Especialistas y sectores de la sociedad civil advierten sobre la información respecto de la recaudación, la fiscalización y el uso de datos urbanos sensibles.
El llamado a licitación pública para la implementación de un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Paraná despertó interrogantes en especialistas y sectores de la sociedad civil sobre el verdadero nivel de control que conservará el Estado respecto de la recaudación, la fiscalización y el uso de datos urbanos sensibles.
El objetivo declarado del Ejecutivo municipal en la capital de Entre Ríos es ordenar y modernizar la gestión del espacio público, mejorar la movilidad urbana y optimizar la circulación en las zonas de mayor concentración vehicular.
Sin embargo, la concesión del servicio no se agota en una aplicación para cobrar el estacionamiento: incluye la provisión, operación, administración, control y mantenimiento del sistema. Este último aspecto contempla también software, infraestructura tecnológica, puntos de venta y un centro de monitoreo de movilidad para procesar y visualizar datos urbanos en tiempo real.
Uno de los puntos más delicados del pliego sobre el que ponen la lupa fuentes ligadas a organizaciones de transparencia y control ciudadano establece que la fiscalización podrá ser ejercida por inspectores municipales y también por personal del concesionario, incluyendo tareas de verificación de pago y constatación de infracciones.
La crítica apunta a que el agente privado no solo operará el sistema, sino que además podría participar de funciones sensibles de control vinculadas al propio funcionamiento del servicio.
“El problema no es solamente operativo: es político e institucional. Cuando la misma estructura que administra un sistema interviene además en mecanismos de fiscalización y validación, la línea entre control público y lógica recaudatoria empieza a volverse difusa”, le dijo a este medio alguien que trabajó en la implementación del estacionamiento en otra capital provincial.
El plazo de la concesión, que tendrá una duración de seis años con posibilidad de uno más de prórroga, también recibió cuestionamientos debido a su extensión. Hay quienes consideran que, si el esquema nace con debilidades de supervisión, el municipio podría quedar atado durante un periodo demasiado largo a un modelo difícil de corregir.
Algunos antecedentes regionales alimentan las dudas. Un especialista en el andamiaje judicial de este tipo de concesiones consultado por este medio citó el caso de San Miguel de Tucumán, donde el sistema de estacionamiento medido impulsado por el entonces intendente Germán Alfaro, quien gobernó la capital provincial hasta diciembre de 2023, terminó suspendido judicialmente pocas semanas después de comenzar a operar. Posteriormente, la Justicia declaró nulo el proceso de concesión por irregularidades detectadas en la adjudicación y cuestionamientos sobre la legalidad del contrato.
En Santa Fe capital, donde recientemente comenzó a implementarse el nuevo SEOM digital, también aparecieron cuestionamientos vinculados a los mecanismos de auditoría y control operativo.
Distintos sectores empezaron a plantear dudas sobre el nivel de supervisión estatal real sobre el sistema y sobre la dependencia tecnológica del esquema implementado. En ese contexto, incluso empiezan a aparecer interrogantes sobre la calidad y trazabilidad de parte de la infraestructura tecnológica que podría utilizarse, incluyendo soluciones y equipamiento de origen chino sobre los cuales no existe demasiada información pública.
“Cuando los municipios entregan sistemas críticos sin establecer límites claros de control, auditoría y transparencia aparecen los problemas. Porque una vez que la operación queda concentrada en estructuras privadas con manejo de datos, validación de infracciones y control operativo, recuperar capacidad estatal real después suele ser mucho más difícil”, confesó un actor del sector que participó de experiencias anteriores en otras ciudades del país.
