La reapertura de los juicios contra los genocidas en nuestro país fue un logro del movimiento de derechos humanos y el campo popular, que reclamó con persistencia el fin de la impunidad y desplegó un sinfín de estrategias políticas y jurídicas hasta lograr la anulación y posterior inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Desde entonces, la irrupción de las organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares en la escena judicial como querellantes, es decir con autonomía respecto de la acusación estatal, permitió una inédita visibilización de sus demandas políticas y jurídicas.
Entendiendo que los juicios son un escenario privilegiado para la disputa por los sentidos del pasado y la construcción de memoria, podemos afirmar que el impulso de las querellas contribuyó significativamente a desplazar la teoría de los dos demonios como marco de interpretación mayoritario, no solo en la contextualización jurídica de los hechos juzgados y las decisiones judiciales, sino, particularmente, en la interpretación social de la dictadura y sus consecuencias.
En su lugar, se expresó otra memoria que hace eje en la transformación con sentido regresivo de las relaciones sociales llevada adelante por los sectores de poder a través del exterminio de una parte de la población, percibida como quienes podían afectar sus intereses de clase. En particular, integrantes de los movimientos obrero y estudiantil organizados, de organizaciones sociales, políticas y político-militares. En términos jurídicos, esa memoria se expresó más acabadamente a través de la acusación por genocidio, un término que tiene la potencia de reflejar la construcción realizada por el campo popular desde el momento mismo en que se desató la represión dictatorial. La carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar es buena prueba de ello.
Las demandas expresadas por las querellas en el espacio judicial y las implicancias discursivas de la irrupción de esta memoria generaron múltiples consecuencias en términos de juzgamiento. Desde la ampliación de la mirada hacia las responsabilidades civiles, económicas y políticas, hasta la demanda de políticas públicas de protección y cuidado de las personas testimoniantes. Estas últimas, potenciadas por la desaparición forzada de Jorge Julio López durante la finalización del primero de los juicios de este nuevo ciclo de justicia, aquel que lleváramos adelante en 2006 contra el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, un evento que puso en evidencia la persistencia de redes de poder en manos de los responsables del genocidio.
Los y las querellantes hemos tenido que enfrentar las lógicas burocráticas de la justicia, las resistencias de la derecha política y los sectores de poder y, lo que no resulta menor, al paso del tiempo.
Desde los inicios de este ciclo de juzgamiento, los y las querellantes hemos tenido que enfrentar múltiples obstáculos debidos, entre otros factores, a las lógicas burocráticas de la justicia, a la falta de planeamiento del juzgamiento, a las resistencias de la derecha política y los sectores de poder y, lo que no resulta menor, al paso del tiempo. Algunos de ellos eran conocidos o fueron previstos por las querellas desde el inicio del proceso, otros fueron imprevisibles. Frente a los primeros se ensayaron estrategias que buscaron evadirlos o mitigar sus efectos. En el caso de los segundos, se buscaron respuestas sobre la marcha. Hoy, 17 años después de iniciado este ciclo de juzgamiento, muchos de esos problemas persisten a pesar de los esfuerzos realizados y de los muchos logros obtenidos.
El tiempo y su efecto en la finitud de la vida de las víctimas sobrevivientes, de familiares y en los propios genocidas fue una preocupación desde el inicio. En un principio, la realización de juicios por centro clandestino o circuito represivo con la mayor cantidad de casos y genocidas posible, en lugar de juicios por casos puntuales, vino a dar respuesta a esta preocupación. Sin embargo, el paso implacable del tiempo nos situó frente a lo que denominamos “impunidad biológica”, esta suerte de carrera contra el tiempo que implica llevar adelante estos procesos tanto tiempo después de ocurridos los hechos. Hoy, con genocidas que promedian los ochenta y más años, muchos procesos culminan con la muerte o la incapacidad para estar en juicio.
