Esa base de la democracia corre el riesgo de ser conculcada en la Argentina porque el Congreso —al menos una mayoría de él—, la Suprema Corte y, particularmente, las fuerzas de seguridad son garantes y vehículos de un poder que se le impone a la sociedad desde una casta, concepto muy bien identificado por el candidato Milei en 2023 y mejor defendido por el presidente Milei en 2026.
Javier Milei compartió en las redes sociales en 2024 una imagen hecha con inteligencia artificial que lo mostraba como Napoléon Bonaparte. Lo que no advirtió es que la misma reproducía la pintura realizada en 1846 por Paul Delaroche titulada Napoleón abdicando en Fontainebleau.
El pueblo ya no es reconocido como soberano.
La respuesta represiva
Es natural que las fuerzas de seguridad ejerzan el poder de arriba hacia abajo; para eso están. Sin embargo, esa comprensión se deshace cuando se constata la recurrencia a la represión inmotivada, cuando esta resulta indiscriminada y brutal, dura varias horas, deja decenas de heridos y sólo busca provocar reacciones que la legitimen.
Para peor, esa violencia se suele desatar, como fue ayer el caso, a partir de la presencia de "capuchitas" que generan caos y siempre terminan amparadas detrás de los cordones policiales.
Como lamentablemente es poco lo que la ciudadanía puede esperar de esos efectivos y, sobre todo, de sus conducciones cuando ejerce el derecho de peticionar ante las autoridades consagrado en el artículo 14 de la Constitución, más impactante resultó lo ocurrido dentro del Congreso, donde fracasó la sesión convocada por la oposición para derogar el decreto sin necesidad ni urgencia 70/2023, base de la arquitectura desreguladora del mileísmo.
El recurso de dar quorum o restarlo es válido en cualquier parlamento del mundo, pero es digno de destacarse que el coraje les alcance a algunos legisladores para bloquear la votación sobre el DNU y no para el acto más valiente de aprobarlo. Estos rompen voluntariamente el contrato de representación.
"Colaboraron con el faltazo de sus diputados los mandatarios radicales Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien abandonó el PJ hace tres años y tiene bloque propio en la Cámara Baja", escribió Mauricio Cantando en Letra P. "Pero también ayudaron dos referentes que tienen a sus diputados en Unión por la Patria", continuó: el gobernador fueguino Gustavo Melella y el senador y caudillo de Santiago del Estero Gerardo Zamora.
Tres pensamientos laterales:
- ¿Qué hay que decir de esos legisladores gauchitos que se amparan en promesas del Gobierno de endurecer las condiciones para la venta de tierras a extranjeros en un agregado al proyecto de Intangibilidad de la Propiedad Privada, algo exactamente opuesto a lo que defendía hasta hace poco. De hecho, ese asunto disparó la ofensiva contra el DNU. ¿No se dan cuenta de que la decisión oficial de vender ciudadanías a extranjeros vuelve futiles esas disposiciones ya que les bastaría a los adquirientes con comprarse un pasaporte por la ganga de 350.000 dólares para ser argentinos de pleno derecho? ¿Será que se hacen los zonzos?
- Impresiona que el mencionado Zamora suene, a pesar de sus duplicidades, como parte —acaso como cabeza— de una fórmula cristinista contra Axel Kicillof.
- Por último, ¿qué será de la vida de Edgardo Kueider?
Sigamos.
Pecados cometidos… ¿y por cometer?
Si una candidatura de Zamora es un pecado que Cristina Fernández de Kirchner todavía no cometió, sí le cabe, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el de haber defendido desde su banca de senadora la ley 26.122 de 2006, que regula el régimen legal de los decretos del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con ese espanto, para que un decreto de necesidad y urgencia pierda su fuerza de ley es necesario que sea votado y rechazado por las dos cámaras del Congreso.
Ese abuso, posible solamente en un país en el que el control de constitucionalidad lo ejerce en última instancia una Corte Suprema crónicamente oportunista, les da a los sucesivos gobiernos –desde los Kirchner a Milei y los que sigan– la posibilidad de vulnerar el principio de división de poderes y legislar a sola firma. Obtienen así condiciones para legislar mucho más lábiles que las requeridas para una ley regular y se constitiyen casi en un poder real, ejecutor de una soberanía invertida.
El Senado ya rechazó el DNU 70, que borra totalmente unas 30 leyes, y deroga parcialmente o modifica otras 40. Entre ellas, liquidó las leyes de Tierras y barrió con derechos laborales como los causales de despido, las indemnizaciones y las horas extras.
