Blanqueando despidos

La insistencia del gobierno en impulsar por tercer año consecutivo un proyecto de “blanqueo” de trabajadores no registrados podría interpretarse ingenuamente como la demostración del compromiso de Cambiemos en el combate contra la informalidad laboral.

 

Con indicadores que rozan el 50% del empleo privado, está clara la entidad de un problema que genera trabajadores de segunda, sin cobertura de salud, ni de riesgos del trabajo y a los que tampoco se les realizan aportes jubilatorios ni se encuentran amparados por los pisos salariales de los convenios colectivos.

 

A partir de ese alarmante cuadro el gobierno decidió aplicar una receta conocida: el “blanqueo”. Podríamos definirlo como un mecanismo de incentivos de distinto calibre por el que se promueve que quien no cumplió con sus obligaciones legales en tiempo y forma, lo haga ahora ante la nueva oportunidad que le otorga el estado.

 

El nuevo Proyecto del Senador Basualdo denominado de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral”, repite los incentivos que contemplaban los proyectos oficialistas de 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional, baja del REPSAL, perdón de todas las multas por emplear trabajadores “en negro” y una inédita condonación total de deudas por aportes y contribuciones evadidas a la seguridad social junto con la exención de contribuciones futuras por 2 años respecto de los trabajadores “blanqueados”.

 

Desde la óptica del trabajador, se limita el reconocimiento a los fines previsionales de un máximo de 60 meses (aunque su antigüedad “en negro” fuera mayor) y con el tope salarial del promedio del básico de la actividad sin ningún adicional, lo que implica no solo una irrealidad sino una evidente desproporción entre los beneficios reconocidos a una y otra parte.

 

Está claro que el proyecto es cuestionable (y mucho) por lo que dice y que he intentado sintetizar en los párrafos anteriores, pero sin dudas lo más criticable es lo que no dice.

 

Pero hagamos un breve análisis contextual…

 

La gestión del presidente Macri no puede mostrar un solo indicador social positivo en sus tres años y medio de gestión. En particular, en el orden laboral, han crecido los índices de desempleo hasta superar los dos dígitos, se ha incrementado en tres puntos porcentuales la informalidad alcanzado un 35%, ha bajado la calidad del empleo formal que ha migrado al formato del cuentapropismo forzoso y de subsistencia y más del 55% de la población económicamente activa presenta algún problema de empleo.

 

Mientras el presidente ratifica y reivindica públicamente éste como “el camino correcto”, compromete reformas laborales y previsionales con el FMI y nos invita a seguir remando, se han perdido en los últimos doce meses 250.000 puestos de trabajo, computando solamente el trabajo “en blanco”.

 

Esta realidad es una foto del hoy y que quieren proyectar hacia el futuro como “el único camino” que propone Cambiemos: la continuidad de la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la informalidad y la precarización laboral.

 

¿Qué es entonces lo que el gobierno “omite” en su proyecto?

 

•          No aborda la problemática de fondo del trabajo informal que es la existencia un circuito económico informal equivalente. No es posible pagarle el salario “en negro” al 50% de los trabajadores del sector privadosi no hay una economía en negro de iguales dimensiones. ¿O acaso el gobierno cree que el salario de un trabajador de un taller clandestino se paga con criptomonedas?

 

•          No contiene ningún mecanismo que impida que aquellos trabajadores regularizados, con un perdón total de deudas previsionales, sean despedidos al día siguiente.

 

La primera conclusión es que se pone en evidencia la superficialidad y poca seriedad del proyecto para abordar la tremenda problemática que enuncia su ambicioso título… mucho ruido y pocas nueces.

 

Pero la verdadera trampa, la que va a generar mayores perjuicios a la comunidad, es que el proyecto está en realidad pensado para licuar deudas previsionales y eliminar las barreras legales que limitan el despido de un trabajador informal en vez de para lograr su blanqueo y el acceso a la seguridad social.

 

La omisión no es ingenua sino la herramienta necesaria y funcional para “el camino correcto” del ajuste, el desempleo y la pobreza.

 

Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El dirigente radical Gabriel Abrile logró que su alfil, Daniel Frangie, sea el nuevo defensor del Pueblo de Río Cuarto.

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