Los procesos siguen prolongándose más tiempo de lo debido. La lentitud de las investigaciones en la etapa de instrucción de las causas, la recurrencia en la imputación de las mismas personas o en la investigación de los mismos hechos, las demoras en la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia para resolver recursos y confirmar sentencias han sido caracterizadas por las querellas como una suerte de “obediencia debida judicial”: una resistencia al juzgamiento ejercida desde una parte del Poder Judicial que se traduce en una lentitud ofensiva para quienes han esperado tantos años de justicia.
Se trata de un Poder Judicial que se mostró permeable al discurso negacionista y clausurante que se extendió en la sociedad a partir de la gestión de Cambiemos, caracterizada por el desmantelamiento de las políticas públicas que se habían construido para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de juzgamiento, la profundización de la tendencia al otorgamiento de prisiones domiciliarias a los genocidas, la creación de una cárcel VIP en Campo de Mayo y el retroceso en las causas de responsabilidad empresarial, entre las cuales la del recientemente fallecido Carlos Blaquier resulta la más conocida pero no la única.
Macri Corte suprema
Un Poder Judicial que se mostró permeable al discurso negacionista y clausurante que se extendió en la sociedad a partir de la gestión de Cambiemos
Es necesario llamar la atención respecto a que el cambio de gobierno puso fin al discurso oficial negacionista, pero sus efectos persistieron en sectores de la sociedad y del Poder Judicial. No se logró -tampoco apareció como una meta central del proyecto del gobierno actual- revertir la desarticulación de los espacios estatales creados para acompañar estos procesos.
Como en todos los ámbitos de la vida, la pandemia de covid-19 produjo efectos en los juicios. Desde el Poder Judicial, pero también desde el Servicio Penitenciario Federal, se alentó el otorgamiento, al inicio de la cuarentena, de prisiones domiciliarias. Por otro lado, la necesidad de dar continuidad a los juicios en curso e iniciar los que estaban en espera llevó a una virtualización de las audiencias que, si bien permitió resolver en el corto plazo el problema de la continuidad y amplió las posibilidades de visualización de los juicios, hoy se manifiesta como un problema en tanto implica la disolución de la escena de justicia, afectando profundamente el rol reparador que implican los juicios. Pasado el auge de las plataformas virtuales y habiendo retornado todos y todas mayoritariamente a la vida presencial, la justicia parece haber encontrado, en la virtualidad, un medio para mantenerse alejada del control popular.
Pasado el auge de las plataformas virtuales y habiendo retornado todos y todas mayoritariamente a la vida presencial, la justicia parece haber encontrado en la virtualidad un medio para mantenerse alejada del control popular.
En el caso de La Plata, el juicio Brigadas Banfield Quilmes Lanús, iniciado en 2020, continúa de manera virtual a un ritmo de media jornada una vez por semana, provocando, además, sucesivas postergaciones de los que están en espera. Desde su inicio, han fallecido seis de los 18 imputados.
A pesar de todo esto, el movimiento de derechos humanos y el campo popular en su conjunto han dado múltiples y significativas batallas para el juzgamiento, demostrando que el consenso logrado en torno al “nunca más” es un punto fuerte de nuestro pueblo, como quedara demostrado con las movilizaciones contra el “2x1” de la Corte y en los intentos de otorgarle la prisión domiciliaria a Etchecolatz en 2017.
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No al 2x1. Una movilización masiva repudió EN Plaza de Mayo el fallo de la Corte Suprema que flexibilizó la condena a un genocida.
Además, ha sabido continuar ampliando el horizonte de juzgamiento a partir de la recepción de la perspectiva feminista, lo que ha significado el impulso de nuevas causas por delitos sexuales y, también, significativos debates en torno a las mujeres y las disidencias en los centros clandestinos y el mejor modo de abordar estas problemáticas en el marco de una institución como la justicia, tan poco propensa a pensar en las víctimas.
Finalmente, la perspectiva de continuar reclamando justicia y la necesidad de seguir disputando sentidos en torno al período del genocidio dictatorial nos colocan en la necesidad urgente de debatir cómo continuar en este escenario descripto, cómo construir discursos públicos que resulten significativos para las próximas generaciones.
