"No hay consenso", avisaron ATE y docentes. UPCN, cauto, quiere sentarse a hablar. Reconocimiento al diálogo propuesto por el gobierno provincial.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, junto a los representantes sindicales en el momento de presentarles la reforma propuesta por el gobierno del gobernador Rogelio Frigerio.
“No podemos avalar aumentos”, marcaron la cancha los sindicatos docentes AGMER, UDA y SADOP junto al estatal ATE después de que el gobierno de Rogelio Frigerio anunciara medidas para “salvar el sistema previsional” de Entre Ríos. Sin embargo, desde la Casa Gris aseguran que los representantes de los trabajadores avalaron las medidas durante las reuniones previas.
Como anticipó Letra P, el gobierno provincial puso sobre la mesa la problemática de la Caja de Jubilaciones sabiendo que el déficit puede hacerla insostenible en un futuro inmediato. Mientras tanto, los sindicatos se declararon “en alerta permanente” y dispusieron que “se arbitren los mecanismos de consulta y deliberación internos”. Fue en un comunicado conjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Docentes Privados (SADOP). “No podemos avalar aumentos como los anunciados, mucho más en un contexto de profunda crisis económica generada por el gobierno neoliberal de Javier Milei”, arremetieron.
En este contexto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, uno de los voceros de la reforma, dijo a la prensa el último sábado desde la ciudad de Concordia que los gremios “coindicen que una reforma hay que hacer”. Fue en este punto que disparó contra las organizaciones gremiales: “Después, si cada sindicato tiene que hacer bandera del tema para consolidar la representatividad de su gremio, no me voy a meter”.
Ante este escenario, según pudo reconstruir este medio, durante las conversaciones de los sindicatos con el gobierno y en la reunión del último viernes, día en que se hicieron los anuncios, los dirigentes gremiales no presentaron observaciones ni mayores críticas. Es más, hubo coincidencia respecto de la necesidad de sanear la Caja, cuyo déficit creciente pone en riesgo el sistema previsional provincial. "Coincidimos en que hay que tomar el toro por las astas", contó a este medio un sindicalista de dialogo asiduo con la administración.
De todos modos, luego del anuncio no hubo avales públicos a la reforma. Todo lo contrario. Incluso enojos por el aval sindical que comunicó el gobierno de la provincia. “No hay consenso”, confiaron desde ATE y clamaron contra “el ajuste”. A pesar de esta postura, reconocieron que hoy “no hay fuerza para un paro y una movilización” que postergue la implementación de los anuncios.
“En todas las reuniones previas la receptividad fue positiva”, recordó el ministró Troncoso y matizó: “En el método siempre va a haber disidencias”. El gobierno pone sobre la mesa los números de la realidad: el déficit llegó al 41% en 2023 y se proyectaba a un 43% este año. Con algunas correcciones administrativas, se corrigió la tendencia llegando al 37%.
Ahora, la incógnita a despejar es si este mentado acuerdo, al menos para poner el tema en debate, se corrobora con algunas objeciones simbólicas mientras camina su aplicación. O si, por el contrario, los gremios intensifican reclamos, que por ahora son solo declamativos, en contra del sentido de las modificaciones propuestas.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dicen estar dispuestos a sentarse a discutir medidas. “Nos debemos esa discusión”, reconoció una dirigenta del sindicato en declaraciones a este medio.
Este gremio, que no suele plegarse a las posiciones conjuntas de sus pares, entiende que el sistema carece de viabilidad aunque es celoso del impacto que tenga en algunas áreas específicas, como salud.
Por otro lado, por lo bajo plantean que las jubilaciones de la policía provincial, que por ahora está fuera del debate, también debe meterse en la discusión previsional. Si no, implicaría un privilegio respecto del resto de los trabajadores y las trabajadoras.
El Plan Integral que aplicará el gobierno contiene cuatro medidas para que la Caja recupere los recursos que necesita para cumplir con sus obligaciones y atacar las causas del déficit.
En primer lugar, planteó la continuidad del reclamo que este gobierno hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los fondos que ANSES le debe a Entre Ríos, que supera los 150.000 millones de pesos.
También, anunció la implementación de un aporte mensual, a la Caja, que harán desde sus presupuestos los Ministerios de Salud, Seguridad y el CGE, que son los estamentos más numerosos y deficitarios en el sistema previsional.
Además, avalado por el inciso D del artículo 12 de la Ley Previsional, los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales del Estado van a aportar una alícuota de tres puntos hasta cumplir con la edad jubilatoria, que es 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.
Por otra parte, se establecerá un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público.
En tanto, la última medida anunciada para reducir el déficit de cada sector es el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para incluir una instancia de homologación con la Caja de los aumentos de sueldo sectoriales del Estado.