Mucho de eso fue judicializado y no resiste análisis que haya tenido "necesidad y urgencia", por poner un solo ejemplo, la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Unos cuantos de esos recursos han llegado a la Corte, que los pisa o los activa con criterios pobres.
Si tu Corte sigue así…
Como se sabe, el alto tribunal viene de negarle derecho a una asociación de excombatientes de Malvinas para reclamar mediante una medida cautelar contra la derogación por decreto de la ley de Tierras por considerar que el bien involucrado, la soberanía, no es colectivo. Audaz.
El clamor social y político llevó a que la oposición de Diputados activara la sesión contra el DNU, y la Corte cayó en la cuenta que esa decisión —a medida de los deseos del Gobierno— había sido un tiro por la culata. Entonces salió a "aclarar" mediante un comunicado fantasma, que no consta en su sitio oficial, sino que circuló por WhatsApp, que no había definido el fondo de la cuestión, sino solamente la entidad de los litigantes.
Como eso no bastó, activó el tratamiento de una causa conexa, reivindicada por una organización ambientalista de Bariloche, a la que le mantuvo la cautelar a través de un mecanismo provisorio que deberá recorrer ahora toda la escalerita del Poder Judicial desde un juzgado de primera instancia de aquella ciudad.
Así, la ley de Tierras que regía desde 2011 cayó en diciembre de 2023 por el deseo personalísimo de Milei, fue restablecida en cortes inferiores mediante cautelares, volvió a desaparecer en la Corte y, enseguida, a ser restablecida por esta… con carácter provisional.
… todo fallo es político
No dicen la verdad Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuando explican que dejan dormir el tratamiento del fondo del DNU 70 para no entrometerse en las competencias del Poder Legislativo, que todavía no completó su tratamiento.
El Senado ya habló y la Cámara de Diputados, como se vio ayer, no quiere hacerlo. Lo grave es que el principal tribunal de justicia del país incumple con su deber de velar por la constitucionalidad de las normas y que, con esa omisión, permite que rija con fuerza un decreto-ley clamorosamente inconstitucional, tanto por su falta de fundamentación en términos de necesidad y urgencia como por sostenerse en una ley como la 26.122 que es un insulto a la división republicana de poderes.
Así funciona también el poder invertido de la casta soberana.
Un corte de riesgo
Afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, una multitud pudo con la lluvia y hasta debió resistir otra precipitación: la de los gases lacrimógenos soltados por las fuerzas de seguridad como bengalitas infinitas en Navidad.
Su reclamo —ya el quinto— cobró fuerza con el clamor popular por el manoseo de la cuestión de la enajenación de tierras, pero estuvo motivado por algo más inmediato: conseguir que el Gobierno cumpla con una ley sancionada por el Congreso: la de Financiamiento Universitario.
Esta surgió de la decisión del Presidente de rebanar los presupuestos para el funcionamiento y para el pago de salarios en las casas de estudios superiores. No es injusto hablar de "decisión".
Por un lado, porque esa partida de inversión sufrió de hecho una paliza desde su llegada al poder.
Segundo, porque los salarios fueron licuados sin piedad.
Tercero, ¿puede semejante cosa ser un plan? El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo ya el 24 de octubre de 2024 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que "en realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo fue una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria". Divertidísimo argumento.
Cuarto, el propio Milei les preguntó el 20 de agosto último a los empresarios que lo escuchaban en la reunión anual del Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio: "¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? ¡Vamos, si son menos impuestos! ¡Ey, menos hipocresía, vamos!".
Quinto, el sincericidio subió de categoría el 24 de septiembre durante una entrevista que le concedió a la agencia Bloomberg, en la que explicó que "los salarios públicos caen, eso es política de Estado: nosotros vinimos a romper al Estado, así que eso no es una queja o un reclamo que me interese".
La división de poderes es atropellada, la ley no se cumple y la Constitución no tiene guardianes.
La ciudadanía no es respetada como soberana y fuente del poder, sino que este baja desde un Poder Ejecutivo del que sólo resta determinar si sirve a un interés incluso superior a él.
Ese poder, entonces, cae como un plomo sobre la gente, la que, a falta de respeto a las normas, se queda sin su salvaguarda final.
Hablar de crisis de representación es, a esta altura, un eufemismo. La propia idea de representación hoy es zamarreada y convertida en mímica.
Arriba, donde prima el desconcierto por un plan que no funciona, debería haber más conciencia sobre los riesgos de romper ese lazo.
Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
