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Desgastado, Maduro prueba la resiliencia del chavismo en su hora más adversa

La coyuntura no podría ser peor. Autoritarismo, crisis humanitaria, escasez, depresión económica, hiperinflación, éxodo aluvional y hostilidad externa.
Por 10/01/2019 14:27

Nicolás Maduro asumió este jueves en Venezuela su segundo mandato, que debería llegar al lejano 2025, en medio de una crisis económica, social, política, demográfica e internacional de proporciones colosales, algo que pondrá a prueba más que nunca la resistencia del chavismo.

Justamente la suma de esos factores adversos hace que el horizonte de seis años de la nueva administración resulte un albur, pese a que propios y ajenos le reconocen a ese movimiento una resiliencia asombrosa.

 

 

El próximo 2 de febrero se cumplirán veinte años de la asunción de Hugo Chávez. Desde entonces, tanto él como su “hijo” político, Maduro, atravesaron una sucesión asombrosa de dificultades, cuyo simple repaso genera asombro y una pregunta: ¿cómo es que el régimen todavía se sostiene?

Los años felices del chavismo, en los que acumuló logros económicos, avances sociales, poder interno y prestigio en la izquierda internacional, fueron los del lustro (y algo más) que comenzó en 2003, cuando los misterios de la economía lo llevaron a manejar una cuantiosa caja generada por los súper precios del petróleo y los de la política internacional, a disfrutar de la compañía de aliados como Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner, entre otros que se sumarían luego en la región.

No es que el camino hasta esa etapa haya estado libre de acechanzas, como lo fueron el golpe de 2002 contra Chávez y la huelga de PDVSA, la petrolera nacional y generadora de más del 90% de los ingresos de divisas de Venezuela, de fines de ese año y comienzos de 2003. También, más tarde, la derrota del “comandante” en el referendo constitucional de 2007. Sin embargo, fuera de esas pruebas, el viento externo le sopló fuerte de cola a Venezuela como a todos los países emergentes.

Entre 2009 y 2010, la situación cambió drásticamente y el chavismo debió arreglárselas para sobrevivir a la declinación de los precios de la energía, variable de la que, tras veinte años de gestión, el país sigue dependiendo, sin que nunca se haya cumplido con la consigna lanzada en 1936 por Arturo Uslar Pietri de “sembrar el petróleo”.

En 2013, la muerte del fundador significó la amenaza máxima, con un gobierno que recayó en las manos de un Maduro que de ninguna manera daba la talla del fundador de la llamada en su momento “revolución bonita”.

 

 

El dedo de Chávez le permitió al ex conductor de autobuses del metro de Caracas, ex sindicalista y ex canciller imponerse en las elecciones de ese año. Pero esas fueron las últimas que, por debajo de lo aparente, ganó Chávez, aun muerto, dada la omnipresencia de su figura y lo reciente del trauma de su desaparición en la campaña.

No sorprendió que desde entonces el régimen atravesara sus peores momentos, pero lo que sí llama la atención es que se las haya arreglado, una vez más, para sobrevivir.

Los groseros errores de gestión, el desmadre económico y el giro autoritario del régimen fueron equiparados por la deriva de una oposición que nunca encontró la vía al poder, ni a través de las urnas ni a través de intentonas insurreccionales.

Cuando se unió, se organizó y se animó a dar pelea, consiguió un triunfo histórico en las elecciones de 2015 para la Asamblea Nacional (la AN), el parlamento unicameral del país. Pero la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pecó de ingenua frente a un régimen que tenía “atada” a Venezuela en todas sus dimensiones, desde los poderes territoriales -tanto municipales como estaduales- hasta el Poder Judicial, pasando, claro, por la Fuerza Armada y por buena parte del sistema de medios.

Cuando la AN emitió una ley de amnistía en favor de políticos como Leopoldo López y otros, detenidos por su rol en una campaña insurreccional bautizada “La Salida”, de sangriento desenlace, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaró inconstitucional con argumentos endebles. El chavismo madurista, entonces, convirtió en 2016 a los políticos presos en presos políticos y desnudó su condición autoritaria.

La puja entre poderes llevó a que el TSJ oficialista terminara por declarar inválidas todas las decisiones de la AN. La persecución de opositores y la proscripción de candidatos, por acusaciones de corrupción, y de partidos, por esquemas polémicos de validación de afiliados, escaló, así como la partida al exilio de dirigentes, jueces y fiscales.

