¿En las redes vale todo?

La agresión estuvo acompañada por el anuncio, de parte del precandidato a legislador Yamil Santoro (Republicanos Unidos), de ampliar la denuncia contra la actriz. Nuevamente, Twitter fue un escenario clave de la trifulca, aunque no excluyente, por cuanto el asunto se acomodó en homes y en los set televisivos con una estética poco novedosa; una vez más, una mujer quedó ubicada en el ojo de la tormenta, víctima de violencia simbólica, sexualizada y estereotipada, tanto mediática cuanto institucionalmente. No es la primera ni será la última ocasión en la que asistamos a casos de este tipo, tratados de manera irresponsable por algunos medios y otros actores, en las que se exponen patrones que reproducen la inequidad de género y la revictimización de la mujer. 

Florencia Peña tuvo la posibilidad de circular por algunos medios para aclarar lo sucedido y contó, además, con el respaldo de autoridades del gobierno. Aun así, alguna dimensión de esa mentira obscena persiste en estado latente en el goce público. En las dos semanas que siguieron al 27 de julio —cuando Peña fue agredida por Fernando Iglesias—, las búsquedas en Google Trends mostraron que, entre las cinco consultas más relevantes sobre la actriz, aparecía Alberto Fernández. Lejos de una pesquisa para verificar la falsedad del asunto, aquella búsqueda estuvo motorizada por el deseo de espiar a Peña y a Fernández a través de la cerradura virtual, en ese placer cognitivo que nos genera confirmar nuestros perjuicios. Las operaciones de fake news, como una expresión más de la violencia discursiva, no tienen un propósito informativo sino expresivo. No pretenden durar sino lastimar. Sin más, buscan enrostrar el poder de ejercer un maltrato impunemente.

¿Cómo se explica esta dinámica mediática? Las noticias falsas suelen propagarse con mayor velocidad que la información verificada, que alcanza niveles de difusión más acotados. Más aun, cuando los usuarios de redes sociales están frente al chequeo de un contenido falso, acogen fundamentalmente aquellas correcciones que se alinean con sus creencias idiosincráticas y, en cambio, anteponen una resistencia cognitiva toda vez que la verificación refuta dichas cosmovisiones. A su vez, la dramatización de los eventos en un momento de tanta sensibilidad y agotamiento social como el actual activa rápidamente respuestas eminentemente afectivas.

La violencia mediática, institucional y simbólica está incluida dentro de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009. En este contexto, la agenda de género fue ganando terreno, aunque con avances y retrocesos; y, claramente, los intentos por instalar un encuadre más equitativo siguen sin llegar a buen puerto. Dicho en otros términos, los marcos interpretativos impulsados por los movimientos feministas no logran instalarse de manera completa y cuidadosa. Por el contrario, su mediatización no es posible sin ser objeto de tergiversaciones, reduccionismos propios de las rutinas periodísticas y descontextualizaciones arbitrarias.

Estas demostraciones de poder simbólico tienen lugar en plataformas que, como observa Martín Becerra, “son hoy un espacio [privado] donde públicamente se conversa sobre cuestiones de interés común en las sociedades contemporáneas, donde las personas se informan, acceden a contenidos vitales para su salud, su educación, su trabajo y sus lazos con los afectos”. Ello no implica, sin embargo, que se trate de un espacio sin reglas de juego relativas a qué puede decirse y qué no. En cambio, quienes utilizan estos escenarios para azuzar sentimientos polarizantes se amparan en concepciones libertarias de una libertad de expresión “sin límites”, como lo indicó la dirigente del PRO, Patricia Bullrich, en un programa televisivo.

La discusión alrededor de la libertad de expresión en las plataformas de Internet está lejos de llegar a un consenso. No obstante, ampararse en tal libertad de expresión como un atajo para decir cualquier cosa olvida que su ejercicio puede ser sujeto a responsabilidades ulteriores para asegurar, entre otras cuestiones, el respecto a los derechos o a la reputación de los demás. Así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, que en nuestro país tiene rango constitucional desde la reforma de 1994.

En vistas de que las plataformas intervienen en la “moderación de contenidos”, en ocasiones mediante inteligencia artificial cuyo funcionamiento dista de ser transparente, es necesario establecer reglas claras y legítimas, afirman Becerra y Waisbord. La pregunta es: “¿quién decide, en definitiva, los términos y condiciones para la expresión online en el siglo XXI?”. Sin dudas, el reto hoy es lograr que la libertad de expresión conviva con otros derechos humanos, tales como el de las mujeres a vivir una vida sin violencias, dentro y fuera de la virtualidad.