Tras meses de conflicto institucional, el intendente recuperó el cargo. Ahora proyecta cambios y acciones contra quienes impulsaron su suspensión.
Marcelo Román prepara su revancha política después de que el Superior Tribunal de Justicia anulara las normas que habían dispuesto su suspensión preventiva al frente de la intendencia de Allen, en Río Negro, y declarara que el Concejo Deliberante no tenía competencia para apartarlo del cargo.
Según pudo saber Letra P, el único intendente de La Libertad Avanza en la provincia se presentó este viernes poco antes de las 13 en el edificio municipal junto a un grupo de colaboradores para retomar el control del Ejecutivo y exigir que quienes permanecieron al frente durante su suspensión abandonaran el lugar.
El Concejo Deliberante de Allen suspendió a Román a comienzos de julio pasado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La suspensión fue respaldada por 6 votos a favor y 3 en contra
Ahora, el jefe comunal anticipó en declaraciones previas a la prensa que volverá a centrarse en su gestión, pero también revisará todo lo actuado durante su suspensión, impulsará cambios en el gabinete y realizará denuncias judiciales contra los seis concejales que promovieron su desplazamiento.
El regreso del jefe comunal no es solamente institucional. Román señaló que deberá realizarse un traspaso y que revisará las actuaciones producidas durante las semanas en las que estuvo apartado del cargo.
“Vamos a tener que hacer un cierre nosotros y verificar todo lo que han hecho hasta ahora”, sostuvo en declaraciones a la prensa. También planteó que será necesario determinar qué decisiones deberán revertirse a partir de la nulidad establecida por el STJ.
Además, el intendente anticipó cambios en su gabinete. Aunque no dio nombres, confirmó que habrá nuevas incorporaciones y que algunos funcionarios que dejaron sus cargos durante el conflicto podrían retornar. “La idea es regresar también con quienes tuvieron la mala fortuna de cruzarse con esta gente”, afirmó.
El retorno también estará acompañado por una ofensiva judicial. El intendente confirmó que trabaja junto con sus abogados en presentaciones judiciales y denuncias penales contra los seis concejales que impulsaron su suspensión.
La eventual presentación podría alcanzar también a integrantes del Tribunal de Cuentas y a otras personas que participaron del proceso. Román mencionó como posibles delitos el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque aclaró que será la Justicia la que determine la carátula y las responsabilidades.
La decisión se conoce después de que el STJ anulara las ordenanzas que dispusieron su suspensión y también los actos administrativos dictados como consecuencia de esas medidas.
El Superior Tribunal de Justicia sostuvo que la Carta Orgánica de Allen condiciona la posibilidad de suspender al intendente a la existencia de un procesamiento penal. Para los jueces, ese requisito no podía ser reemplazado por la formulación de cargos que pesaba sobre Román.
El tribunal explicó que la formulación de cargos corresponde a una etapa inicial de la investigación penal y tiene carácter provisorio y flexible. No implica un juicio sobre la responsabilidad del acusado ni una valoración definitiva sobre los hechos o las pruebas.
A partir de ese análisis, los cinco jueces concluyeron que el Concejo Deliberante se había extralimitado en sus competencias. La suspensión, señalaron, se había dispuesto bajo un supuesto que no estaba contemplado por la Carta Orgánica, por lo que correspondía declarar la nulidad de la medida y de los actos posteriores derivados de ella.
Para Román, el alcance de la resolución excede su situación personal. “Hoy no gana un intendente, sino que esto sienta un precedente para todos los intendentes y funcionarios electos”, sostuvo. El STJ señaló, en ese sentido, que una eventual modificación de las reglas deberá realizarse mediante una reforma de la Carta Orgánica.
