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Cuentas pendientes de la libertad expresión en Argentina

Mientras las autoridades encargadas de hacer cumplir las regulaciones se (auto) celebran, la lista de problemas crece al ritmo de la concentración del mercado y la retracción del interés en la agenda.

Cuentas pendientes de la libertad expresión en Argentina

06/06/2019 20:49

El 5 de junio, la presidenta del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicó una columna de opinión en La Nación titulada “Mayor libertad, mejores derechos”. En la nota, Silvana Giudici destaca lo que a su entender son los logros de la gestión de Mauricio Macri en materia de comunicaciones y libertad de expresión. El sesgo de su análisis, su alineamiento y defensa para con el discurso gubernamental son una muestra representativa de hasta dónde se ha imbricando el Poder Ejecutivo en la aplicación y control del sector de comunicaciones.

Una de las primeras cuestiones que destaca Giudici es la ubicación del país en mejores puestos de rankings de libertad de expresión a partir de 2015. El último listado publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a la Argentina en el puesto 57, cinco lugares más abajo que en 2018, en el mismo que en 2015 y tres por debajo de la marca de 2013.

 

 

Aparte, el Monitor de la Propiedad de los medios coordinado por la misma entidad (RSF) y realizado por Tiempo Argentino y un conjunto de periodistas e investigadores señala que los índices de concentración de audiencias de las principales cuatro empresas en prensa (74%), radio (53%) y televisión (56%) son excesivos.

Giudici omite mencionar la concentración que produjo en el mercado de comunicaciones la fusión entre Telecom y Cablevisión que transformó al Grupo Clarín (a través de Cablevisión Holding) en la empresa que mayores ganancias obtuvo en la recesiva economía argentina de 2018. Además, esta operación de concentración conglomeral y convergente marca un récord en la historia de las comunicaciones locales con un actor que es el principal jugador en el mercado de telefonía móvil, fija, provisión de internet al hogar y televisión de pago. Eso sin contar su liderazgo en la producción de contenidos, lo que en cualquier país sería objeto de análisis de las autoridades –si estas fueran independientes del poder económico- por el abuso de poder dominante en toda la industria. 

La Presidente del Enacom (órgano gubernamental creado por decreto de Macri, incompatible con los estándares americanos sobre libertad de expresión) también desconoce la grave crisis laboral que afronta el sector de los medios en general y de la radiodifusión en particular. Así como la exigua intervención del Ente o del Ministerio de Trabajo en la protección de los trabajadores. Radio El Mundo, Rivadavia, Del Plata, FM Blue, Radio América, Canal 9 son algunos ejemplos. Del mismo modo, la situación judicial de los dueños del Grupo Indalo por evasión impositiva y la condonación de deudas a empresas de gráfica como La Nación o Clarín o el régimen de facilidades de pago para deudores de multas o gravámenes de radiodifusión demuestra que no todos los deudores del fisco son iguales para el gobierno que Giúdici integra y quiere defender. Ni los deudores ni, claro, sus líneas editoriales.

Entre los avances destacables realizados por el gobierno de Macri en materia de libertad de expresión se encuentran la realización periódica de conferencias de prensa; la sanción de una ley de acceso a la información pública; la merma en el gasto en publicidad oficial; el tratamiento de expedientes atrasadísimos en el Enacom desde la época del Comfer (autoridad de aplicación en radiodifusión hasta 2009); y los avances en materia de conectividad gracias a políticas de explotación de la Red Federal de Fibra Óptica (desplegada en buena medida durante los gobiernos previos) y ejecución de los fondos recaudados para ello.

Más allá de estas cuestiones, la funcionaria omite numerosas trabas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tanto en el plano individual como en el plano social. Giudici destaca el fin de las cadenas nacionales -como si no fuese un instrumento válido (y necesario) de comunicación entre la máxima autoridad nacional y la ciudadanía- pero no encuentra un problema en el uso proselitista de la inauguración de obras comunicadas nacionalmente a través de los distintos medios (el Paseo del Bajo es un ejemplo). Tampoco encuentra problemático que toda la regulación del sistema de comunicaciones haya sido modificada a través de decretos y hayan beneficiado específicamente al grupo más concentrado del sector.

 

 

En materia de publicidad oficial, si bien los montos gastados bajaron de manera considerable (en relación a los años de Cristina Fernández de Kirchner) y los datos se publican semestralmente de forma abierta, durante los primeros dos años de gestión se encontraron amplias discrecionalidades en su uso (en especial con discriminación hacia los medios del Grupo Octubre, Indalo y los medios comunitarios). Además, los criterios establecidos por la resolución sancionada por Jefatura de Gabinete no son objetivos y fueron decididos de manera unilateral y con un cumplimiento irregular. De la misma manera, pese a formar parte de la mesa política y de consulta presidencial, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta informa de manera parcial los destinos de su publicidad oficial mientras que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no publica ningún dato de la suya. Si se juntan ambos gastos, se supera a lo invertido por Nación. Y tanto la Provincia como la Ciudad pueden ser escuchados, leídos y vistos en gran cantidad de espacios publicitarios.

