La caída de los contratos y la falta de pago dejan a las empresas en default. El impacto laboral y las alternativas provinciales para reactivar los proyectos.
Lejos de vislumbrar alguna señal positiva del gobierno de Javier Milei que indique que el derrumbe está cerca de concluir, las constructoras de obras públicas se aprestan a encarar el segundo trimestre del año sin esperanzas de reactivación a corto plazo y en medio de una situación económica y financiera cada vez más crítica.
Con la mayor parte de los trabajos paralizados desde mediados de noviembre del año pasado y sin haber podido cobrar ni un peso de las obras terminadas y certificadas en lo que lo va de la administración libertaria; unas 150 empresas de diferentes provincias solicitaron la convocatoria preventiva de acreedores, al no contar con fondos suficientes para poder pagar los sueldos del personal y las facturas atrasadas con proveedores y subcontratistas.
El creciente malestar de las constructoras se vio potenciado en las últimas semanas por la falta de respuestas de los organismos nacionales a los planteos administrativos y reclamos de pago que han presentado para tratar de entablar una negociación que evite la judicialización del conflicto originado por la interrupción abrupta y arbitraria de los contratos de obras públicas que dispuso la gestión libertaria tras su desembarco en la Casa Rosada.
El malhumor empresarial ni siquiera se vio aplacado tras la promesa de reactivar las obras que cuentan con financiamiento externo que el ministro del Interior, Guillermo Francos les hizo el martes a los gobernadores del Norte Grande como moneda de cambio al apoyo de la nueva ley ómnibus que está tratando en la Cámara de Diputados.
En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), los ánimos también están caldeados. En la última reunión de la comisión directiva realizada el lunes, la mayoría del empresariado del interior cuestionaron con duros términos la actitud "totalmente pasiva" que mostró el titular de la entidad, Gustavo Weiss, ante el presidente Milei en el encuentro que mantuvo con el Grupo de los Seis el viernes pasado en la Casa Rosada.
Fuentes empresariales dijeron a Letra P que al titular de Camarco le reprochan que haya tratado de aclarar su situación personal con Milei, en lugar de plantear los problemas del sector y rechazar las acusaciones de corrupción que el primer mandatario viene haciendo contra las constructoras para justificar la caída de los contratos y la falta de pago de las obras que estaban en ejecución.
Una prueba cabal del momento crítico que atraviesa la actividad se reflejó en el último Informe de Coyuntura que difundió el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y que subrayó varios datos negativos:
Mientras tanto los gobiernos provinciales, que también afrontan la escasez de fondos propios y el recorte de las transferencias nacionales, comenzaron a buscar alternativas para no tener que frenar por completo las obras públicas.
En Mendoza, la administración de Alfredo Cornejo decidió reducir en un 50% el ritmo de avance de las obras en curso para poder estirar los pagos al doble del tiempo previsto originariamente. De esta manera, las obras viales y de construcción de viviendas que tenían plazos de ejecución de cinco meses, ahora deberán ralentizar los trabajos para poder concluirlas y cobrar los certificados a lo largo de diez meses.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio logró que el Senado le aprobara el proyecto de ley que declara el “estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas”. Una vez que reciba el visto bueno de la Cámara de Diputados, el mandatario entrerriano prevé utilizar esa herramienta legal para renegociar las obras que tiene paralizadas, reprogramar los incumplimientos fiscales que arrastran las constructoras y liquidar los certificados de obras atrasados con un bono provincial a mediano y largo plazo.
