Este año, una vez más, no habrá primavera electoral en Managua. Las expectativas comenzaron a diluirse a partir de mayo, cuando el gobierno sandinista de Daniel Ortega emprendió una avanzada sobre la oposición que lleva, hasta el momento, al menos 18 dirigentes –en cinco casos, postulantes presidenciales– detenidos bajo los cargos de “traición a la patria” y “lavado de dinero”, algo que generó un rechazo activo de la comunidad internacional. El oficialismo ahonda un curso que nada tiene que ver con las banderas rojas y negras que supo levantar durante la revolución de 1979.
Nicaragua vive un deterioro del ecosistema político que la dupla presidencial y matrimonial Daniel Ortega-Rosario Murillo comenzó a edificar hace años. Por un lado, con un oficialismo que se arropa en un discurso progresista y reivindicativo del líder de la independencia nacional, Augusto Sandino, y de la revolución que derrocó al clan familiar de los Somoza, pero con una mutación hacia un despotismo aliado a grandes empresas privadas y las iglesias católica y evangélica que ven en la crítica opositora una avanzada imperialista de Estados Unidos. Por el otro, con una oposición que no puede ni sabe alcanzar un plan fuerte para derrotar al heredero de un sandinismo original ultrajado. En el medio, la población –que ya emprendió grandes protestas en 2018 y amenaza con volver a hacerlo– sufre los vaivenes de la política y de la crisis sanitaria y económica que hacen del país el segundo más pobre del continente, solo por detrás de Haití.
Más precisamente, la crisis comenzó el 28 de mayo, cuando fueron detenidos dos contadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en referencia a la expresidenta que derrotó al propio Ortega en las elecciones de 1990 y le puso fin a la revolución sandinista. El 2 de junio se profundizó con la detención de Cristiana Chamorro, hija de Violeta y de Pedro Joaquín Chamorro –considerado un héroe nacional por su oposición a la dictadura de los Somoza, que gobernó el país con mano de hierro entre 1934 y 1979– y precandidata presidencial en los comicios del 7 de noviembre. A ellos se sumaron el exembajador de Ortega en Washington entre 2007 y 2009 y también precandidato, Arturo Cruz; Feliz Maradiaga, postulante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Juan Sebastián Chamorro, candidato y primo de Cristiana, y Miguel Mora Barberena, abanderado del Partido de Restauración Democrática (PRD).
Las detenciones tienen la clara intención de interferir en las elecciones de noviembre, cuando casi seis millones y medio de personas renovarán al binomio presidencial, las 90 bancas de la Asamblea Nacional y los 20 asientos del Parlamento Centroamericano. En cinco meses, la dupla Ortega-Murillo buscará revalidarse al frente del Poder Ejecutivo, como lo hizo en 2016 con el 72,4% de los votos y en 2011 con el 62,4%, tras haber vuelto al poder en 2006.
Si la actual crisis no se resolviera, la principal opositora, Cristiana Chamorro, no podría competir y la oposición se vería cercenada ante el desafío de inscribirse o no en un proceso que que no podría ganar.
Las detenciones han alcanzado a figuras que estuvieron aliadas al gobierno y a referentes de renombre en el sandinismo, que se nuclearon bajo las siglas de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), anteriormente conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Por ejemplo Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller de Ortega durante su primer gobierno; Hugo Torres, uno de los líderes militares más importante de la guerrilla que en 1974 liberó de prisión al propio Ortega; Dora María Téllez, conocida como “Comandante Dos” durante la insurrección armada y recordada por haber participado, junto a Torres, de la toma del Palacio Nacional en 1978, a la vez que exdiputada y ministra de Sanidad de Ortega. La persecución no distingue orígenes.
Gran parte de las detenciones se ampara bajo el primer artículo de la Ley 1.055, conocida como “de defensa por los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz” y aprobada en diciembre del año pasado. Bajo un gran marco de acciones que van desde “encabezar o financiar un golpe de Estado” hasta “incentivar la injerencia extranjera en los asuntos internos”, considera a las personas procesadas “traidores a la patria”, por lo que no pueden “optar a cargos de elección popular”. A esto se suma una reforma del Código Penal, aprobada en febrero, que extiende el plazo de detención mientras se realiza la investigación del delito hasta los 90 días.
En este contexto, la oposición sufre, además, la incapacidad de unificarse. El período de inscripción de alianzas confirmó que el sandinismo, que presentará a la actual dupla gobernante, competirá en un escenario disperso que lo favorecerá. A mediados de mayo se inscribió la Alianza Ciudadanos por la Libertad, compuesta por el partido del mismo nombre y PAMUC, una organización costeña. Quedó afuera la Unidad Nacional Azul y Blanco, que contiene al Partido de Restauración Democrática (PRD) y al sandinismo disidente. Las diferencias alrededor de la fórmula, la distribución de los escaños y qué decisión tomar con relación a las fuerzas progresistas impidieron formar una gran coalición que habría significado un escollo mayor para Ortega. A pesar de que la titular legal de CxLibertad, Kitty Monterrey, aseguró que “no es el fin de la unidad”, sino el inicio de “una etapa nueva”, resultará difícil alcanzar un acuerdo capaz de reunir a fuerzas de un amplio espectro en contra del matrimonio Ortega-Murillo si hasta el momento y en este contexto no lo lograron.
Nicaragua se encamina hacia una espiral autoritaria sin salida aparente a través del diálogo y el consenso en el corto plazo. La región, que sufre en Venezuela una crisis con algunos puntos de contacto, debería evitar tropezar con la misma piedra y buscar una resolución pacífica.
