Intentó suspender la indagatoria. Presentó un llamativo pedido de permiso para salir del país. Acudió a todas las herramientas para despegarse de la causa. Tuvo todas las garantías constitucionales en el proceso penal. Una vez más, el exintendente macrista de Pilar Nicolás Ducoté recibió malas noticias judiciales: la Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento por “malversación de caudales públicos” y "violación de los deberes de funcionario público" en el manejo de los fondos otorgados por la Nación al Municipio, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Letra P.
Los jueces de la Sala II Alberto Lugones (integrante del Consejo de la Magistratura), Marcos Morán y Néstor Barral en su fallo de más de cien páginas, entendieron existen evidencias concretas “para fundar prima facie la responsabilidad” de Ducoté en el hecho que se le imputa.
Ducoté había sido procesado sin prisión preventiva el 5 de julio pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país, y fue por ello que el exintendente decidió recurrir la decisión ante la Cámara Federal, donde confirmaron todo lo investigado y dispuesto por el magistrado de primera instancia.
La Cámara también ratificó el embargo de cien millones de pesos sobre los bienes de Ducoté. Junto con el ex intendente de Pilar la Cámara también confirmó los procesamientos de Juan Pablo Martignone, Federico Iván Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Sandra Edith Sosa, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Norberto Fabián Giulianelli, Sergio Miguel Russo, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, quienes participaron de la maniobra.
La investigación
La causa se inició en 2019 con la denuncia de una concejala del municipio por administración fraudulenta de fondos recibidos del Gobierno nacional, en ese entonces con Mauricio Macri a cargo de la Presidencia.
La denuncia puso el foco sobre la construcción de una planta de efluentes cloacales en el barrio Peruzzotti y también sobre obras de infraestructura realizadas en el barrio Monterrey y financiadas mediante convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, entonces a cargo de Rogelio Frigerio. Se trataban de obras de infraestructura para barrios de personas muy humildes del distrito.
La inversión inicial era por 145 millones de pesos para un plan de urbanización del barrio Monterrey (una de las zonas más humildes del distrito) que contenía asfalto, agua corriente, cloacas, iluminación, plazas nuevas, un centro cultural y hasta un corredor aeróbico. Pero las obras nunca se terminaron, aunque desde la administración Ducoté certificó obras inconclusas o directamente nunca comenzadas.
Un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al que accedió Letra P señala que se fraguaron certificaciones de obra. También, que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales. En rigor, esa repartición emitió tres dictámenes que comprometen al exalcalde.
Los investigadores concluyeron que los plazos nunca se respetaron. De hecho, en el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después de que el exintendente Ducoté adjudicara la licitación y dos meses antes de la firma del contrato.
Otro de los focos en la mira es la publicidad de los actos administrativos y la presunta responsabilidad de las empresas que estuvieron a cargo de las obras. Pero lo sustancioso de este tramo de la investigación se centra en las certificaciones de obras realizadas por la administración municipal, ya que sin ellas las empresas no podían solicitar nuevos desembolsos de dinero, que se ejecutaban contra obra terminada, es decir, rendir el dinero recibido con anterioridad.
Con todos los plazos vencidos y varios trabajos pendientes, en agosto de 2019 (en plena campaña electoral) el convenio original se modificó mediante una adenda y se redujo el monto total a $123.873.531. En ese momento, todavía había trabajos pendientes. Para la PIA, el Municipio debería haber cancelado el contrato.
La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo "pago de sobreprecios" y "erogaciones" por trabajos que no se concretaron en ambas barriadas, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como "microcréditos", que debía ser utilizado para viviendas o infraestructura de gas y agua.
"Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial", determinó el juez Charvay al dictar sus procesamientos.
Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, luego concejal en Pilar por el PRO, para finalmente ser electo intendente del Municipio entre 2015 y 2019.
