12|10|2021

Avanza el pedido de jury a tres fiscales aliados de Vidal y Conte Grand

13 de agosto de 2021

13 de agosto de 2021

La Comisión Bicameral de enjuiciamiento aceptó las denuncias y pidió más documentación para expedirse. La trama que pone en la mira al vidalismo.

El pedido de juicio político para tres fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, aliados de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y del procurador general Julio Marcelo Conte Grand, fue aceptada por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados, quien no se expidió sobre las denuncias pero solicitó la incorporación de nueva documentación para definir si finalmente corresponde abrir o no el proceso de destitución.

 

El pedido de jury es impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense contra el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera, y otros dos fiscales a los que acusó de persecución a funcionarios judiciales, en especial al juez de garantías Gabriel Vitale.

 

En el escrito, presentado ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, solicitó que la medida se aplique también a Pablo Rossi, titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional y Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1, a quienes acusó por mal desempeño de sus funciones.

 

Según consta en la denuncia realizada por la AJB -que se suma a otros pedidos de jury impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria y AJUS-, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de Vidal y Mauricio Macri.

 

Entre los hechos denunciados se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como fiscal general adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.

 

Sebastian Scalera

“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político, como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava del Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, graficaron.

 

Fuentes del caso señalaron que “esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale, que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.

 

“Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de Garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”, graficaron.

 

Otra posible muestra de la utilización del Ministerio Público Fiscal en el avasallamiento de la independencia judicial a través de procesos penales es el caso de la jueza Civil y Comercial María Zulema Vila, quien como consecuencia de su intervención en el concurso preventivo de una empresa de transporte fue perseguida penalmente por el fiscal Pablo Rossi. “Habilitada su intervención mediante una manipulación en la asignación de la IPP, Rossi decide imputar a Vila y pedir su desafuero, pese a que los trámites del concurso fueron confirmados por la Cámara del fuero. También en este caso el Procurador General” Conte Grand “acompañó lo actuado por Rossi y sostuvo el proceso de enjuiciamiento de Vila, incluso recurriendo la decisión del jurado que dispuso el cierre de las actuaciones”, resaltaron fuentes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

 

Estos y otros hechos deberán ser evaluados por las y los diputados y senadores bonaerenses que conforman la Comisión Bicameral, y en base a ello decidir si aceptan el rol de acusador en el proceso de enjuiciamiento abierto a partir de las denuncias realizadas por la AJB, la Comisión Provincial por la Memoria y el colectivo judicial AJUS.

 

La comisión está conformada por los diputados bonaerenses Mario Giacobbe (17 de noviembre), Juan Pablo De Jesús, Carlos Julio Moreno, Luciana Padulo, Germán Di Césare (del Frente de Todos), Maricel Etchecoin Moro y Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio). Por el senado, la integran Lorena Petrovich, Leandro Blanco, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), Agustina Propato y Adrián Santarelli (Frente de Todos).