Otro de los aspectos resaltados por Giudici es el respeto a las minorías parlamentarias dentro del Enacom. Justamente en este punto es en donde mayores retrocesos hubo, en especial en la institucionalidad e independencia política (la nota es una muestra fiel) de las autoridades. El Gobierno tiene mayoría automática dentro del directorio y el presidente puede remover a los directores sin necesidad de esgrimir causas. Por otro lado, en 2019 se conoció la salida (no las razones) del director Alejandro Pereyra y el reemplazo designado por la Casa Rosada es un ex funcionario de SOCMA sin experiencia ni conocimientos en el sector de las comunicaciones: Oscar Zabalaga. Esta situación se repite en la Defensoría del Público (institución modelo a nivel internacional) donde los legisladores oficialistas postergan hace tres años el nombramiento de un defensor, mientras designan interventor a un funcionario de la Cámara sin experiencia en la materia (Emilio Alonso).

La presidenta del Enacom destaca el amplio proceso de regularización de licencias y trámites que se realiza bajo su gestión. Es necesario recordar que gracias al DNU 267 de 2015, todas las licencias se renovaron automáticamente por cinco años. Esta acción congeló el acceso al espectro radioeléctrico y otorgó derechos y privilegios a actores que incumplen sistemáticamente obligaciones como licenciatario y derechos de los trabajadores. Además, se autorizaron transferencias entre empresarios que explotaron económicamente las frecuencias o canales de televisión con procesos poco claros de compra-venta.

El otorgamiento de licencias a tenedores de Permisos Precarios Provisorios de radios FM (otorgados desde el año 1989 en los principales centros urbanos del país) sería una gran noticia para el descontrolado sector de la radio si existiese un plan técnico de frecuencias. Como esto último no existe, el proceso de regularización de PPPs incumple con la obligación que establece la ley de reservar el 33% de las frecuencias al sector sin fin de lucro. Además, de las 47 licencias otorgadas por este proceso hasta mayo de 2019 ninguna fue para cooperativas o asociaciones civiles.

El otorgamiento de licencias no es el único aspecto donde el Enacom está en deuda con el sector comunitario. Los fondos de fomento (FOMECA) establecidos por ley cuentan con grandes retrasos en su ejecución. Según Giudici, “al finalizar 2019 se habrá otorgado fondos por más de $450 millones”. Los datos muestran que a mayo de 2019 el Enacom había otorgado en tres años y medio de gestión un total de 192 millones de pesos a medios comunitarios por concursos FOMECA. En lo que resta del año, debería duplicar su inversión en tres años para alcanzar el monto anunciado. Además, en 2016 el fondo sufrió una parálisis total al repartir solo 9 millones de pesos y en 2018 se produjo otro freno marcado con solo 30 millones. El programa lleva un atraso en su ejecución muy marcada: a junio de 2019 quedan por pagarse algunas de las líneas de 2017, todavía no se cerraron las de 2018 y no hay novedades de convocatoria para las de 2019. Por otra parte, la subejecución de estos fondos destinados por ley al sector es una constante desde 2013 que se profundiza desde 2015. Si se evalúan y comparan los montos en dólares, se puede verificar el fuerte proceso devaluatorio de los montos otorgados.

Y dado que la titular del ente gubernamental considera que estos medios “tienen una especial importancia para la vida democrática y deben funcionar como garantía de la inclusión de todas las voces”, sería bueno que apoye a Barricada TV y Pares TV en su pelea para que los principales cableoperadores (Telecentro y Cablevisión) las sumen a sus grillas como marca la ley. Pero, en este caso por omisión, el Enacom de Giudici se hace el distraído.

Por último, Giudici también destaca normas de protección para la industria audiovisual nacional cuando lo que se hizo fue reponer las pre-existentes a la sanción del DNU 267 de 2015 (incluso con mayores flexibilizaciones). La funcionaria olvida que gracias a la flexibilización de las obligaciones y condiciones para establecer cadenas de repetidoras de radio y televisión se atentó contra la producción regional y local de contenidos. Del mismo modo, el tratamiento de “cuotas de producción local”, “cuotas de catálogo” y pago de tasas (no impuestos como el IVA) a servicios como Spotify o Netflix aún está pendiente.

Con este panorama, el gobierno de Macri muestra numerosas falencias y retrocesos en materia de libertad de expresión que deberían ser corregidos por las autoridades competentes en la materia. Su cooptación política por parte del oficialismo no hace más que demostrar la continuación de históricos problemas para resolver cuestiones nodales de un sector que no funciona y posterga, cada día más, el interés público de los argentinos.