seríamos el núcleo duro, los que queremos que ARSAT siga vigente y protegerla lo más posible para cuando se nos activen los créditos poder volver a reflotar todos los proyectos”, explica Ezequiel Mc Govern, del área de innovación del Datacenter.
El sindicato Foetra presentó una demanda laboral contra la empresa, que ya lleva más de un año y aún se encuentra a la espera de definiciones en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°48.
El reclamo fue elevado también a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la CONSITEL, que nuclea a los gremios de telecomunicaciones del país. Los trabajadores denuncian la violación de los derechos sindicales por parte del gobierno argentino, al desconocer el derecho a la negociación colectiva, libre y autónoma.
