Una pelea por contratos para imprimir billetes derivó en un reclamo del Banco Central por 30 millones de dólares contra aseguradoras privadas.
Una demanda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el incumplimiento de contratos de Casa de Moneda encendió preocupación entre las aseguradoras. El organismo reclama que siete compañías paguen 30,5 millones más intereses por la ejecución de seguros de caución emitidos para garantizar anticipos destinados a la impresión de billetes.
El expediente tiene una particularidad que alimenta el malestar en el sector: el conflicto se originó entre dos actores públicos, pero la judicialización coloca el costo potencial sobre una serie de compañías privadas que participaron de las pólizas bajo un régimen de coaseguro encabezado por Nación Seguros.
Si bien fuentes de Casa de Moneda aseguran que el reclamo judicial “no va a tener curso” y que la controversia terminará resolviéndose por vía interadministrativa, el conflicto puso en alerta al mercado.
Sobre todo, porque esa versión profundiza los cuestionamientos de las compañías, que sostienen que aun si el Estado encuentra finalmente una solución puertas adentro, las aseguradoras ya cargan en sus balances la contingencia abierta por la demanda.
El origen de la disputa se remonta a tres contratos celebrados por el BCRA con la entonces Sociedad del Estado Casa de Moneda, actual Casa de Moneda S.A.U., el 15 de enero de 2021, 10 de septiembre de 2022 y 23 de febrero de 2023, para la provisión de billetes terminados en distintas denominaciones y cantidades.
De acuerdo con la presentación judicial, en el marco de esos acuerdos el Banco Central giró anticipos por un total de USD 65.293.000, respaldados mediante pólizas de seguro de caución. El objetivo de las garantías era asegurar la devolución de esos fondos en caso de que la parte de los contratos correspondiente a esos anticipos no fuera ejecutada.
El BCRA sostiene que Casa de Moneda incurrió en sucesivos incumplimientos de los cronogramas de entrega previstos para las distintas partidas. La demora, según argumentó en el expediente, generó dificultades logísticas y riesgos para la cobertura de la demanda de efectivo del sistema financiero.
Después de una serie de intercambios entre ambos organismos, el directorio del Banco Central dispuso el 25 de octubre de 2024 la rescisión parcial de los contratos. Posteriormente intimó a Casa de Moneda para que restituyera los anticipos correspondientes a los billetes que no habían sido entregados.
La demanda destaca que el interventor de Casa de Moneda reconoció haber sido notificado de la rescisión y expuso la delicada situación económica de la empresa, aunque sin devolver los fondos reclamados. Ante esa negativa, el Banco Central decidió avanzar sobre las garantías.
En marzo de 2025, el BCRA intimó a Nación Seguros, en su condición de compañía piloto del esquema de coaseguro, y al resto de las aseguradoras participantes. Después de un intercambio de documentación y pedidos de aclaraciones, las compañías rechazaron la cobertura y el Banco Central abrió la instancia judicial.
El monto definitivo reclamado asciende a USD 30.504.547,89 más intereses. Entre las compañías alcanzadas se encuentran Nación Seguros, Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros, Gestión Compañía de Seguros, La Holando Sudamericana, Aseguradora de Créditos y Garantías, La Meridional, Crédito y Caución y Finanzas y Crédito S.A.
En el mercado explican que la apertura del litigio tiene efectos antes de que exista una sentencia. Las aseguradoras involucradas deben evaluar y registrar, en la proporción correspondiente a su participación, la contingencia derivada de una eventual resolución desfavorable.
“Este es el daño del sector público al sector privado”, resumió una fuente con amplio conocimiento del mercado asegurador. Según explicó, el efecto puede traducirse en mayores exigencias de capital para algunas compañías y, dependiendo de la situación patrimonial de cada una, en la necesidad de realizar aportes adicionales.
A eso se suma el costo propio del litigio. En el sector estiman que honorarios, costas y otros gastos judiciales pueden representar hasta un 30% adicional sobre las sumas en discusión, un componente que eleva la exposición de las aseguradoras más allá del monto nominal de las cauciones.
El impacto no termina en los balances. Las compañías advierten que un siniestro de esta magnitud también puede modificar las condiciones con las que negocian sus próximas renovaciones de reaseguro, buena parte de ellas contratadas con operadores del exterior.
“Es grande y significativo, impacta en todo el mercado”, advirtió la misma fuente. Una mayor siniestralidad puede derivar en sobretasas o precios más elevados en futuras contrataciones. “Todos los reaseguradores del exterior en la próxima renovación van a cobrar más caro”, agregó.
El episodio también puede modificar las condiciones con las que Casa de Moneda acceda en el futuro a nuevas garantías. “Hasta ahora tenía la tasa mínima porque tenía un riesgo nulo o muy bajo. A partir de ahora ha demostrado que el riesgo es superior”, explicó la fuente. En el escenario más extremo, algunas aseguradoras o reaseguradores podrían directamente dejar de tomar ese riesgo.
La judicialización abrió además interrogantes en el sector sobre la decisión del Banco Central de llevar a los tribunales una controversia nacida dentro del propio Estado, sobre todo después de que fuentes oficiales aseguraran que el conflicto terminará resolviéndose por vía interadministrativa.
Otra fuente con amplio conocimiento del negocio consideró que el litigio puede agregar hasta un 30% de gastos y honorarios y planteó que la decisión termina habilitando un negocio para los estudios jurídicos involucrados.
El seguro de caución para garantizar anticipos financieros es una herramienta habitual de la contratación pública. En este caso, la inquietud está puesta en el volumen del reclamo y en el impacto que una disputa entre organismos públicos ya produce sobre los balances y los costos de las aseguradoras privadas.
