La Legislatura recibió a autoridades de las principales ciudades. Quién persigue las faltas, con una Justicia colapsada, en el centro del debate.
El proyecto para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe entró en un nuevo proceso de discusión dentro de la Legislatura. Representantes de los gobiernos de las principales ciudades estuvieron el pasado miércoles en la capital provincial pidiendo que la iniciativa avance. Sin embargo, subyace una discusión de fondo sobre las competencias.
Pasado ya un mes y medio desde la sanción que obtuvo en el Senado, la legislación para ir contra la actividad de los cuidacoches se debatió en la comisión de Seguridad Pública de Diputados.
Los legisladores recibieron a referentes de las ciudades más grandes de la provincia -donde está el foco del problema-, quienes presentaron datos y pusieron especial atención sobre el artículo cuatro del proyecto. Ese punto establece quién es el que se hace cargo de la persecución de este tipo de faltas.
Fueron seis las ciudades que dijeron presente: Rosario, Santa Fe, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Rafaela. Estuvieron los secretarios de Control de las cuatro primeras y los intendentes de las dos últimas, Miguel Weiss Ackerley y Leonardo Viotti.
Desde la génesis de la discusión se sabe -y así lo han planteado distintos legisladores de ambas cámaras- que el problema de los cuidacoches alcanza principalmente a los grandes centros urbanos.
Según lo que pudo recoger Letra P, el tono de la reunión fue amable, aunque quedó la sensación de que la discusión no se saldará fácilmente.
"Fue una reunión positiva. Las ciudades quieren avanzar", sostuvieron desde todo el arco político. Las distintas voces consultadas dejaron entrever que si bien los municipios pidieron por la sanción, las diferencias que surgen en el devenir de un proyecto que ya tiene un año de ingresado asoman no sólo en lo legislativo, sino con los distintos planteos que fueron dándose con los ejecutivos.
“Nadie tiene ganas de sacarla ya. Eso quedó claro hoy”, dijo una voz en Unidos a la que se sumó otra abonando la idea de que “va a tardar un poquito” más allá de lo que se declara públicamente.
En ese marco, algunos observan como tardío el llamado a los municipios, que en definitiva tienen el control del espacio público y que, en términos generales, son los principales interesados en zanjar la discusión. No obstante, de una forma u otra, insisten en el oficialismo que en algún momento la ley se aprobará.
El principal foco de discusión estuvo puesto, como se dijo, en el artículo cuatro. “La acción por las contravenciones establecidas en los artículos precedentes estará a cargo de los Municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos en los términos del artículo 36 de la Ley N 10.703 y modificatorias -Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe-, con exclusión de toda otra autoridad, sin perjuicio de la actuación del querellante particular en su caso”, dice el discutido punto cuatro.
En síntesis, lo que el gobierno provincial había apuntado en su momento es que la carga no esté puesta sobre los recursos provinciales.
“Planteamos que no se vuelque toda la investigación en los municipios, si no que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pueda ayudar. Solos no podemos”, consideró Viotti a Letra P.
Rosario, Santa Fe y la propia Rafaela fueron las ciudades que tuvieron la postura más firme en ese aspecto. Esa mirada colisiona con lo que planteó principalmente la socialista Lionella Cattalini, quien expuso estadísticas que muestran cómo el Poder Judicial está al límite con sus tareas para involucrarse, además, en este tema.
“Implicaría un trabajo mayor para el MPA y para los jueces penales que hoy están tapados de trabajo: hay 600 causas pendientes”, dijo a este medio la diputada. “Hay realidades muy diversas”, agregó.
En esa sintonía también opinó Martín Rosúa, quien preside la comisión. “Ya demasiados problemas tiene el MPA. No podemos tirarle cuestiones contravencionales. Sería una locura pasárselo”, dijo a este medio.
En el formato actual, los municipios deberían sumar un grupo de abogados que lleven adelante los procesos evitando recargar al sistema judicial, que al no tener juzgados contravencionales sobrecargaría los de primera instancia.
“No podemos seguir aumentando los gastos”, explicó Viotti, aunque en la otra vereda analizan que no requeriría de erogaciones extraordinarias.
“¿Cómo no va a poder un municipio tener en su planta cinco o seis abogados que tomen ese trabajo?”, se quejó otro interlocutor de la cámara en estricto off.
Con posiciones disímiles, quien empuja principalmente que la ley se apruebe es el senador rosarino Ciro Seisas, autor de una de las iniciativas. La normativa inicialmente fue modificada en el Senado tras la intervención del gobierno provincial, que la abordó con cuatro ministerios.
En la oposición, las críticas parten de los sectores del peronismo y de espacios como el de Carlos Del Frade.
"El problema es que no tienen que enfrentarse con esto y lo analizan de manera abstracta. No tienen idea los aprietes que hay", sostuvo Viotti. “Si la ley se aprueba así como está, es casi intrascendente su efectividad”, dijo la peronista Lucila De Ponti a medios santafesinos.
En dos semanas la comisión se juntará una vez más para poder analizar lo que dejó el encuentro con los representantes de los municipios. En tanto, algunos intentan acercar posiciones mientras subyace otro tema: la adhesión que deberá tomar cada territorio, algo que también marca la ley.
“¿Por qué deberíamos avanzar si no lo hacen los Concejos?”, reclaman en los pasillos de la Legislatura.
Si bien no son pocos los que ponen al socialismo como responsable del principal freno para que avance, el derrotero de la ley, primero con las modificaciones del gobierno provincial y ahora con distintas autoridades municipales poniendo el ojo sobre parte de la normativa, hacen ver que las discusiones son múltiples.
“Nadie está del todo convencido”, concluyen algunos. Las próximas semanas, tras el delay del último mes y medio, servirá para demostrar si pueden acercarse las distintas posturas y se avanza con la ley.
