Una fuerte apuesta de Macri

Soterramiento del Sarmiento: en Brasil nadie le quiere poner la firma al préstamo

Hay crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de ese país. Pero la crisis política de Dilma lo puso en stand by. La tunelera arrumbada en Haedo. La sociedad Báez-Calcaterra.

Una mega obra atrasada que podría ponerse en marcha con una tasa de financiamiento del 5% a 12 años, con dos años de gracia. No hay que ir a buscarla a China, alcanza con cruzar la frontera al norte, hacia Brasil. El siempre postergado soterramiento del ex ferrocarril Sarmiento, que tiene un esquema de financiamiento externo difícil de conseguir para Argentina en otros frentes, iba a ser relanzado en septiembre por el Gobierno, pero la crisis política que atraviesa el país vecino pusieron en un stand by sin fecha de cancelación el avance del préstamo. Es que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) iba a otorgar la mitad de un monto total de 500 millones de dólares; el resto se financiaría con fondos locales de los organismos ferroviarios. El beneficio con los brasileños llegó luego del acceso, en el año 2012, de Odebrecht como cabeza de la UTE de la obra.

 

Lo cierto es que hoy, con Brasil sumido en la mega causa de corrupción Lava Jato, todo derivó en problemas económicos y políticos que no clarifican el panorama: no se sabe si la presidenta Dilma Rousseff seguirá en el cargo o si avanzará el juicio político en su contra; tampoco se conoce con precisión qué ocurrirá si el hoy vice y titular del Partido del Movimiento Demócrata Brasileño, Michel Temer, asumirá en lugar de la jefa de Estado. Ni siquiera si el propio Temer durará en el cargo con un Parlamento en llamas, convencido de que tiene que ejercer el poder a cualquier precio, aún con más de tres años de gobierno por cumplirse por parte de Rousseff.

 

Todo este escenario hace que hoy ninguna autoridad se anime a ponerle la firma al crédito para el Sarmiento. Pero hay más: no sólo el crédito está aprobado por el directorio del BNDES, sino que además Brasil –en su rol de socio estratégico de Argentina- tiene disponibles para el país créditos por 9.000 millones de dólares extras al dinero para el Sarmiento. Esos fondos, que deben destinarse a obras, también están trabados por la misma causa.

 

El convenio incluye, por razones obvias, una exigencia de los brasileños: para las obras que se hacen con dinero del BNDES es obligatorio que los países contraten un 60% de  bienes y servicios asentados en Brasil, sean o no empresas brasileñas. Así, se fomenta el empleo y la tributación en el mismo lugar que aporta el crédito, creando un círculo virtuoso de retorno de los fondos.

 

Los trabajos en el tren que conecta el oeste del Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires fueron anunciados infinidad de veces desde su primera adjudicación, en 2008. La obra tuvo constantes problemas de caída en financiamiento externo. El primer préstamo fallido fue del Crédit Suisse. En febrero de este año, el presidente Mauricio Macri recorrió el obrador de Haedo junto a un visitante europeo. Acompañado, además, por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el premier italiano Matteo Renzi caminó por la zona del pozo y observó la tunelera alemana que compró el Estado nacional y que está estacionada hace varios años. La máquina es un lujo: mientras viaja a 22 metros de profundidad, planta dovelas, placas de hormigón gigante y deja el pozo listo para que se coloquen las vías. En el lugar, se instaló además una especie de gran galpón donde se fabrican estas placas. Hoy, ese sitio, inmenso como un hipermercado, está parado, justamente, por falta de financiamiento brasileño.

 

La llegada de Renzi, vendida como el relanzamiento de una relación de negocios entre Argentina e Italia, fue en realidad un gesto de Ghella, la empresa italiana que integra la UTE junto a Odebrecht, Comsa e Iecsa. Esta última, propiedad del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, ha sido noticia en los últimos días: en primer lugar, el empresario quiere vender su compañía para evitarle disgustos al Presidente. Se la vendería a Ghella, con la que ya es socia en el conglomerado ODS. Además, en el marco del caso Báez, los constructores tienen los pelos de punta y saben que, en un sector cartelizado y oscuro, cualquiera puede quedar vinculado. De hecho, el propio Lázaro Báez, en el escrito presentado el jueves ante el juez Sebastián Casanello, pidió que declare Calcaterra. Es que Iecsa, de Calcaterra, participó junto a la firma de Báez (Austral Construcciones), Chediak (del actual presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak), la china Sinohydro y Esuco (del ex presidente de la Camarco Carlos Wagner) en una UTE para quedarse con las represas Néstor Kirchner Jorge Cepernic. Los préstamos de esa UTE son los que están hoy bajo la lupa en el caso de presunto lavado de activos. Luego, la obra la obtuvo el tándem de otra empresa china con la cordobesa Electroingeniería.

 

Lo cierto es que, más allá de intentos del Gobierno de trocar crédito brasileño por crédito de otros lugares del mundo, es complejo para el país –aun con el conflicto resuelto con los fondos buitre- obtener dinero a tasas tan convenientes como las brasileñas. Los que conocen el paño aseguran que, si se cayera el financiamiento brasileño, habría que echar mano a otras alternativas, como el desvío de fondos de organismos multilaterales para culminar una obra que el macrismo quiere colgarse como una medalla.

 

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