El ministro de Seguridad fue a la Legislatura. Le cuestionaron los operativos policiales en la vía pública y en barrios populares. Biasi vs. Wolff, tenso cruce.
El peronismo y el Frente de Izquierda (FIT) recalentaron la discusión del presupuesto 2027 en la Legislatura porteña y arremetieron contra la agenda de "ley y orden" que impulsa Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Las críticas estuvieron dirigidas no solo al jefe de Gobierno, sino también a su ministro de Seguridad, Horacio Giménez, quien compareció este miércoles ante la comisión de Hacienda.
El desembarco del funcionario macrista se insertó en una ronda de exposiciones por la ley de leyes porteña, que comenzó hace dos semanas con la presentación del titular de Economía, Gustavo Arengo, y llegó apenas un día después del enfrentamiento entre efectivos policiales y metrodelegados de la línea B de subte. El incidente había polarizado este martes el tablero político local y agitado, una vez más, una ola de cuestionamientos contra el accionar de las fuerzas de seguridad en el distrito.
Ese mismo clima predominó durante el intercambio con Giménez en el parlamento local. Mientras los legisladores de la izquierda buscaron volver sobre los conflictos sindicales que habían marcado la jornada anterior y las fugas de presos en alcaidías al inicio de la gestión, el bloque peronista Fuerza por Buenos Aires apuntó contra las políticas de control del espacio público y el perjuicio sobre los sectores más vulnerables.
Fuerza por Buenos Aires se mostró incisivo y arremetió contra el corazón de la agenda que promueve Macri. Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista, fue categórica al denunciar que las políticas del alcalde, lejos de garantizar un clima armónico en la ciudad, termina "subvirtiendo el orden" en tren de conseguir un rédito electoral.
"Nuestro bloque está a favor de la ley y el orden. De lo que no estamos a favor es de que se utilice una política de seguridad y unas palabras que tienen un sentido positivo al servicio de una campaña publicitaria de Jorge Macri", comenzó la legisladora y sentenció: "Para subir en las encuestas se está subvirtiendo el orden en esta comunidad".
Según confirmaron distintas fuentes del gabinete porteño a Letra P, en las últimas semanas circuló por Uspallata un relevamiento que muestra un crecimiento en la imagen positiva del titular del PRO porteño -en torno al 45% de aprobación- que podría explicarse en buena medida por las propuestas en defensa de la propiedad privada y un mayor control del espacio público.
En su intervención, Neira buscó adherir al concepto de "ley y orden" que Macri logró instalar en la discusión pública, pero se desmarcó en términos programáticos. Aseguró que el orden no solamente debe medirse en términos de seguridad y despliegue policial, sino también en términos económicos, con la garantía de que las familias puedan llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades más básicas.
Fue un mensaje tanto a La Libertad Avanza (LLA) -que también suele agitar las banderas de seguridad y control del espacio público siempre que tiene oportunidad y enfrenta el desafío de una microeconomía desgastada- como a la administración macrista, en este caso, por el accionar de las fuerzas de seguridad frente al comercio callejero.
En este sentido, la legisladora rechazó los operativos contra vendedores ambulantes por considerar que, para muchas familias, implican "llevarse a patadas la posibilidad de llevar a la noche el sustento a la casa".
El reclamo por el avance oficialista contra quienes venden comida en la vía pública también fue elevado durante la reunión de comisión por su compañero de bancada Claudio Ferreño. El legislador rechazó los "malos tratos" con los que suelen desenvolverse los efectivos porteños y reclamó por el destino de los alimentos y bienes que se le suelen incautar a los comerciantes ante intervenciones policiales.
"¿Qué hacen con las paltas? Estamos hablando de gente que necesita llegar a fin de mes más allá de que otros digan que estamos bien", planteó el diputado peronista. Fuerza por Buenos Aires ya había advertido en encuentros anteriores por lo que consideran un deterioro de la situación económica de las familias porteñas y el impacto del modelo de Javier Milei en el nivel de actividad de la ciudad. "No puede ir la policía a increpar a estos ciudadanos que lo único que quieren es llevar plata para su casa", continuó Ferreño.
La Izquierda redobló la apuesta y, aunque repasó también la situación de la venta ambulante, enfocó sus embates contra el oficialismo porteño en la irrupción de las fuerzas de seguridad en barrios populares y sus operativos ante protestas sociales. Giménez -que incluso recibió el mote de "policía represor" por parte de la legisladora Vanina Biasi- fue el principal blanco de críticas.
"Su gestión es absolutamente anormal en términos de defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas", arremetió la referente del FIT. Durante su alocución, acusó a la administración macrista de aplicar "políticas racistas y represivas" durante manifestaciones callejeras, como las recurrentes marchas de jubilados y trabajadores frente al Congreso Nacional, y las medidas de fuerza sindicales.
En este contexto, volvió sobre el violento episodio de este martes cuando se enfrentaron representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) con oficiales de la policía porteña por el levantamiento de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B del subte, en reclamo por la suspensión de un trabajador y la tercerización de tareas de mantenimiento.
Los incidentes -que terminaron con la detención de tres metrodelegados y el anuncio de un paro total del servicio durante alrededor de cinco horas- no se limitaron al andén y se extendieron a la vía pública, donde el tránsito se vio afectado por las corridas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los agentes de seguridad y dirigentes de Izquierda como el diputado Nicolás del Caño.
Biasi también reclamó por los operativos Tormenta Negra en barrios populares, emblema de la campaña de "ley y orden" que suele difundir el jefe de Gobierno en redes sociales. Además, pidió que se especifique el costo fiscal de esas medidas y el destino de los materiales de construcción y bienes que se secuestraron durante el operativo que se desarrolló en la Villa 31 para contener la expansión de los asentamientos.
La intervención de la dirigente del FIT también estuvo marcada por un fuerte cruce con el legislador del PRO, Waldo Wolff, presidente de la comisión de Hacienda. El altercado comenzó luego de que Biasi lo increpara por las fugas de presos de alcaidías porteñas que marcaron su paso como exministro de Seguridad porteño. Wolff había precedido a Giménez en los primeros años de gestión de Jorge Macri.
El diputado amarillo eludió las acusaciones y se negó a dar precisiones sobre la evolución de ese fenómeno. La legisladora volvió a cargar contra el exfuncionario. "Acá el que tiene que responder preguntas no soy yo. Si usted tiene alguna denuncia para hacer contra mi gestión, primero, quedó anacrónica, y, segundo, no es el ámbito. La invito a que haga la denuncia correspondiente", la desafió Wolff y remató con una chicana.
"Yo terminé mi mandato sin una sola causa. No es su caso, que está procesada por violación a la ley antidiscriminatoria", finalizó el legislador antes de silenciarle el micrófono a su par del FIT. Biasi está siendo investigada ante la Justicia por publicaciones en las que comparaba a Israel con el régimen nazi.
No es la primera oportunidad en que ambos legisladores se sacan chispas. El vínculo entre ambos se caracteriza por cortocircuitos que se profundizaron tras la renovación de la Legislatura en diciembre del año pasado. Durante la jura de la referente de Izquierda, Wolff le había dado la espalda en rechazo a su encumbramiento en el parlamento.
