La denuncia por presunto espionaje ilegal contra tres fiscales que estuvieron en sintonía fina con la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el Procurador General Julio Marcelo Conte Grand llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según informaron los denunciantes ante la consulta de Letra P. Este nueva arista se da mientras se aguarda una resolución de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento donde analizan si prospera o no el pedido de juicio político para Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, todos del departamento judicial de Lomas de Zamora donde, se sospecha, se abrieron causas de manera irregular para espiar a opositores al expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora Vidal.
Ambas presentaciones son impulsadas por la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) LPBE, junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La denuncia a escala internacional fue presentada ante la relatoría especial sobre la independencia de magistrados y abogados que dirige el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán. Esta relatoría forma parte de la ONU.
La denuncia contra los fiscales bonaerenses es por “prácticas judiciales arbitrarias, persecución de magistrados, tareas de inteligencia ilegal y actuaciones irregulares durante la gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos (2015-2019)”, detallaron fuentes del caso consultadas por este medio.
Entre los hechos denunciados se cuestionan las acciones en contra del juez de Garantías Gabriel Vitale y de la jueza Zulema Vila, quienes “sufrieron hechos de hostigamiento, persecución y aprietes por parte de los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert, que constituyeron una clara afectación de la independencia de la Magistratura”, señalaron desde AJUS, quienes recordaron que “ante la recurrencia de este tipo de acciones y las crecientes denuncias de espionaje ilegal” la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) “abordó la cuestión en la Acordada 17/2019. Allí estimó que un uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, implica la violación de garantías constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Según consta en la denuncia realizada, este tipo de mecanismos antidemocráticos están vinculados a un modus operandi llevado a cabo durante la gestión de Vidal y Macri, que tendía a obtener información de actores políticos determinados por medios ilegales, para así poder presionarlos, influir en sus decisiones o incluso hostigarlos mediante presentaciones judiciales. Citando a la denuncia realizada: "La historia reciente de la justicia en Argentina tiene fragmentos de opacidad y algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. Es por ello que muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia”
La denuncia lleva las firmas de Luis Emanuel Amadeo, nuevo Presidente de AJUS LPBE, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de Presidente y Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), respectivamente, y Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); quienes sostienen que “es claro y evidente el procedimiento llevado a cabo por los fiscales denunciados para presionar a diferentes funcionarios judiciales, en miras a obtener resoluciones a su favor en el marco de causas determinadas o bien orientar su actuación general en la función jurisdiccional orquestando así una justicia a la carta”.
Las denuncias
Según consta en los expedientes, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de Vidal y Macri. Entre los hechos denunciados se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como fiscal general adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.
“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Gabriel Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político, como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava del Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, graficaron.
Tal como publicó Letra P, se cree que “esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale, que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.
“Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de Garantías”.
Todo esto forma parte de un pedido de juicio político que tramita en la Legislatura bonaerense, dentro de la Comisión Bicameral que preside el diputado Mario Giaccobe (bloque 17 de noviembre) e integrado por los diputados bonaerenses, Juan Pablo De Jesús, Carlos Julio Moreno, Luciana Padulo, Germán Di Césare (del Frente de Todos), Maricel Etchecoin Moro y Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio). Por el Senado, la integran Lorena Petrovich, Leandro Blanco, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), Agustina Propato y Adrián Santarelli (Frente de Todos).
La Comisión solicitó una serie de informes y documentación que se van acumulando en el expediente. Una vez que se tenga toda la información la Bicameral “tiene un plazo de cinco días para expedirse”, confirmaron fuentes del caso a Letra P.
