En La Libertad Avanza cuentan poco más que el cuórum y buscan aliados. Los expositores advirtieron que irán a Tribunales. Denuncia penal a Flavia Royón.
Las audiencias públicas en Diputados por la ley de glaciares empezaron este miércoles con una advertencia repetida de los expositores que se oponen a la reforma del Gobierno: la mayoría advirtió que, si pierde en el recinto, buscará impugnar una eventual ley en los Tribunales. En la Casa Rosada admiten que tienen los votos justos para la sanción.
La segunda jornada de exposiciones será este jueves, pero en este caso los oradores se conectarán por zoom. En total, habrán expuesto 400 personas, lejos de los más de 100 mil inscriptos. El resto deberá conformarse con enviar sus ponencias o subir un video a la página de YouTube de Diputados. La audiencia inicial terminó con gritos de supuestos expositores que habían logrado ingresar y no fueron admitidos como tales. Hablaron por fuera de la transmisión oficial.
Un grupo de opositores impugnó las audiencias por la metodología utilizada, un reclamo que correrá por vía administrativa en el Congreso y también podría llegar a Tribunales. Allí se tratarán además otros planteos sobre la constitucionalidad del proyecto, que le asigna a las provincias las facultades que hoy tiene la Nación para proteger las inmediaciones de los glaciares, conocidas como periglaciares.
La justicia federal sólo podría intervenir en litigios que involucren recurso hídrico. Entre los planteos de los ambientalistas se encuentra el de la regresividad (entienden que no se puede legislar quitando protección de los recursos naturales) y el de las facultades de presupuestos mínimos ambientales que la constitución le asigna a la Nación. La mayor defensa del proyecto llegó desde funcionarios de San Juan, donde piden la reforma para agilizar inversiones mineras.
En el oficialismo están seguros de ganar en el recinto. "Tenemos los votos para sancionar la ley. Por lo mínimo, pero los tenemos", sostuvo ante Letra P una fuente de La Libertad Avanza (LLA).
La reforma se aprobó en el Senado en febrero y los números que tienen en el oficialismo están justos. Se necesitan 129 y están al límite: 95 suma LLA, 12 el PRO y seis la UCR. El resto de los aportes puede llegar de Innovación Federal (nueve votos); y partidos locales de Catamarca (tres), Tucumán (tres), San Juan (dos).
Para llegar tranquilos, sería clave que el Gobierno sumara algunos respaldos de Provincias Unidas (PU), como Nicolás Massot, Sergio Capozzi y Miguel Pichetto. En la oposición no hay poroteo y sí mucha apuesta a que se caigan algunos votos a último momento. En el peor de los casos, creen que en Tribunales pueden impedir la ley y así lo hicieron saber la mayoría de los expositores. Por si acaso, todos aclararon que su exposición no legitima la audiencia.
La discusión más fuerte fue por la constitucionalidad de la reforma. "Se está violando el artículo 41 de la Constitución, que establece presupuestos mínimos ambientales. Yo soy autoridad ambiental y la carta magna se lee en su totalidad", sostuvo Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. "Esta norma va en contra del federalismo: debilita las cuencas. La del Río Colorado abastece 80 mil hectáreas a la zona sur de la provincia de Buenos Aires", agregó la funcionaria.
Las advertencias se repitieron una y otra vez. Diego Salas, puso foco en Tribunales: explicó que no se puede legislar en forma retroactiva cuestiones ambientales. "No se puede permitir que se pase de un criterio científico a uno político. Es un retroceso", sostuvo.
Daniel Filmus, investigador del Conicet y exministro de ciencia y tecnología, recordó que un fallo de la Corte Suprema, promovido por Ricardo Lorenzetti, establece que el recurso hídrico debe cuidarse desde el Estado Nacional. "En ese caso, la Justicia Federal debe resolver. No habrá inversiones certeras con esta ley", amenazó.
