La Justicia investiga 594 maniobras por $59,4 millones. Vanesa Fita es una de las cinco mujeres señaladas. El rol de Mariano Arcioni.
Escándalo en Chubut. Vanesa Fita fue acusada de integrar una presunta estafa masiva con viviendas en Comodoro Rivadavia.
Vanesa Fita, hermana del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut, Gustavo Fita, fue acusada por el fiscal general Martín Cárcamo de integrar una presunta estafa masiva con viviendas sociales en Comodoro Rivadavia.
La investigación le atribuye 594 maniobras fraudulentas por $59,4 millones, ocurridas entre abril de 2023 y febrero de 2024, y solicita una pena de hasta ocho años de prisión. Una de las denunciantes aseguró que Fita invocaba el respaldo del entonces gobernador Mariano Arcioni para generar confianza entre las familias.
Cárcamo formuló la acusación pública contra un total de cinco mujeres. Según la investigación, las imputadas ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a personas que necesitaban una solución habitacional.
Para ingresar a los supuestos planes, debían transferir $100.000: $80.000 que se presentaban como destinados al organismo y otros $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero terminaba en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.
La Fiscalía sostiene que Vanesa Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y afirmaba tener contactos con funcionarios provinciales capaces de facilitar las adjudicaciones. La promesa de acceder a una casa en plazos breves habría sido parte del mecanismo para captar a las familias.
La causa comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2024 por un vecino identificado como Omar Lattanzio, después de advertir irregularidades en las promesas de adjudicación. Durante la pesquisa se formalizaron otras 179 denuncias penales y se reunieron transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger y documentación para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.
Uno de los testimonios incorporados al expediente agrega un componente político a la causa. Laura Verónica Alvarado, otra de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y de su secretaria.
De acuerdo con ese relato, la imputada apelaba a esas supuestas vinculaciones para reforzar la confianza de las familias y justificar la entrega de las viviendas en plazos breves. Esa referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, aunque no acredita que Arcioni ni su secretaria hayan participado de las presuntas maniobras.
Con el paso de los meses, las fechas de entrega comenzaron a postergarse. Según los testimonios, las mujeres justificaban las demoras con supuestos problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV.
Después de realizar los pagos, las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp, donde recibían información sobre presuntas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación que debían presentar. También se organizaron reuniones presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.
El requerimiento fiscal detalla la participación que se les atribuye a las cinco mujeres y las penas solicitadas para cada una. Para Vanesa Fita, señalada por 594 hechos, el Ministerio Público Fiscal pidió entre seis y ocho años de prisión.
Para María Victoria Curán, acusada de intervenir en 400 hechos, solicitó entre cinco y seis años; para Camila Lara Páez, vinculada a 320 hechos, entre cuatro y cinco años; para Lucía Lorena Miranda, señalada en 130 hechos, entre tres y cuatro años; y para Gisela Belén Mansilla, acusada de participar en cuatro hechos, entre uno y dos años.
La cantidad de hechos atribuidos a cada imputada no equivale necesariamente al número de denuncias individuales. La Fiscalía calcula que las maniobras ocasionaron un perjuicio económico de al menos $59,4 millones.
Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal pidió avanzar hacia un juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del debate oral.