Con Donald Trump en la Casa Blanca y con Mauricio Macri en la Rosada, la presión internacional fue en aumento, con un crescendo de sanciones. En la región, el ALBA quedó como único apoyo al madurismo, mientras que países como Uruguay pasaron del respaldo a la distancia, motivaciones de no injerencia mediante.

 

 

El caos económico les abrió las puertas de Venezuela a dos garantes extra regionales, China y Rusia, que aportaron créditos, inversiones y comercio.

 

 

Con el supuesto interés de salir del impasse institucional, Maduro convocó en 2017 a la elección de una Asamblea Constituyente, un proceso que marcó un hito en la ruptura de buena parte de la comunidad internacional con Venezuela debido a las condiciones en las que se desarrolló el proceso. A las proscripciones y al uso de un nuevo documento, el “carnet de la patria”, denunciado como un modo de presionar por contener el resumen de las ayudas sociales que recibe cada uno de sus titulares, se sumó un método de votación sin precedentes. En paralelo al tradicional, basado en el sufragio de los ciudadanos habilitados, se habilitó otro con criterios sectoriales y territoriales, que daba a algunos venezolanos la posibilidad de votar más de una vez. El principio “un ciudadano, un voto”, pilar de las democracias occidentales, murió en la Venezuela madurista.

La oposición, ya fatalmente desarticulada, optó por el boicot, lo que dejó al nuevo cuerpo totalmente en manos oficialistas.

La Constituyente, mayormente desconocida a nivel internacional, asumió poderes soberanos y directamente desactivó a la Asamblea Nacional. Además, anticipó los comicios presidenciales para mayo del año pasado y, otra vez, la ausencia del grueso de la oposición permitió un triunfo de Maduro con casi el 68% de los votos, contra el 20% del opositor “institucionalista” y ex chavista Henri Falcón, que se quedó con menos del 21%. La nota de los comicios, con todo, la dio la abstención, que, según discutidos datos oficiales, llegó al 55%, más del doble que lo habitual.

El resto es historia conocida. El desabastecimiento de productos básicos, desde alimentos hasta medicamentos, se volvió dramático; la inflación se hizo híper y cerró el año pasado, según datos privados, en 1.698.488% (el Banco Central hace casi tres años que no difunde el índice); y Venezuela protagonizó el mayor proceso de expulsión de población de la historia en la región.

Lo que hasta hace algunos años era una salida de ciudadanos motivada por factores políticos y por la  falta de oportunidades económicas, se convirtió a partir de 2015 en un éxodo desbocado, motivado por razones humanitarias básicas. Solo en 2018 la ACNUR (organización de la ONU para los refugiados) dio cuenta de la salida de Venezuela de un promedio de 5.500 personas por día, esto es más de 2 millones en el año.

Se calcula que los exiliados ya son casi 4 millones, una enormidad en relación con una población que en 2017 era de 31 millones.

En tanto, la economía se desplomará este año un 8%, según el Banco Mundial, completando cinco años de retracción. El país, literalmente, se deshace en una depresión económica: el PBI cayó 16,5% en 2016, 14,5% en 2017 y 18% el año pasado.

Así las cosas, ¿qué saldo virtuoso de la revolución bolivariana queda por defender?

El rechazo internacional al madurismo hoy arrecia, tanto por los excesos autoritarios y el desastre humanitario que produjo como por motivos menos nobles, ideológicos y de disputa geopolítica entre Estados Unidos, por un lado, y China y Rusia por el otro.

La llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil se sumó fuerza al bloque anti chavista, 13 de los 14 miembros del Grupo de Lima acaban de desconocer el segundo mandato del “hijo de Chávez” y ONG como Human Rights Watch denuncian esquemas extendidos de represión y torturas. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, se apresuró este jueves, tras la jura, a anunciar la ruptura formal de relaciones con Caracas.

 

 

Cuando se habla de Venezuela, la prensa brasileña hoy pregunta a los funcionarios por las chances de una acción militar conjunta con Estados Unidos que patee de una vez el avispero. Este es el clima con el que comienza el madurismo 2.0.

Si el chavismo se ha caracterizado por su resiliencia, en los próximos años deberá hacer uso de esa capacidad más que nunca. Todo le sopla en contra. Especialmente sus propias miserias.

