Para los hermanos Iaccarino, el caso que los tiene como víctimas es “emblemático en la Argentina” entre los episodios que cuentan los delitos con finalidad económica del genocidio de la última dictadura cívico militar. “El más importante es el de Papel Prensa, luego viene el de nuestra familia y después el secuestro de Eduardo Saiegh”, sostuvo Alejandro Iaccarino al inicio del testimonio que brindó esta semana en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno; como se conoce a la Brigada de Investigaciones de Lanús donde estuvo detenido en forma clandestina junto con sus hermanos Carlos y Rodolfo.
Los tres fueron detenidos en 1976 y durante un año y medio fueron paseados por varios centros de detención, legales y clandestinos. En El Infierno fueron amenazados con ser arrojados al Río de la Plata para obligarlos a “entregar” casi todos los bienes de la familia: 25 mil hectáreas en Santiago del Estero en producción agropecuaria y forestal, una fábrica láctea y un avión. “Fuimos los primeros empresarios secuestrados de la dictadura y por la dimensión de lo que nos quitaron nuestro caso es casi tan descomunal como el despojo a Papel Prensa. Todavía esperamos justicia”, advirtió Alejandro.
En los 70, los Iaccarino eran tres jóvenes ultracatólicos que estaban al frente de empresas pujantes. Carlos Iaccarino le atribuyó el “éxito” de su fortuna a Alejandro y su “Plan Económico Expansivo General”, una iniciativa basada en la formación de precios. “Lo creé a los 17 años con el objetivo de bajar los costos de producción, bajando así el precio de los productos al consumidor final. Sabíamos que eso estaba prohibido para el poder”, explicó Alejandro Iaccarino a Letra P.
A fines de los 60 fundaron su primera empresa, Constructora Sureña Argentina, en la localidad bonaerense de Berisso. Según señaló Carlos, hablaron con una veintena de sindicatos y construyeron cientos de casas a precios “muy atractivos”. Luego sumaron una empresa de instalación de luminarias en la vía pública y una compañía de auditorías; dos estancias en Santiago del Estero para destinar a la industria agropecuaria, una empresa de producción láctea, un campo para despuntar la producción maderera. Ninguno llegaba a los 30 años, pero para los primeros años de los 70 negociaban créditos millonarios en Estados Unidos, compraron un avión, se movían en autos de lujo. Los hermanos Iaccarino calculan que el patrimonio familiar ascendía entonces a 10 millones de dólares. “Nos secuestraron para robarnos, pero también para frenar la revolución que habíamos iniciado con nuestro plan. Si al poder se le termina el negocio de la inflación, se le termina toda posibilidad”, denunció Alejandro.
Dos operativos en simultáneo salieron a la caza de los Iaccarino el 4 de noviembre de 1976: uno en Santiago del Estero; otro en la Ciudad de Buenos Aires. Durante meses los pasearon por diferentes comisarías y el Primer Cuerpo del Ejército con asiento en el barrio porteño de Palermo. Los tres fueron sometidos a torturas en el Centro de Operaciones Tácticas de Investigaciones (COTI) de Martínez. Allí, después de ser “torturados, obligados a cargar cadáveres, donde vimos cómo envenenaban a gente para arrojarla desde vuelos de la muerte”, recordó Alejandro, fueron llevados a El infierno, donde se concretó el traspaso de los bienes. El lugar era conocido como Banco de Londres porque, afirmó, “ahí les robaban a todos”. La Justicia federal de La Plata tenía en sus despachos una causa en su contra, a cargo del juez Leopoldo Russo.
En el despacho de Rómulo Ferranti, subjefe de ese centro clandestino del circuito Camps, fueron obligados a escuchar lo que “los mafiosos Bruno Chezzi y Vicente García Fernández nos tenían preparado”, sostuvo. Aquellos “estafadores y vaciadoras seriales de empresas”, según los describió Alejandro, los amenazaron: “Tienen dos opciones: o ponen algo o se van para el Río de la Plata”. Era julio de 1977, llevaban más de medio año de encierro. A las semanas, volvieron a la misma oficina. Además de Chezzi y García Fernández los esperaba una escribana, Lía Cuartás de Camaño, quien certificó el poder que los hermanos firmaron para habilitar a su padre a que cediera todo a cambio del cierre de la causa judicial en su contra, unas pocas hectáreas de un campo de golf en Alta Gracia, en Córdoba, y 300 mil dólares. El robo se concretó con la firma de Rodolfo Iaccarino padre en Santiago del Estero, a los días. Cuando el hombre preguntó por los bienes a cambio, “Chezzi le respondió que le pagaban con la vida de sus hijos, que qué más quería”, remarcó Alejandro.
Pasaron por la Unidad Penal 9 de La Plata y una cárcel de Santiago hasta que fueron liberados. Cerraron la constructora y la empresa de luminarias. El resto “se derrumbó”, dicen y del predio en Alta Gracia y los 300 mil dólares no vieron nada todavía. Declararon en una decena de causas judiciales y juicios vinculados con el episodio que los dejó sin bienes y los convirtió en “parias”, según se definen. “Nadie quería ni siquiera saludarnos” después de haber sido víctimas del terrorismo de Estado en carne propia, subrayó Alejandro. Con el advenimiento de la democracia intentó conformar un colectivo de empresarios perseguidos por la dictadura, que no funcionó: “Tenían todos mucho miedo, y con miedo no podíamos hacer nada”, recordó. Se sumaron a la militancia por los derechos humanos y desde entonces sufrieron amenazas. Rodolfo, el mayor, falleció en 2009 de un paro cardíaco tras uno de esos hechos intimidatorios. El día anterior los Iaccarino habían dado una entrevista a la TV Pública.
Viven de jubilaciones y recién en junio pasado recuperaron algunas hectáreas de la productora láctea en Santiago del Estero. Dedicaron toda su vida a buscar Justicia y a recuperar lo que les robaron, “porque la vida, a nosotros nos la destrozaron”, concluyó Alejandro Iaccarino.
