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El organismo de control del servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires inició un sumario administrativo. La firma asegura que, si pagara, afectaría el servicio.
Redacción 05/02/2020 9:20

La empresa de servicio eléctrico Edelap recibió un nuevo revés administrativo por el mega apagón que afectó a más de 50.000 usuarios en la zona norte de La Plata durante más de dos días en junio de 2019. La empresa se niega a pagar la multa de 200 millones de pesos impuesta por la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal, por lo que el organismo de control del servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires (Oceba) inició un sumario que, en el escenario más radical, podría derivar en la quita de la licencia a la empresa propiedad de Rogelio Pagano.

La firma sostiene que “la exigencia del pago de la multa complementaria impuesta no sólo ocasiona un perjuicio irreparable a la empresa, sino que también afecta al interés público, en tanto que compromete la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en la ciudad de La Plata”, según la resolución publicada este miércoles en la página 11 del Boletín Oficial provincial.

 

 

El 22 de junio de 2019 se registró un apagón que afectó a la zona norte de la capital bonaerense y perjudicó a más de 50.000 usuarios que no tuvieron servicio eléctrico por más de 50 horas debido a una "falla propia" de Edelap. Ese desperfecto se agravó por la imposibilidad de contar con el respaldo de un cableado de la subestación Dock Sud, que depende de Edesur y está fuera de servicio desde 2017.

Edelap es propiedad del financista Rogelio Pagano desde 2015. De acuerdo con sus propios balances, la compañía fue la energética que más dinero ganó gracias a los tarifazos autorizados por los gobiernos de Mauricio Macri y Vidal. En tanto, Edesur pertenece a un grupo inversor italiano que tiene entre sus accionistas a Nicolás "Nicky" Caputo, amigo íntimo de Macri. 

El inconveniente causó pérdidas millonarias a los vecinos y, fundamentalmente, a los comerciantes. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires calculó que esos costos ascendieron a casi 1.000 millones de pesos y por ello el organismo pidió fuertes resarcimientos tanto a las familias como a los comerciantes de la zona.