Desgastado, Maduro prueba la resiliencia del chavismo en su hora más adversa

La coyuntura no podría ser peor. Autoritarismo, crisis humanitaria, escasez, depresión económica, hiperinflación, éxodo aluvional y hostilidad externa.

Nicolás Maduro asumió este jueves en Venezuela su segundo mandato, que debería llegar al lejano 2025, en medio de una crisis económica, social, política, demográfica e internacional de proporciones colosales, algo que pondrá a prueba más que nunca la resistencia del chavismo.

Justamente la suma de esos factores adversos hace que el horizonte de seis años de la nueva administración resulte un albur, pese a que propios y ajenos le reconocen a ese movimiento una resiliencia asombrosa.

 

 

El próximo 2 de febrero se cumplirán veinte años de la asunción de Hugo Chávez. Desde entonces, tanto él como su “hijo” político, Maduro, atravesaron una sucesión asombrosa de dificultades, cuyo simple repaso genera asombro y una pregunta: ¿cómo es que el régimen todavía se sostiene?

Los años felices del chavismo, en los que acumuló logros económicos, avances sociales, poder interno y prestigio en la izquierda internacional, fueron los del lustro (y algo más) que comenzó en 2003, cuando los misterios de la economía lo llevaron a manejar una cuantiosa caja generada por los súper precios del petróleo y los de la política internacional, a disfrutar de la compañía de aliados como Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner, entre otros que se sumarían luego en la región.

No es que el camino hasta esa etapa haya estado libre de acechanzas, como lo fueron el golpe de 2002 contra Chávez y la huelga de PDVSA, la petrolera nacional y generadora de más del 90% de los ingresos de divisas de Venezuela, de fines de ese año y comienzos de 2003. También, más tarde, la derrota del “comandante” en el referendo constitucional de 2007. Sin embargo, fuera de esas pruebas, el viento externo le sopló fuerte de cola a Venezuela como a todos los países emergentes.

Entre 2009 y 2010, la situación cambió drásticamente y el chavismo debió arreglárselas para sobrevivir a la declinación de los precios de la energía, variable de la que, tras veinte años de gestión, el país sigue dependiendo, sin que nunca se haya cumplido con la consigna lanzada en 1936 por Arturo Uslar Pietri de “sembrar el petróleo”.

En 2013, la muerte del fundador significó la amenaza máxima, con un gobierno que recayó en las manos de un Maduro que de ninguna manera daba la talla del fundador de la llamada en su momento “revolución bonita”.

 

 

El dedo de Chávez le permitió al ex conductor de autobuses del metro de Caracas, ex sindicalista y ex canciller imponerse en las elecciones de ese año. Pero esas fueron las últimas que, por debajo de lo aparente, ganó Chávez, aun muerto, dada la omnipresencia de su figura y lo reciente del trauma de su desaparición en la campaña.

No sorprendió que desde entonces el régimen atravesara sus peores momentos, pero lo que sí llama la atención es que se las haya arreglado, una vez más, para sobrevivir.

Los groseros errores de gestión, el desmadre económico y el giro autoritario del régimen fueron equiparados por la deriva de una oposición que nunca encontró la vía al poder, ni a través de las urnas ni a través de intentonas insurreccionales.

Cuando se unió, se organizó y se animó a dar pelea, consiguió un triunfo histórico en las elecciones de 2015 para la Asamblea Nacional (la AN), el parlamento unicameral del país. Pero la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pecó de ingenua frente a un régimen que tenía “atada” a Venezuela en todas sus dimensiones, desde los poderes territoriales -tanto municipales como estaduales- hasta el Poder Judicial, pasando, claro, por la Fuerza Armada y por buena parte del sistema de medios.

Cuando la AN emitió una ley de amnistía en favor de políticos como Leopoldo López y otros, detenidos por su rol en una campaña insurreccional bautizada “La Salida”, de sangriento desenlace, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaró inconstitucional con argumentos endebles. El chavismo madurista, entonces, convirtió en 2016 a los políticos presos en presos políticos y desnudó su condición autoritaria.

La puja entre poderes llevó a que el TSJ oficialista terminara por declarar inválidas todas las decisiones de la AN. La persecución de opositores y la proscripción de candidatos, por acusaciones de corrupción, y de partidos, por esquemas polémicos de validación de afiliados, escaló, así como la partida al exilio de dirigentes, jueces y fiscales.

