La industria de alimentos y bebidas es un sector estratégico para la economía argentina, sin embargo, pese a su gran dimensión y potencial, continúa advirtiendo una situación estructural de estancamiento de su producción que no ha sido enfrentada con las políticas adecuadas hace más de diez años.
En este marco, hay quienes pretenden responsabilizar al sector por una situación extremadamente preocupante que, además de afectar a la sociedad en su conjunto, atenta directamente contra el sistema productivo: la inflación, un flagelo que reduce la previsibilidad y provoca bajas en la inversión, una menor producción – además del impacto en la caída del consumo – con su consecuente correlato en la disminución en la creación de empleo.
Atribuir un fenómeno multicausal a una industria en particular es erróneo. Tanto la industria alimenticia como el resto de la sociedad en su conjunto sufren las consecuencias de la inflación, la cual atenta principalmente contra la población de menores ingresos y cada uno de los sectores económicos. Pese a ello, se continúa atacando a un sector que siempre estuvo comprometido con las familias argentinas, haciéndose cargo de su carácter esencial en los momentos más duros que atravesó el país por la pandemia, conservando los casi 400.000 puestos de trabajo que genera y facilitando diariamente el acceso de los hogares argentinos a toda la variedad de productos alimenticios y bebidas.
Asimismo, también se verifica que al analizar los datos del INDEC, existen otras divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuyos precios crecen por encima del IPC correspondiente a la industria de alimentos y bebidas. Además, si se compara al IPC con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), puede también comprobarse cómo los precios en el canal comercial han aumentado por encima de los precios de salida de fábrica de la industria.
Cabe reflexionar acerca de si se conocen las condiciones en las que los sectores operan para asegurar el aprovisionamiento diario de alimentos y bebidas en todo el territorio nacional, en el marco de problemáticas estructurales, como el alto nivel de presión impositiva (40% en el precio final de los alimentos y 50% en las bebidas) y densa carga administrativa, o los altos costos logísticos que alcanzan entre un 15 y un 30% de la facturación total de las compañías.
Las empresas productoras han soportado en los últimos años aumentos permanentes de costos en la producción local, tanto de materias primas, insumos, costos laborales, incluso los aumentos registrados en los precios internacionales de algunos commodities que forman parte de su matriz productiva.
En esencia llama la atención que una Industria que es claramente competitiva en el plano internacional, sea por la presencia de productos de empresas argentinas que se exportan o por la producción local de empresas transnacionales que operan en el mundo si no reconocemos que no es casualidad sino causalidad que nuestra realidad es producto del marco de imprevisibilidad e incertidumbre –con consecuente impacto en los mercados- que genera una inflación tan elevada como la que vive la Argentina.
Desde COPAL, junto con los 35 sectores que componen a esta Coordinadora, compartimos la preocupación por los aludidos efectos que la inflación genera sobre la pobreza y los sectores que continúan sin tener acceso a los alimentos necesarios. Con seriedad y compromiso, la inflación es un problema real que debe ser afrontado por la sociedad y la dirigencia con el diagnóstico adecuado, participando el conjunto de actores que deben ser parte de la solución y sobre la base de un trabajo integral para dar una respuesta efectiva y sustentable a cada una de las causas que originan este proceso.
Sin embargo, es importante superar dilemas que derivan en falacias como la concentración de la producción y comercialización. La industria de alimentos y bebidas de nuestro país es de los sectores más atomizados, con un universo de 14.500 empresas que llegan a más de 270.000 puntos de venta. El entendimiento tiene que ser sobre la complejidad del entramado, que, sumado a los problemas estructurales, se compone en un 95% por PyMES con lo que ello significa en cuanto a realidades tan diversas en un vasto territorio como nuestro país.
De esta manera, intervenciones aisladas, que omiten un accionar integral, alejan a nuestra sociedad cada vez más de encontrar una solución, y no permiten focalizar los esfuerzos en el trabajo conjunto que lleve a atender los distintos desafíos que enfrenta nuestro país, partiendo del entendimiento mutuo sobre las realidades a transformar.