08|5|2022

Plataformas audiovisuales: el botín verde que se va en plena sequía de dólares

13 de diciembre de 2021

13 de diciembre de 2021

Balanza deficitaria y puja por las ganancias. Cuánto podría recaudar el Gobierno para políticas de fomento. La discusión: ¿impuestos o inversiones?

En 2020, el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más importaciones) representó el 3,79% del comercio total de servicios de la economía nacional, el valor más alto desde 2004, según datos del Informe sobre Comercio de Bienes y Servicios Culturales de octubre de 2021 elaborado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) del Ministerio de Cultura. La balanza comercial de servicios culturales exhibe, no obstante, un histórico comportamiento deficitario: en 2020, el  saldo negativo fue de US$ 316 millones.

 

Especialmente dinámica es la importación de servicios audiovisuales digitales, que creció 6.846% en los últimos diez años. A 2020, la importación de este tipo de servicios, entre los que se cuentan los abonos a plataformas como Netflix o Spotify, representó el 50% de las importaciones audiovisuales totales. Recién en 2018, luego de ser alcanzados por el IVA, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pudo, con datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estimar su volumen en dólares.

 

Mariana Kunst, Coordinadora del SInCA, reconoce la dificultad para identificar la totalidad de los establecimientos productivos que conforman el rubro “servicios digitales”. Más ampliamente, entiende Kunst, “hay muchas limitaciones para estimar datos del comercio exterior de servicios culturales”. La AFIP, por su parte, publica un extenso listado de más de 900 prestadores que tributan en la categoría de servicios digitales, pero una porción menor son plataformas audiovisuales. El INDEC estimaba que, en 2021, eran 164 las empresas del rubro servicios digitales, aunque el número incluía empresas de videojuegos, redes sociales y motores de búsqueda. Con datos de la consultora Business Bureau, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ubicaba en 98 el número de plataformas de streaming de video consumidas en el país.

 

Según datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC, al primer trimestre de 2019, el rubro “Servicios audiovisuales y conexos” (la transmisión o distribución digital de contenido multimedia a través de internet) representó la salida del país de US$ 86.889.027, un estimado anual de más de US$ 350 millones. Tomando en cuenta el país de destino de las divisas, el SInCA estimaba que el 65% de ese total correspondía a abonos de Netflix (Estados Unidos) y un 18% a Spotify (Suecia).

 

El crecimiento de los servicios digitales en la balanza comercial de bienes y servicios culturales genera preocupación entre distintos actores del sector cultural local sobre la necesidad de retener en el país parte de la renta que estas empresas remiten a sus casas matrices. Una de las propuestas más extendidas refiere a alcanzar a las plataformas OTT audiovisuales con el Impuesto Cine del 10% previsto en la “Ley de Cine”. Por el Congreso han circulado varios proyectos en esta dirección, el último de 2019, del entonces diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO).

 

Una interpretación apegada al espíritu original de la “Ley de Cine” indica que el paso no sería necesario porque el impuesto grava al intangible “videograma”, no al medio de exhibición, por lo que las operaciones de las OTT ya están alcanzadas de hecho. La dificultad técnica para cobrarlo radicaría, principalmente, en que muchas de las más grandes plataformas no tienen domicilio legal en el país y realizan el cobro desde el extranjero.

 

El Observatorio Audiovisual INCAA, a cargo de Guillermo Saura y Julio Bertolotti, realiza una estimación de los ingresos que percibiría el Fondo de Fomento que administra el Instituto de aprobarse una norma que incluyera a las plataformas de streaming bajo el Impuesto Cine previsto en la legislación  vigente, es decir, si el 10% de la facturación anual de las plataformas en concepto de abonos se destinara al Fondo de Fomento.

 

El último cálculo del Observatorio INCAA, de octubre de 2021, toma como referencia los abonados a Netflix en Argentina (5,1 millones) y los hogares que cuentan con este u otros servicios de streaming de video (1,8 millón y 7,1 millones, respectivamente) y los pone en relación al precio del abono, tipo de cambio y esquema impositivo vigente al momento de la estimación. El resultado muestra que el monto destinado al fomento de contenidos audiovisuales oscilaría entre 48 y 67 millones de dólares por año.

 

La manta corta

Sin embargo, el Instituto de Cine no es el único actor que espera hacerse de una parte de la renta que generan las plataformas de streaming de contenidos audiovisuales. Sectores de la radiofonía privada e incluso el Instituto Nacional de la Música ven allí la posibilidad de incrementar sus fondos. En la misma lista puede inscribirse a RTA S.E y los demás entes beneficiarios de los gravámenes que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 

El proyecto de “ley de fomento de la pluralidad y diversidad informativa” que acompañan medios en su mayoría del sector sin fines de lucro, sindicatos y federaciones de prensa también demanda “establecer un fondo de fomento al pluralismo con parte de los impuestos recaudados sobre el consumo de servicios digitales importados.”

 

El novel Espacio Nacional Audiovisual, un desprendimiento de la Multisectorial Audiovisual, tiene en construcción un proyecto que por el momento genera más dudas que adhesiones, en el que plantea, entre otras cosas, la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Cine y de las Artes que se integraría por un impuesto del 10% sobre el precio básico de los servicios de plataformas audiovisuales. Sería deducible del IVA en su totalidad, por lo que ingresaría en el fangoso terreno de la negociación con las provincias, ya que en los hechos implicaría licuar un impuesto coparticipable.

 

Aunque entre algunos sectores del oficialismo circula la idea de gravar a las plataformas con ganancias, necesitado de divisas, el Gobierno busca dar señales amistosas y generar condiciones atractivas para que las plataformas globales inviertan en el país. Para Ariel Direse, investigador y actual director nacional de Innovación Cultural del Ministerio de Cultura, “deben desarrollarse planes de incentivos audiovisuales que no generen cargas impositivas expulsivas sobre los operadores de VOD, sino pensar en la conveniencia de generar Hubs de Producción y promover el asiento y la apertura de oficinas locales de las plataformas”. Para el funcionario, esto ayudaría a destrabar el cobro del Impuesto Cine, que, desde hace años, ya abonan plataformas como Flow, de Cablevisión, o Movistar+, de Telefónica.

 

Con la mirada más puesta en las afectaciones culturales y simbólicas de las OTT audiovisuales, Leandro González, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sostiene que "parece clara la inconveniencia de desarrollar una estrategia ‘a medida’ a favor de las plataformas. Algunos países comenzaron a implementar políticas de incentivos fiscales —compitiendo entre sí—, en un juego de suma cero para la región que sólo consigue abaratar los costos de las empresas más concentradas”, señala el investigador.

 

Se trata de una discusión con muchas aristas, en la que convergen numerosos actores estatales con motivaciones y necesidades particulares y agentes del sector audiovisual con intereses igualmente difíciles de armonizar. El Ministerio de Cultura se muestra optimista por las capacidades técnicas y creativas del país, aunque advierte la necesidad de seguir consolidando y extendiendo las capacidades productivas.