Con Donald Trump en la Casa Blanca y con Mauricio Macri en la Rosada, la presión internacional fue en aumento, con un crescendo de sanciones. En la región, el ALBA quedó como único apoyo al madurismo, mientras que países como Uruguay pasaron del respaldo a la distancia, motivaciones de no injerencia mediante.

 

 

El caos económico les abrió las puertas de Venezuela a dos garantes extra regionales, China y Rusia, que aportaron créditos, inversiones y comercio.

 

 

Con el supuesto interés de salir del impasse institucional, Maduro convocó en 2017 a la elección de una Asamblea Constituyente, un proceso que marcó un hito en la ruptura de buena parte de la comunidad internacional con Venezuela debido a las condiciones en las que se desarrolló el proceso. A las proscripciones y al uso de un nuevo documento, el “carnet de la patria”, denunciado como un modo de presionar por contener el resumen de las ayudas sociales que recibe cada uno de sus titulares, se sumó un método de votación sin precedentes. En paralelo al tradicional, basado en el sufragio de los ciudadanos habilitados, se habilitó otro con criterios sectoriales y territoriales, que daba a algunos venezolanos la posibilidad de votar más de una vez. El principio “un ciudadano, un voto”, pilar de las democracias occidentales, murió en la Venezuela madurista.

La oposición, ya fatalmente desarticulada, optó por el boicot, lo que dejó al nuevo cuerpo totalmente en manos oficialistas.

La Constituyente, mayormente desconocida a nivel internacional, asumió poderes soberanos y directamente desactivó a la Asamblea Nacional. Además, anticipó los comicios presidenciales para mayo del año pasado y, otra vez, la ausencia del grueso de la oposición permitió un triunfo de Maduro con casi el 68% de los votos, contra el 20% del opositor “institucionalista” y ex chavista Henri Falcón, que se quedó con menos del 21%. La nota de los comicios, con todo, la dio la abstención, que, según discutidos datos oficiales, llegó al 55%, más del doble que lo habitual.

El resto es historia conocida. El desabastecimiento de productos básicos, desde alimentos hasta medicamentos, se volvió dramático; la inflación se hizo híper y cerró el año pasado, según datos privados, en 1.698.488% (el Banco Central hace casi tres años que no difunde el índice); y Venezuela protagonizó el mayor proceso de expulsión de población de la historia en la región.

Lo que hasta hace algunos años era una salida de ciudadanos motivada por factores políticos y por la  falta de oportunidades económicas, se convirtió a partir de 2015 en un éxodo desbocado, motivado por razones humanitarias básicas. Solo en 2018 la ACNUR (organización de la ONU para los refugiados) dio cuenta de la salida de Venezuela de un promedio de 5.500 personas por día, esto es más de 2 millones en el año.

Se calcula que los exiliados ya son casi 4 millones, una enormidad en relación con una población que en 2017 era de 31 millones.

En tanto, la economía se desplomará este año un 8%, según el Banco Mundial, completando cinco años de retracción. El país, literalmente, se deshace en una depresión económica: el PBI cayó 16,5% en 2016, 14,5% en 2017 y 18% el año pasado.

Así las cosas, ¿qué saldo virtuoso de la revolución bolivariana queda por defender?

El rechazo internacional al madurismo hoy arrecia, tanto por los excesos autoritarios y el desastre humanitario que produjo como por motivos menos nobles, ideológicos y de disputa geopolítica entre Estados Unidos, por un lado, y China y Rusia por el otro.

La llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil se sumó fuerza al bloque anti chavista, 13 de los 14 miembros del Grupo de Lima acaban de desconocer el segundo mandato del “hijo de Chávez” y ONG como Human Rights Watch denuncian esquemas extendidos de represión y torturas. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, se apresuró este jueves, tras la jura, a anunciar la ruptura formal de relaciones con Caracas.

 

 

Cuando se habla de Venezuela, la prensa brasileña hoy pregunta a los funcionarios por las chances de una acción militar conjunta con Estados Unidos que patee de una vez el avispero. Este es el clima con el que comienza el madurismo 2.0.

Si el chavismo se ha caracterizado por su resiliencia, en los próximos años deberá hacer uso de esa capacidad más que nunca. Todo le sopla en contra. Especialmente sus propias miserias.