La defensa a la reforma llegó mayormente desde San Juan. Uno de los primeros oradores fue Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien habló de una falsa dicotomía entre el uso eficiente del agua y actividades "nobles" como la minería. "Nosotros tenemos que lograr que nuestros productores no hayan implementado sistemas eficientes de riego", se propuso.
Roberto Moreno, secretario de gestión ambiental y control minero de la provincia gobernada por Marcelo Orrego, se presentó como geólogo y pidió sancionar la reforma. "El ambiente glaciar y su génesis tiene que ver con sucesivas capas de nieve que van perdiendo agua. Ese tipo de forma no está en discusión por su función hídrica. En el ambiente periglacial se tiene que demostrar la significancia hídrica", diferenció.
Leandro Bazán, del Ministerio de Minería de San Juan, se anticipó a la pelea jurídica: sostuvo que el artículo 121 de la Constitución establece "con claridad que las provincias conservan el poder no delegado del gobierno federal. La Nación es, en definitiva, una creación de las provincias", destacó.
El abogado minero Horacio Franco aportó a la causa sanjuanina, con desmentidas a las acusaciones sanjuaninas. "El ambiente periglacial ocupa mucho espacio. La regresión ecológica hay que comprobarla. No se puede hablar en abstracto". provocó. "¡Andá a Jachal!", le gritó un expositor que esperaba su turno.
La audiencia tuvo un momento tenso: el abogado ambientalista Enrique Viale acusó con nombre y apellido a legisladores de ser lobbistas de mineras. La acusación más fuerte recayó sobre la senadora Flavia Royón, de Salta. "No representa a Salta sino a las mineras. Tiene una consultora que asesora a Río Tinto, beneficiada por esa inversión. La estamos denunciando para que se investigue cohecho", anunció Viale.
Royón respondió en un comunicado, a través de sus voceros. "El 10 de diciembre la senadora formalizó su renuncia al directorio de Zelandez Holding Limited, desvinculandose de toda actividad privada previa al inicio de su mandato legislativo. Este hecho consta en documentación pública y verificable", respondieron.
Viale hizo otras acusaciones. Le preguntó al libertario José Peluc, uno de los coordinadores de las audiencias, si se había reunido con proveedores mineros. "Están trabajando para Vicuña, que está a cargo de BHP, que hizo un desastre en Brasil. Va a consumir 2000 litros de agua por segundo. También para la Barrick Gold, que rompió glaciares en Veladero. Y Glencore, una empresa minera de BlackRock eso están firmado ustedes", denunció el abogado.
La audiencia comenzó a las 10 y no durará hasta la medianoche, como se preveía, porque muchos expositores faltaron. Se llevó a cabo en el Anexo C, la sala principal para las comisiones más numerosas. Peluc coordinó los oradores junto al libertario Nicolás Mayoraz.
Casi se les va de las manos la reunión en varias ocasiones. Al comienzo, cuando informaron que las exposiciones iban a durar cuatro minutos y no cinco. Se le fueron al estrado Paula Penacca, Sabrina Selva, Germán Martínez y Mario Manrique (Unión por la Patria).
Manrique luego tuvo un cruce con el libertario Sebastián Pareja, que casi termina a las piñas. Por la tarde, un grupo de expositores que se había ido casi no puede entrar otra vez. Quienes filtraban el último acceso eran empleados de las comisiones organizadores (Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales).
Hubo algunos oradores que entraron por la ventana como Leonardo Grosso, exdiputado de UP, quien no estaba en la lista, pero lo dejaron exponer. El expremio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tuvo su palabra, gestionada por el diputado peronista Eduardo Valdés.
Las inmediaciones del palacio estuvieron valladas desde temprano, para evitar infiltrados. A la 17 horas los ambientalistas dieron una vuelta a la plaza para reclamar. Su pelea seguirá este jueves y durante el plenario que se convocará para dictaminar, que sería el 7 de abril. Después, llegará la sesión.
